UE advierte: ‘queda mucho por hacer’ para quitar tarjeta amarilla en pesca a Panamá

EXCLUSIVA: La Unión Europea (UE) mantiene a Panamá como país no cooperador en la lucha contra la pesca ilegal desde 2019. Un reciente informe revela los pendientes que quedan por resolver y su grave situación.

El 90% de las pesquerías del mundo está sobreexplotada, las operaciones pesqueras legales y sostenibles son esenciales para mantener la integridad de los recursos.
29 de agosto, 2022 | 06:00 AM

Ciudad de Panamá — La Unión Europea, que mantiene a Panamá desde 2019 con una tarjeta amarilla, el código que aplica a las naciones no colaboradoras en la lucha contra la pesca ilegal, manifestó a las autoridades panameñas el mes pasado, tras una auditoría, que es “extremadamente urgente” abordar las deficiencias para combatir esta actividad y calificó la situación del país como “muy seria”.

Esta situación arriesga miles de empleos y una potencial pérdida de recursos, así como expone al país canalero a sanciones adicionales en el ámbito comercial por no desalentar la sexta actividad ilícita con los mayores ingresos en el mundo, entre $15 mil y $36 mil millones anuales, según un informe de la organización Global Financial Integrity. La pesca ilegal representa una gran amenaza a la pesca sostenible, daños al medio ambiente marino, afectaciones socio económicas a las comunidades costeras.

“Se ha vuelto extremadamente urgente abordar las lagunas del sistema de lucha contra la pesca ilegal no declarada y no reglamentada (INDNR). Han pasado más de dos años desde la adopción de la Decisión de pre identificación de Panamá como país no cooperante en la lucha contra la pesca INDNR en diciembre de 2019 (la llamada “tarjeta amarilla”). Y aún queda mucho por hacer”, se lee en el informe de la Dirección General de Asuntos Marítimos y de Pesca (DG Mare) de la Unión Europea dirigido a las autoridades panameñas posterior a la auditoría efectuada al país del 13 al 17 de junio pasado.

Esa misión, en la que las autoridades europeas se reunieron con sus pares panameños, tuvo como objetivo evaluar los avances del país en aras de salir de la tarjeta amarilla, evitar la roja o pasar a la verde en el mejor de los casos.

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El riesgo de una escalada, es decir, que la UE saque una tarjeta roja a Panamá, implicaría un embargo a las exportaciones del mar por parte del segundo mercado más importante para los panameños, lo que afectaría más de 25.000 empleos.

La comunicación se dirige a Flor Torrijos, administradora general de la Autoridad de los Recursos Acuáticos de Panamá (Arap).dfd

Se trata de un documento que evidencia los cambios que debe efectuar Panamá y cuyos reportes de avance deben ser entregados a más tardar el 15 de enero de 2023.

El país canalero es el único que tiene por segunda vez una tarjeta amarilla entre un total de 99 naciones con tarjeta amarilla y tres con roja, según explicó en una pasada entrevista el embajador de la Unión Europea en Panamá, Chris Hoornaert en junio.

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El informe, compartido en exclusiva con Bloomberg Línea, tiene fecha de 15 de julio de 2022 y subraya “que la Comisión Europea (CE) considera que la situación en Panamá es muy grave, ya que Panamá no parece estar aún en condiciones de cumplir con sus obligaciones en virtud del derecho internacional como Estado de pabellón, puerto, costa y mercado”.

En tanto, al comparar este último reporte con el del 2021 se aprecia que el país con la mayor flota del mundo, con 8.653 buques abanderados que representan el 16% del mercado internacional, mantiene exactamente las mismas deficiencias.

Fallos sistémicos

El reporte identifica entre las “cuestiones pendientes que son motivo de grave preocupación inmediata” la débil aplicación de la ley de pesca.

“La responsabilidad de aplicar y hacer cumplir la política de pesca INDNR recae en Panamá y su gobierno y las acciones erróneas cometidas por funcionarios públicos no pueden ser una justificación para los fallos sistémicos en la lucha contra la pesca INDNR”, señala.

Se cuestiona la cooperación interinstitucional y con terceros países por no ser “eficaz” para evitar todos los casos de pesca INDNR, debido a que el personal que gestiona y controla la flota no es proporcional a su tamaño.

Anota la persistencia de “lagunas en el seguimiento y vigilanciaa la flota internacional de Panamá, que debe efectuar tanto la Autoridad de los Recursos Acuáticos de Panamá (Arap) como la Autoridad Marítima de Panamá (AMP).

También registra que faltan observadores para la flota de larga distancia y fallas en la certificación de la trazabilidad de las capturas para garantizar la exactitud de las cantidades y especies declaradas en los certificados de estas.

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De igual manera, se menciona como falencia la “solidez de los procedimientos de inspección de los buques extranjeros”.

“Los productos panameños han demostrado su calidad y precios competitivos en el mercado europeo. Nuestro trabajo está encaminado a mantener esa importante plaza abierta”

Cancillería de Panamá

Precisamente, una investigación periodística de Bloomberg Línea y Mongabay evidenció la falta de transparencia en los procedimientos de inspección, cuya información se negó a entregar la AMP con el respaldo de la Autoridad Nacional de Transparencia (Antai), así como también como empresas, en su mayoría extranjeras y Chinas que utilizaban la bandera panameña pese a no navegar en la región y estaban ligadas a actividades de pesca ilegal.

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A FONDO: Panamá, una bandera de conveniencia para la pesca ilegal y el descontrol en altamar

El reporte de la DG Mare, que lleva la firma de la directora general, Charlina Vitcheva, acoge con satisfacción el “compromiso político” del país en esta materia, pero resalta que “debe traducirse en resultados concretos para abordar las deficiencias restantes y garantizar que Panamá cumpla con sus obligaciones internacionales en la lucha contra la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada”.

La Dirección General de Asuntos Marítimos y Pesca resalta que hace más de dos años Panamá recibió la tarjeta amarilla y aún queda mucho por hacer.dfd

Se trabaja de forma ardua: gobierno panameño

Respecto a las conclusiones de este informe de la DG Mare, el Ministerio de Relaciones Exteriores respondió que forma parte de la Comisión Interinstitucional que aborda este asunto pero que la comunicación es directa entre las contrapartes técnicas.

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“Los documentos que compartimos con la contraparte europea se elaboran en el marco de la buena voluntad y la colaboración, con el objetivo de alcanzar una meta común. Es de nuestro mutuo interés como socios comerciales y aliados políticos, ya que recientemente firmamos un Memorando de Entendimiento, reforzar nuestras relaciones a todos los niveles y compartir estándares”, indicó la Cancillería a Bloomberg Línea.

Agregó que el país está “trabajando activamente en los últimos dos años y medio” al respecto, que la actual administración constituyó “la Comisión Interinstitucional” para desalentar la pesca ilegal y que Panamá ha reiterado que está “trabajando activa y arduamente” para alcanzar los estándares internacionales, según el plan de acción que el mismo país se ha impuesto.

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¿Cómo afectan las apreciaciones del segundo mayor mercado para las exportaciones del mar de Panamá?, consultó Bloomberg Línea y compartió fotos del documento con dicho ministerio.

“Los productos panameños han demostrado su calidad y precios competitivos en el mercado europeo. Nuestro trabajo está encaminado a mantener esa importante plaza abierta”, respondió la Cancillería panameña.

El informe está dirigido a Flor Torrijos, administradora general de la Arap, con copia al ministro de Desarrollo Agropecuario, Augusto Valderrama, embajadores y personal del Ministerio de Relaciones Exteriores y al director General de Marina Mercante de la AMP, Rafael Cigarruista.

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La Arap y la AMP son las dos entidades principales responsables de trabajar para que el país se le elimine esta tarjeta amarilla. La Arap es la que otorga la licencia de pesca a los buques y la AMP la patente de navegación.

"Me gustaría recibir sus comentarios sobre estas conclusiones y el seguimiento que se dará a las recomendaciones, incluyendo el calendario de aplicación, antes del 15 de enero 2023 a más tardar".dfd

‘Vara bien alta para Panamá’

Luego de cuestionar que el documento de la UE hubiese sido compartido con Bloomberg Línea (e inclusive en determinado momento su validez), Torrijos accedió a dar su punto de vista sobre la evaluación de la Comisión Europea y el plazo que da para que haya una respuesta del gobierno panameño.

“La Unión Europea va a venir nuevamente en el primer trimestre del año 2023″, dijo Torrijos.

Flor Torrijos Oro, administradora general de la Autoridad de los Recursos Acuáticos de Panamá (Arap)dfd

Al consultarle las falencias detectadas por la CE y la razón por la que son los mismos que los de 2021, lo cual pareciera que Panamá no ha tenido avance, Torrijos confirmó los detalles del informe:

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“Los puntos siempre van a ser los mismos porque se trata de un plan de trabajo que tiene ocho puntos: la ley de pesca, apoyo con terceros países, la reglamentación de la ley de pesca, una serie de cosas que van sistemáticamente siempre van a estar, la trazabilidad, certificado de captura, todo eso siempre va a ser auditado y por ende siempre va a estar en el reporte…”, dijo la funcionaria.

Al preguntarle sobre la opinión de la UE de que Panamá pareciera no tener intención de cumplir con el derecho internacional como estado pabellón de puerto, Torrijos refirió que Panamá se suma a los esfuerzos contra la pesca ilegal y que “la Unión Europea está exigiendo y está poniendo la vara bien alta incluso más alta de la que se le se pone a ellos mismos”.

La reglamentación de la Ley de Pesca de Panamá, y las multas de la ley panameña, son superiores a los de cualquier país de la UE. “Es una presión alta (...) ellos nos ven a nosotros como un país clave en la lucha contra la pesca ilegal y si nosotros logramos llegar a ese estándar tan alto que ellos nos están exigiendo” todo Centroamérica y Suramérica tendrá que elevar los estándares, acotó Torrijos.

Este bloque de países es el segundo mercado de Panamá para las exportaciones del mar. El país canalero podría ser sancionado por la UE y sufrir el embargo a sus exportaciones de mariscos.dfd

¿Última oportunidad?

Torrijos comparó la situación que tiene Panamá con la de Ecuador, que también tiene una tarjeta amarilla por parte de la UE, que ha tenido visitas y avisos (con algunos meses de diferencia). En este sentido, la funcionaria afirmó que Panamá está “mucho mejor de lo que estábamos en el 2014 por decir algo, cuando nos dieron una tarjeta”.

“Panamá es el único país al que le han puesto la tarjeta [amarilla] dos veces”, resaltó Torrijos, agregando que no se trata solo de generar una nueva ley o procesos.

“Nosotros tenemos que tener registros de que todo está en cumplimiento de manera interinstitucional y eso es lo que se viene a ver en la próxima auditoría. Si ellos están satisfechos nos cierran las auditorías, si no van a volver a venir”, añadió.

Por ejemplo, mencionó que tal como se expone en los anexos y detalles del reporte que la UE cuestiona los arreglos de pago para las multas internacionales.

Optimismo estatal

¿Cuáles serían las alternativas y consecuencias de Panamá de no haber completado los puntos para la fecha establecida, al 15 de enero 2023?, preguntó Bloomberg Línea a Yavel Francis Lanuza, embajadora de Panamá ante el Reino de Bélgica, a la viceministra de Relaciones Exteriores Marta Elida Gordón así como también al embajador Alonso Young y Tomas Guardia, Director General de Conferencias y Organismos Internacionales, todos copiados en el informe de la DG Mare de la CE.

La Comisión interinstitucional tiene el mandato de acelerar las medidas relacionadas con las recomendaciones de la Unión Europea y la propuesta del país acordada con el bloque europeo, por lo que el diálogo se ha mantenido dentro de la colaboración. “El plan de trabajo avanza. Este es un esfuerzo de país y todos los sectores vinculados con la actividad pesquera están asumiendo su responsabilidad. Tenemos motivos para ser optimistas”, contestó por su parte la Cancillería desde su dirección de prensa.

Bloomberg Línea también se comunicó con Charlina Vitcheka, autora del informe de la DG Mare, así como con servidores de la Comisión Europea y les consultó respecto a los posibles escenarios tras la próxima evaluación. Es decir, si se exigiría el cumplimiento total de las correcciones del informe para evitar la pesca ilegal o si con avances sería suficiente para evitar una sanción y obtener la tarjeta verde, entre otras consultas, pero no respondieron la pregunta en específico.

“El contenido de los diálogos sobre pesca INDNR establecidos entre la Comisión Europea y terceros países en virtud del Reglamento (CE) nº 1005/2008 del Consejo es confidencial, con el objetivo principal de preservar la confianza mutua. La Comisión Europea no tiene derecho a revelar esta información”, contestó la oficial de prensa de la Comisión en asuntos de pesca.

“El objetivo de la UE es apoyar a los países con los que mantenemos diálogos sobre pesca INDNR para que adapten sus sistemas de control de la pesca a las normas internacionales y les ayuden a cumplir sus obligaciones como Estado costero, de pabellón, de puerto y de mercado”, agregó la comunicación institucional europea.

“¿Qué pasa si Panamá no mejora su situación?”

“Desde el levantamiento de la primera tarjeta amarilla en octubre de 2014 y las insuficientes acciones de implementación han llevado a la segunda preidentificación de hoy. La Comisión evaluará los avances en la aplicación de las medidas para subsanar las deficiencias detectadas en los próximos 6 meses”, indica la sección de preguntas y respuestas del portal de la Comisión Europea, en una comunicación con fecha de diciembre de 2019, la más reciente del tema.

“La Comisión espera que los problemas a los que se enfrenta Panamá puedan resolverse mediante el diálogo y la cooperación. Como último recurso, la Comisión puede considerar la posibilidad de proceder a su identificación (tarjeta roja) y a su inclusión en la lista, con medidas comerciales (prohibición de las importaciones de productos pesqueros de Panamá) si el país no cumple sus deberes según el derecho internacional y no adopta medidas correctoras”, añade la sección de preguntas y respuestas publicadas en 2019. Transcurridos tres años estas medidas aún están en evaluación.

“A mí me parece que sería imposible que nosotros no cumplamos con todo, porque tenemos todas las personas, tenemos todo el equipo para hacer, o sea, nosotros no podemos fallar, es imposible, o sea, todo el mundo está trabajando hacia la meta”, concluyó Torrijos.

No se pierda más detalles de este informe en la próxima entrega de Bloomberg Línea.