:quality(75)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/bloomberglinea/LA7KGTUFYRAZJGJZE6GPFMMBAQ.jpg "Demonstrators hold illuminated signs during a rally supporting the Deferred Action for Childhood Arrivals program (DACA), or the Dream Act, outside the U.S. Capitol building in Washington, D.C.")
Casi tres de cada diez jóvenes inmigrantes protegidos por el programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA) no poseen seguro médico y por los gastos que enfrentan no pueden acceder a la atención médica.
Los datos fueron revelados por NBC News de acuerdo a un informe del National Immigration Law Center, grupo sin fines de lucro que dio cuenta que este fenómeno alcanza al 27% de los beneficiarios de DACA, es decir unos 157.000 personas de los 580.000 adultos jóvenes que no tienen estatus legal en EE.UU.
Sin embargo, hace tan solo dos años, la tasa de personas pertenecientes a DACA sin seguro eran del 34%.
“La última encuesta se realizó cuando todavía estábamos en medio de la pandemia, por lo que creemos que las tendencias económicas han mejorado desde entonces... Esto probablemente significa que hay más beneficiarios de DACA que están empleados y, por lo tanto, tienen acceso a la atención médica” a través de sus empleadores, dijo Kica Matos, presidente del Centro Nacional de Leyes de Inmigración.
El informe revela que el 57% de los beneficiarios de DACA consultados cree que no tiene derecho a obtener un seguro de salud por su estatus migratorio, y el 51% no tiene conocimiento de opciones de cobertura asequibles para ellos.
Los beneficiarios de DACA contribuyen con un estimado de US$6,2 millones en impuestos federales cada año. A pesar de ello, si estas personas pierden su trabajo y, con ello, su seguro médico, no pueden recurrir a los programas federales médicos que son solo para quienes tienen estatus migratorio legal.
En el banquillo
Una corte federal del sur de Texas celebrará este jueves una nueva audiencia para debatir el futuro del programa humanitario, el cual en 2018, fue demandado por una coalición de nueve estados gobernados por republicanos.
El alegato de los demandantes indicaba que el programa es ilegal debido a que el gobierno de Barack Obama cambió partes de la ley de inmigración sin la autorización del Congreso y que el Ejecutivo violó la Ley de Procedimiento Administrativo (APA) al no publicar los cambios previamente en el Registro Federal y esperar el comentario del público.
En las manos del juez Andrew S.Hanen, se encuentra el futuro del programa y el destino de más de 500.000 personas amparadas de la deportación y que cuentan con un permiso de trabajo renovable cada dos años.
Los abogados de Mexican American Legal Defense and Education Fund (MALDEF) entregarán a la Corte nuevos argumentos sobre la legalidad de DACA y la corrección de los errores a través del nuevo programa que entró en vigor el 1 de octubre del año pasado con los mismos requisitos y regulaciones que el original de 2012.
El presidente Joe Biden, por su parte, propuso una regla que ampliaría el acceso a la cobertura de atención médica para los beneficiarios de DACA. La propuesta exige que se modifique la definición de “presencia legal” para incluirlos a los fines de la cobertura de Medicaid y la Ley del Cuidado de Salud a Bajo Precio.
