La destrucción de una represa por parte de Rusia es un nuevo crimen de guerra

En cierto modo, esto lo dice todo: Justo cuando los ucranianos parecen lanzar por fin su largamente esperada contraofensiva contra los invasores rusos, estos últimos se adelantan a los primeros con otro crimen de guerra. Han volado una enorme presa que bloquea el Dnipro. Las aguas inundarán varios pueblos y quizá una ciudad. El ataque probablemente también pondrá fuera de servicio una central hidroeléctrica. Incluso puede poner en peligro la refrigeración de la central nuclear de Zaporizhzhia, río arriba.

¿Es juego limpio? Hay diferentes maneras de responder a esta pregunta, ninguna de ellas satisfactoria. Se puede empezar por la lógica interna o la ilógica de la guerra, la larga historia de estas tácticas o el derecho internacional. Pero, independientemente de cómo se consideren estos detonadores rusos, son difícilmente comparables a las explosiones de presas llevadas a cabo por los británicos de 1943.

Aquellos hechos -en lo que se llamó Operación Chastise, más tarde heroizada en la gran pantalla- luchaban en una guerra mundial contra el Tercer Reich, que había iniciado el conflicto invadiendo gran parte del continente. Así que los británicos intentaron derribar las presas de los ríos de la principal zona industrial de Alemania y las fábricas que alimentaban la maquinaria de guerra nazi. Murieron más de mil civiles, mientras que el valor estratégico de Chastise sigue siendo objeto de debate. Moral y legalmente, sin embargo, la operación puede justificarse en el contexto de la guerra y el Holocausto que se libraban en aquel momento.

Especialmente en lugares definidos por ríos, como Ucrania y su Dnipro, la manipulación de las aguas de las inundaciones siempre ha sido popular como táctica. En Mesopotamia (la tierra “entre ríos”), Ciro el Grande tomó Babilonia en una noche desviando el Éufrates. Diecisiete siglos más tarde, el conquistador mongol Hulagu utilizó las aguas de crecida del Tigris para obtener la victoria allí. Más de siete siglos después de nuevo, en la década de 1980, los iraníes bombardearon presas iraquíes. El último en atacarlas ha sido el Estado Islámico.

El peor ataque moderno a una presa lo lanzó el bando defensor en su propio país. En 1938, los nacionalistas chinos que luchaban contra los invasores japoneses volaron los diques que contenían el río Amarillo. Cientos de miles de civiles murieron ahogados o sin agua potable ni refugio. La brecha ralentizó el avance japonés, pero no lo detuvo.

Los estadounidenses bombardearon presas en Corea del Norte y Vietnam del Norte, por ejemplo, y volvieron a hacerlo en Siria en 2017. Como arma, el agua es tan obvia como aterradora.

Pero, ¿es ética o incluso legal? Como siempre que intervienen abogados, esa pregunta conduce a frustrantes atolladeros de letra pequeña. Las respuestas más antiguas proceden del llamado derecho internacional consuetudinario, que se deriva de las prácticas establecidas entre los Estados más que de las palabras escritas en los tratados. Reconoce que bombardear presas puede ser lícito (como en el caso de la Operación Chastise, en mi opinión) cuando los objetivos tienen importancia militar, siempre que las consecuencias para los civiles sean “proporcionadas”.

Los primeros tratados internacionales que se ocuparon de los ataques contra presas fueron los Protocolos Adicionales a los Convenios de Ginebra, adoptados en 1977. En ellos se estipula que “las presas, los diques y las centrales eléctricas nucleares no serán objeto de ataque, ni siquiera cuando esos objetos sean objetivos militares, si tal ataque puede causar la liberación de fuerzas peligrosas y las consiguientes pérdidas graves entre la población civil”.

Nótese la reveladora fusión de agua de inundación y radiación nuclear en el protocolo. Estos dos escenarios infernales tienen mucho en común, en el sentido de que un beligerante puede derribar un objetivo de ambigua relevancia militar -la presa del Dnipro o la central nuclear de Zaporizhzhia- y matar, dañar y aterrorizar a un gran número de civiles en las proximidades. En ese sentido, las presas y las centrales nucleares son objetivos perfectos para los menos escrupulosos.

Ese sería el presidente ruso Vladimir Putin. A lo largo de su asalto asesino a Ucrania, ha amenazado con convertir la central nuclear de Zaporizhzhia en un segundo Chernóbil, o incluso con lanzar armas nucleares. Leerle las sutilezas de las Convenciones de Ginebra (de las que Rusia es signataria) es como cantarle Kumbaya a Sauron. Razón de más para que Ucrania le derrote y Occidente le ayude.

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