:quality(75)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/bloomberglinea/O74QUA6X5FB6JNU7QC77KAVVFE.jpg "Inmigrantes")
Bloomberg — El alcalde de la ciudad de Nueva York, Eric Adams, lleva tiempo advirtiendo de un “apocalipsis fiscal” de US$12.000 millones, al tiempo que la ciudad lidia con el creciente costo de atender a decenas de miles de solicitantes de asilo.
El destino de ese dinero es ahora objeto de escrutinio.
La ciudad de Nueva York ha firmado más de US$4.000 millones en contratos relacionados con la crisis migratoria en virtud de normas de emergencia adoptadas el año pasado que les permiten eludir un proceso de licitación competitivo, según documentos vistos por Bloomberg. Los funcionarios electos quieren saber si los contribuyentes están obteniendo el mejor trato.
Un comité de supervisión del Ayuntamiento tiene previsto celebrar una audiencia el jueves para cuestionar algunos de los 196 acuerdos realizados por la ciudad. Menos del 2% de ellos utilizaron un proceso de licitación, según un borrador de informe obtenido por Bloomberg. Entre sus preocupaciones figuran las empresas de seguridad privada, así como contratos de gran cuantía concedidos a empresas de Texas y Florida.
El escrutinio se produce mientras la administración Adams planea recortes presupuestarios para compensar el costo de la atención a los migrantes, que tiene un precio diario estimado de US$383 por familia. Más de 113.300 personas han llegado en el último año y medio, y 59.900 estaban bajo el cuidado de la ciudad hasta el 10 de septiembre.
Los contratos vistos por Bloomberg News muestran que la ciudad está pagando a los proveedores sin ánimo de lucro y a los hoteles una amplia variedad de tarifas por los hoteles, que van desde los US$120 por noche hasta casi US$400 en algunos casos.
:quality(75)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/bloomberglinea/SOWVZQYD4BHIXA3KU3IGCBAWEY.jpg "NYC está pagando a hoteles más de lo que suelen cobrar para alojar migrantes")
Según el borrador de su informe, el grupo consideró que las disparidades sólo podían explicarse en parte por la diferencia de servicios prestados en los distintos lugares. La gran diferencia “sugiere que el Ayuntamiento no está ejerciendo eficazmente su poder de negociación” en los contratos de precios con los hoteles, dijo el comité.
Tarifas por alojar a migrantes
La concejala Gale Brewer, que preside el comité, dijo que tiene preguntas concretas sobre el contrato de US$140 millones del ayuntamiento con Arrow Security, que presta servicios de seguridad privada en varios de los hoteles utilizados para alojar a inmigrantes.
Una copia de los contratos muestra que los guardias menos experimentados de la empresa cobran una tarifa mínima de US$33,81 la hora, bastante más alta que la media de un guardia de seguridad privada y, en algunos casos, más de lo que gana un agente de policía, dijo Brewer en una entrevista. Un representante de Arrow Security no respondió a una solicitud de comentarios.
“Gracias a nuestra autoridad de contratación de emergencia, ni una sola familia con niños se ha visto obligada a dormir en la calle”, dijo la portavoz del Ayuntamiento, Kayla Mamelak. “Siempre acogemos con satisfacción una colaboración con el Ayuntamiento para identificar eficiencias que puedan ayudarnos a encontrar formas más rentables de atender a esta población y trasladarla a una vivienda permanente”.
La crisis ha tensado las finanzas de la ciudad y su relación con el gobierno federal. El alcalde, que ha arremetido contra el presidente Joe Biden por no ayudar lo suficiente, anunció recientemente un plan para recortar el 15% del presupuesto a fin de que la ciudad pueda hacer frente a los gastos relacionados con los emigrantes.
Cuando las autoridades de la ciudad declararon el estado de emergencia en agosto de 2022, permitieron a la administración de Adams saltarse las normas normales de contratación para prestar rápidamente servicios a los migrantes. Un año después, la ciudad ha empezado a modificar los contratos para ampliarlos varios años en el futuro, sin que se vislumbre un final claro para la afluencia de migrantes a la ciudad.
Según la comisión, se supone que casi todos los 196 contratos relacionados con los migrantes se firmaron en el marco de los procesos de contratación de emergencia. Ese proceso prescinde de la típica supervisión que garantiza que la ciudad obtiene precios competitivos. La comisión descubrió que sólo tres de los contratos se hicieron mediante una oferta o propuesta competitiva sellada.
Los investigadores del Consejo descubrieron también que la mayor parte del gasto en emigrantes (unos US$2.200 millones en contratos) se canaliza a través de la New York City Health and Hospitals Corp. una organización sin ánimo de lucro gestionada por la ciudad que opera con mayor independencia financiera y más opacidad que una agencia municipal.
“Casi el 40% de los proveedores que prestaban servicios a los solicitantes de asilo también habían prestado servicios durante la emergencia por Covid-19”, lo que plantea la cuestión de si la ciudad simplemente “adjudicó muchos contratos de emergencia a proveedores preexistentes de una emergencia anterior, en lugar de buscar potencialmente nuevas empresas más adecuadas para abordar las distintas necesidades de esta crisis tan diferente”, dice el borrador del informe.
El contrato de US$432 millones de la ciudad con la empresa de personal médico DocGo ha sido objeto de especial escrutinio tras un informe del New York Times que cuestionaba la eficacia con que la empresa prestaba servicios a los migrantes.
:quality(75)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/bloomberglinea/THDJ4XKLQ5BGLPVZJ2REMPTS6E.jpg "Por qué Nueva York está enviando migrantes latinos a Canadá")
“Puede que estuvieran cualificados para prestar asistencia sanitaria”, dijo Brewer sobre DocGo. “Pero, ¿están cualificados para gestionar casos? Hacen transporte en autobús, hacen gestión de casos, hacen de todo”, afirmó Brewer.
El CEO de la empresa, Anthony Capone, dimitió la semana pasada después de que el Albany Times-Union informara de que había adornado su currículum. El interventor municipal Brad Lander, que ha planteado repetidamente dudas sobre las estimaciones de costes del alcalde para la atención a inmigrantes, anunció recientemente su negativa a registrar formalmente el contrato de DocGo con la ciudad, alegando “serias dudas sobre la selección de este proveedor y su cumplimiento de las obligaciones contractuales.”
DocGo no respondió inmediatamente a una solicitud de comentarios.
Tanto Lander como los miembros del Ayuntamiento se han preguntado si la ciudad debería dejar de tratar la crisis de los inmigrantes como una emergencia y volver a los procesos normales de contratación.
“Después de 18 meses, ya no se trata de una situación inesperada que merezca la suspensión generalizada de los procesos de diligencia debida para garantizar que los fondos municipales se gastan con prudencia e integridad”, declaró Lander.
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