Bloomberg Línea — La posible adjudicación de la operación de Sacha, el campo petrolero más productivo de Ecuador, a un consorcio chino-canadiense, seguramente continuará generando debate en la opinión pública a un mes de la segunda vuelta electoral. Para quienes se oponen a la decisión, este campo es la “joya de la corona” de crudo en el país, pero el Gobierno asegura que se trata de una “joya oxidada” y carente de recursos para ser lo que algún día fue.
Aunque el petróleo es el principal producto de exportación ecuatoriano, seguido relativamente cerca por los camarones, lo cierto es que solo comenzó a serlo hasta el 26 de junio de 1972, cuando iniciaron las operaciones del Sistema de Oleoducto Transecuatoriano (Sote), y el 4 de julio de ese mismo año, fecha en que Sacha empezó a producir crudo, durante el Gobierno militar de Guillermo Rodríguez Lara.
Pese a que Sacha posicionó a Ecuador como un exportador de petróleo en el continente, lo cierto es que su producción no ha estado exenta de altibajos, razón por la cual más de un gobernante ha buscado ceder su operación a compañías extranjeras o, en su defecto, crear compañías mixtas para potenciarla. Ese fue el caso de Rafael Correa, Lenín Moreno y Guillermo Lasso.
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Este campo, situado en Orellana, una provincia en la selva amazónica, llegó a generar 76.980 barriles diarios en 2024, equivalente al 16% de la producción petrolera en Ecuador y el 20% de este hidrocarburo explotado por Petroecuador, su propietaria.
Más allá de las bondades de Sacha, “el único campo que ha demostrado un aumento significativo en su producción gracias a la inversión estatal, alcanzando los 77.000 barriles diarios”, según la Asociación Nacional de Trabajadores de las Empresas de la Energía y el Petróleo de Ecuador (ANTEP), el Estado no cuenta con los recursos necesarios para incrementar su rendimiento, según el Gobierno del presidente Daniel Noboa, que buscará su reelección presidencial el 13 de abril.
La producción de Sacha incrementó de 63.000 barriles diarios en 2021 a 77.000 barriles diarios en 2024 gracias a la inyección financiera de la compañía china Sinopec, encargada de perforar nuevos pozos.
En ese contexto, el Gobierno busca conceder la operación a Sinopetrol, un consorcio del que hacen parte Sinopec y la canadiense New Stratus Energy, a través de un contrato de participación por delegación directa durante 20 años, en los cuales la producción aumentaría hasta 100.000 barriles diarios.
“Mucho se ha dicho de Sacha que es la joya de la corona, pero lamento decirles que es una corona oxidada”, comentó la ministra de Energía, Inés Manzano. Pero, ¿a qué se refiere? Según ella, a los “riesgos de catástrofe” por cuenta de falencias de infraestructura develados en una auditoría.
¿Por qué el proyecto genera resistencia?
Entre quienes se oponen al proyecto sobresale ANTEP, que mediante un comunicado de prensa afirmó que la concesión de la operación de Sacha a Sinopetrol es una “estafa disfrazada de buenas intenciones”, puesto que el Estado solo recibiría entre 12,5% y un máximo del 26,5% de la producción generada, dependiendo del West Texas Intermediate (WTI), un punto de referencia para la fijación del precio del petróleo.
El contraste, el viceministro de Hidrocarburos, Guillermo Ferreira, explicó que el Estado recibiría, mínimo, el 19% de la producción, con base en las negociaciones adelantadas con Sinopetrol.
“En el reglamento codificado de aplicación para la Ley de Hidrocarburos existen puntos descritos: cuando el precio estuviese en US$30 por barril o por debajo, el Estado recibiría, según el reglamento, 12,5% del volumen de crudo que se produzca en el campo. En la negociación no llegamos a ese punto, sino con un punto de 19 %”.
Ahora bien, en caso de que el petróleo supere los US$120 por barril, el Estado tendría una participación superior al 20%, que podría llegar al 26,5% del valor del crudo que produzca Sacha.
A las 12:30 del 7 de marzo, el precio del barril de crudo con base en el WTI era de US$67,3.
Ferreira, además, comentó que Sinopetrol deberá pagar por el uso del Sote para transportar el crudo. “Al final, cuando se paguen impuestos, comercialización, el Estado con ese volumen de crudo va a recibir 82% de beneficio que genera el campo”, expuso.
A ello se suman los US$1.500 millones que Sinopetrol deberá desembolsar como prima por la adjudicación del contrato, pago para el que tiene como plazo las 21:00 horas del 11 de marzo, conforme con el presidente Daniel Noboa.
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“La negociación para la exploración del campo Sacha se mantiene, ya que las condiciones que conseguimos están a la altura de lo que ustedes se merecen: US$1.500 millones como prima, destinados a su seguridad, a su bolsillo, a su salud, a su bienestar. Son US$1.500 millones para inversión social: la Policía, Fuerzas Armadas, créditos, bonos, y medicina”, sustentó el mandatario a los ecuatorianos.
Aunque el Ministerio de Energía y Minas aseguró que en el proceso de adjudicación participaron compañías como Kuwait Petroleum Company, Bahreïn Petroleum Company, Saudi ARAMCO, Abu Dhabi National Oil Company y Ecopetrol de Colombia, la ANTEP lo descartó.
“No existen registros oficiales de estas ofertas en el acuerdo ministerial, lo que genera serias dudas sobre la transparencia del proceso”, argumentó la asociación.
La Asamblea Nacional y la UNE se suman al rechazo
A las críticas contra la concesión se añadió la Comisión de Fiscalización y Control Político de la Asamblea Nacional, que el 7 de marzo aseguró que Petroecuador se negó a entregar informes jurídicos, técnicos y económicos que justifiquen la conveniencia de ceder la operación de Sacha a un tercero, solicitados el pasado 21 de febrero.
“La documentación requerida debía ser entregada en un plazo máximo de 10 días (...). La opacidad en torno a este proceso solo incrementa sospechas sobre posibles irregularidades y pone en duda el compromiso del Gobierno con la defensa del interés nacional”, planteó la comisión a través de un comunicado.
La bancada legislativa de la Revolución Ciudadana también reparó en el proceso de adjudicación de Sacha a Sinopetrol, denunciando los presuntos delitos de tráfico de influencias y peculado ante la Fiscalía.
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Lo mismo hizo la Unión Nacional de Educadores (UNE), solo que no ante la Fiscalía, sino ingresando una acción de protección en la Unidad Judicial de la Familia de Quito.
“Desde la UNE rechazamos enérgicamente la entrega de nuestro patrimonio nacional y denunciamos el saqueo de los recursos estratégicos del Ecuador, producto de un Gobierno servil a los intereses del Fondo Monetario Internacional (FMI), el sector privado y las organizaciones imperialistas”, manifestó.
