:quality(75)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/bloomberglinea/ZVUDPI33TRCSXEUDM6YIDURB7A.jpg "Bloomberg Línea")
Este miércoles, la Corte Constitucional admitió el trámite de juicio político contra el presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, por la causal de peculado. Eso quiere decir que ahora el proceso deberá seguir su curso en la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional.
La decisión se adoptó con seis votos a favor de los nueve integrantes del organismo constitucional. El trámite podría terminar con la destitución y censura del primer mandatario.
:quality(75)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/bloomberglinea/XDFF6RKAEQ33BWVCZH75QMUVFY.jpg "Bonos de Ecuador enfrentan volatilidad a espera de juicio político a Lasso")
El pedido de juicio político fue presentado por asambleístas del correísmo, socialcristianos y de Pachakutik bajo la acusación de concusión y peculado contra el mandatario; concusión por presuntamente tener conocimiento de una aparente de red de corrupción en las empresas públicas y peculado por un tema relacionado con el transporte de petróleo, pero la Corte aceptó únicamente la interpelación por peculado.
La Asamblea Nacional de Ecuador presentó oficialmente el jueves 16 de marzo el pedido de juicio político contra el mandatario, y la moción contó con 59 firmas a favor para convocar el juicio.
:quality(75)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/bloomberglinea/5VFBQGSKBRB7XBZ5YGNERCZV2A.png "Gustavo Petro apoyó a Guillermo Lasso mientras avanza el juicio político")
Ante la situación, la administración de Lasso ha dicho que la demanda en su contra “carece totalmente de elementos políticos y jurídicos que permitan sustentar un proceso en contra del Primer Mandatario, teniendo como único objetivo atentar contra la institucionalidad del Estado ecuatoriano y la democracia misma”.
En Ecuador, es la Corte Constitucional la que debe aprobar o desestimar el juicio político. Si la instancia anterior se cumple, como sucede en este caso, la Constitución Política señala que la Asamblea Nacional, que es unicameral, tiene 72 horas para “resolver motivadamente” la solicitud, con base en las pruebas de descargo presentadas. Ahora si la Asamblea quiere censurar o destituir al presidente, serán necesarios 92 votos, o las dos terceras partes del pleno.
