La ley de inversiones enfrenta resistencias en Ecuador, ¿se aprobará?

Al momento, el proyecto cuenta con apenas 45 votos asegurados de los 70 que necesita en el Legislativo para ser aprobado

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QUITO — La aprobación de la Ley de Inversiones aún es incierta. Si bien el segundo y último debate en el Legislativo está planificado para las 08:00 de hoy, 22 de marzo, la iniciativa aún no cuenta con los votos necesarios (70) para ser aprobada, por lo que se prevé que la votación ocurra el jueves 24 de marzo. Al menos ese era el escenario hasta la tarde de ayer.

Los únicos legisladores que declararon abiertamente que apoyarán la normativa son los de la Bancada de Integración Nacional (BAN), que suman 30, y los del Partido Social Cristiano, que suman 15. Es decir, existen apenas 45 votos asegurados de los 137 que componen la Asamblea Nacional.

La bancada de UNES, que tiene 48 legisladores ha adelantado que no respaldará el proyecto del Ejecutivo, al igual que Pachakutik, que cuenta con 25 parlamentarios; mientras que la Izquierda Democrática (15) no ha expresado una postura clara, al igual que los independientes (19).

“Nosotros no apoyaríamos este proyecto de la Ley de Inversiones porque creemos que le están metiendo al pueblo ‘gato por liebre’, so pretexto del beneficio del ciudadano ecuatoriano lo que tratan de hacer es una privatización camuflada de las instituciones públicas del Estado”, dijo el asambleísta de UNES Ronny Aleaga en declaraciones a la prensa.

Mientras que el coordinador de la ID, Marlon Cadena, indicó que el apoyo de su bancada a la ley aún está en debate. “Nos preocupa muchísimo que este proyecto no va a apoyar la creación de empleos… la definición exacta de no apoyar u abstenernos aún está en discusión”. Sin embargo, después el partido emitió un comunicado señalando que no apoyarán la ley.

De su lado, Esteban Torres, del PSC, apuntó que “la ley no es mala” y que únicamente “necesita de precisiones, correcciones y mejoras”. Indicó, además, que su bloque presentó observaciones al informe para segundo debate que fueron acogidas, por lo que respaldarán el proyecto.

Aunque la convocatoria para conocer la ley y votarla está hecha para hoy, la sesión podría extenderse, aunque no mucho, pues el plazo vence el jueves 24 de marzo. Si hasta ese día los legisladores no acuerdan su aprobación, negativa o archivo, el cuerpo legal entraría en vigencia por el Ministerio de la Ley, es decir, tal cual la envió el presidente Guillermo Lasso, sin modificaciones.

El oficialista Juan Fernando Flores, citado por diario El Universo, manifestó que la idea es que el Pleno de la legislatura debata hoy la propuesta de informe para segundo debate y luego el texto regrese a la Comisión de Desarrollo Económico “para recoger las observaciones” y finalmente “el jueves sea sometido a votación”, el mismo día que Ecuador define su clasificación al Mundial.

Mientras que el portavoz del Gobierno, Carlos Jijón, sostuvo que quienes no voten por la Ley de Inversiones en esta semana deberán “responder ante la historia”

El Gobierno aspira con la Ley Orgánica para la Atracción de Inversiones, Fortalecimiento del Mercado de Valores y Transformación Digital atraer inversión extranjera facilitando las inversiones público-privadas, promoviendo el desarrollo de zonas francas e impulsando el mercado de valores. Para ello cuenta con un portafolio de inversiones de US$ 30.000 millones.

SOBRE LA LEY

El contenido el proyecto se clasifica en tres libros:

(I) Inversión y Promoción de la Gestión Delegada y las Asociaciones Público-Privadas

(II) Rectoría en Transformación Digital

(III) Reformas en cuerpos legales varios

Los objetivos específicos de la normativa son:

  • Asegurar un marco regulatorio que acelere la inversión pública con participación privada.
  • Fomentar el desarrollo de inversiones creadoras de empleo en múltiples sectores de la economía.
  • Aumentar e impulsar la industrialización nacional y la oferta exportable.
  • Promover la inversión e innovación mediante la modernización, actualización y simplificación de trámites, proceso y trabas regulatorias.
  • Fomentar la adopción de tecnologías digitales en la prestación de servicios públicos y gestión de trámites administrativos.