San Pedro Sula — La Secretaría de Finanzas aseguró que, debido a las exoneraciones fiscales, el 38% de las 393 grandes empresas —aquellas con ingresos anuales superiores a los 500 millones de lempiras (HNL), US$20.4 millones— no pagan impuestos.
Al respecto, Rixi Moncada, secretaria de Finanzas, cuestionó que, ante la falta de rendición de cuentas, los beneficios fiscales no han sido auditados. Ante ello, el Gobierno revisará los incentivos otorgados durante la última década “como un esfuerzo por recuperar las finanzas públicas y la soberanía nacional en sus diversos ámbitos”.
En cifras, la serie de privilegios fiscales, entre fideicomisos y exoneraciones de duración indeterminada, representan más de 40.000 millones de lempiras, US$1.632 millones, de sacrificio anual, aseguró Finanzas.
Moncada agregó que a pesar de que los beneficios fiscales en Honduras están por cumplir medio siglo de existencia, con la puesta en marcha de las Zonas Libres (ZOLI) en 1976, a la fecha su impacto en la economía hondureña carece de evidencia, “son un modelo que habría sido otorgado para promover el desarrollo pero que claramente han fracasado, cuando el país refleja los indicadores socioeconómicos más bajos en la región”.
En contexto, el estudio del Grupo Banco Mundial “Diagnóstico del Sector Privado en Honduras” señaló que el país es el segundo más pobre del hemisferio occidental después de Haití, con casi uno de cada seis hondureños viviendo con menos de 1.90 dólares al día.
“Honduras necesita un régimen tributario más equitativo y eficiente para poder crecer y mejorar en nivel de vida de la población hondureña”, dijo Moncada.
La funcionaria recordó que en 2020, el régimen de ZOLI, que para ese entonces tenía 44 años de vigencia, tuvo una ampliación de 25 años adicionales mediante el decreto legislativo 08-2020. Al año siguiente, el régimen de Zonas Libres Turísticas (ZOLITUR) tuvo una ampliación por 15 años adicionales mediante el decreto legislativo 92-2021.
Recomendaciones del FMI
A inicios de semana, el Gobierno, a través del sitio web del Servicio de Administración de Rentas (SAR), compartió tres reportes de asistencia técnica que el Fondo Monetario Internacional (FMI) había hecho entre 2016 y 2018 referentes a los privilegios fiscales, pero que la administración pasada los había mantenido ocultos, denunció la administración actual.
El informe ‘Bases para la Evaluación de los Gastos Tributarios y sus Beneficios’, de 2016, establece que Honduras necesita para poder crecer un régimen tributario más equitativo y eficiente. “Un régimen tributario es insostenible si la mitad de los contribuyentes están exentos y la otra mitad debe tributar”.
El reporte de 2017, titulado ‘Pequeños Contribuyentes, Gastos Tributarios e Impuesto Mínimo’, indicó que un régimen tributario con tantas exenciones es insostenible e incontrolable.
Ante ello, el FMI recomendó avanzar en materia de transparencia y seguimiento de privilegios fiscales, lo cual requiere: implementar buenas prácticas en materia de tratamiento tributario de pequeños contribuyentes y la eliminación paulatina de exenciones en impuestos sobre venta y en combustibles.
Por último, la investigación de 2018, titulada ‘Gastos tributarios, Micro Simulación y Tratados para Evitar la Doble Tributación’, señaló que, a pesar de las recomendaciones emitidas en años anteriores, no hubo avances en la eliminación de exenciones del impuesto sobre ventas (ISV) ni de privilegios fiscales, tampoco en la medición de costos y beneficios, ni en el control al momento de la constitución de las empresas.
Reacción de la empresa privada
En conferencia de prensa, representantes del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), rechazaron las declaraciones en las que Moncada aseveró que el 38% de las grandes empresas no pagan ningún tipo de impuesto al Estado, al tiempo que las calificaron de irresponsables.
De acuerdo con la gremial, se debe entender que los incentivos y beneficios fiscales no contemplan la exoneración de la totalidad de la carga tributaria, en este sentido cada empresa debe cumplir con obligaciones materiales y formales contempladas en la legislación vigente.
“Son desatinadas las expresiones de algunos funcionarios del Gobierno, porque lejos de atraer las inversiones y que las empresas vengan o los empresarios nacionales quieran seguir invirtiendo, más bien parecieran que quieren alejarlas”, dijo Armando Urtecho, director ejecutivo del Cohep.
Según la institución que representa al sector privado de Honduras, el Gobierno confundió conceptos jurídicos y fiscales, al no hacer un análisis de forma separada de los incentivos fiscales, de los regímenes especiales fiscales, exoneraciones y exenciones.
Urtecho agregó que el Gobierno “no puede manchar el honor y el nombre de las empresas que han invertido en el país. No se le debe admitir a ningún funcionario”.
De acuerdo con el directivo, a pesar que el sector económico ha manifestado desde hace 15 años su anuencia de apoyar y participar en el proceso revisión y evaluación técnica de todos incentivos y beneficios fiscales del país, el gobierno pasado “nunca quiso revisar las exoneraciones fiscales, porque lo utilizan para dar sombrerazos a las empresas. Si no quieren darlas, que las quiten, pero que no insulten al sector privado, así no van a atraer inversiones, ni empleo productivo”.