Guatemala — Según la resolución 2-2022 del Ministerio de Relaciones Exteriores (Minex) publicada este 26 de octubre en el Diario de Centro América el plazo de la reserva de la información relacionada al ciberataque es por siete años.
El nombre de la autoridad responsable de su conservación es la Dirección General de la Cancillería del Ministerio de Relaciones Exteriores (Minex).
En el tema de la desclasificación de la información, establecieron que se hará conforme a la ley cuando finalice el plazo de la reserva, es decir, hasta el 2029 o bien cuando dejen de existir razones que fundamenten su clasificación o por resolución del órgano jurisdiccional o autoridad judicial competente.
El diputado del Congreso de la República de Guatemala, Bernardo Arévalo, comentó que, con relación a la reserva pareciera que quieren tapar el alcance del problema y es un tema que se encargarán de llevar a la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso de la República para fomentar una discusión, dijo a Bloomberg Línea.
Todos los documentos bajo reserva
Las bases para la resolución del Minex son el Artículo 30 de la Constitución Política de la República de Guatemala y los artículos 21, 23, 25 y 27 de la Ley del Acceso a la Información Pública, Decreto 57-2008 del Congreso de la República de Guatemala, que se detallan más adelante.
Por tanto, resolvieron, aparte de la declaración de la reserva por siete años, clasificar como reservada toda la información, comunicación, expediente, archivo o documentación relacionada con el incidente de intrusión tecnológica del Minex, por haberse puesto en conocimiento de las autoridades correspondientes dicho incidente y encontrarse el mismo bajo reserva.
Sin embargo, la información que fue filtrada por el grupo que se atribuyó el ciberataque llamado VSOP ya ha liberado el 8.52% como se puede observar en la siguiente imagen, quiere decir, que los documentos continúan publicándose y pueden descargarse desde el sitio en donde los están compartiendo.
El 6 de octubre del presente año, Bloomberg Línea recibió una llamada del Minex informando sobre la posibilidad de coordinar una entrevista para hablar sobre el tema del ciberataque, pero hasta el momento, no se volvió a tener un acercamiento, dejando claro con la resolución de este 26 de octubre, que ya no brindarán detalles dado que ahora la información quedó bajo reserva.
La resolución del Minex enfatiza que en tanto no finalice la investigación, en virtud que tener acceso a dicha información, entre otros, podría causar un serio perjuicio o daño a las actividades de investigación, prevención o persecución de los delitos, así como a la impartición de justicia.
Interponen amparo
Los diputados Andrea Villagrán, Román Castellanos y Bernardo Arévalo presentaron, el 19 de octubre pasado, un amparo ante la Corte Suprema de Justicia, con el objetivo de que el Minex desarrolle los mecanismos técnicos urgentes para proteger los datos que se encuentran en su sistema y evitar que sigan siendo vulnerables a penetraciones externas y como se sospecha en este caso que era para extorsionarlos.
“La preocupación no son solo los documentos que están solicitando servicios en las sedes consulares, sino que existe información que puede poner en riesgo la seguridad nacional en la medida que el Minex es uno de los encargados de protegerla”, resaltó el legislador.
Según los legisladores es inaceptable que los documentos de los connacionales que maneja el Minex no cuenten con la protección informática correspondiente.
Artículos en los que basaron la reserva
La publicación hace énfasis en el artículo 30 de la Constitución Política de la República de Guatemala, que refiere que todos los actos de la administración son públicos, los interesados pueden obtener, en cualquier tiempo, informes, copias, resoluciones, entre otros, salvo que se trate de asuntos militares o diplomáticos de seguridad nacional, o de datos suministrados por particulares bajo garantía de confidencia.
Luego, citan el artículo 38 de la Ley del Organismo Ejecutivo, Decreto 114-97 del Congreso de la República de Guatemala donde enfatiza que es el Ministerio de Relaciones Exteriores el encargado de la formulación de las políticas y aplicación del régimen jurídico relativo a las relaciones del Estado de Guatemala con otros Estados, personas e instituciones jurídicas de derecho internacional.
Por último, refieren artículos de la Ley de Acceso a la Información Pública, Decreto 57-2008 del Congreso de la República de Guatemala, tanto el 21, que establece que la información pública será limitada de acuerdo a la Constitución Política de la República de Guatemala, la que por disposición expresa de una ley sea considerada confidencial o clasificada.
También, menciona el artículo 23 de la misma ley, mencionada anteriormente, que se considera información reservada cuando la información que se difunda pueda causar prejuicios o daño a las actividades de investigación.
