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QUITO — Con 100 votos a favor, la Asamblea Nacional de Ecuador derogó la Ley Orgánica para el Desarrollo Económico y Sostenibilidad Fiscal tras la pandemia covid-19, más conocida como reforma tributaria que entró en vigencia a finales de noviembre de 2021 y cuya expectativa de recaudación era US$ 1.900 millones.
A pesar del pronunciamiento del Legislativo, el presidente Guillermo Lasso aún puede vetar la derogatoria y dejar sin efecto la decisión parlamentaria. Es decir, mantener la ley tal y como está.
¿De qué va la reforma tributaria?
El 29 de noviembre de 2021 fue publicada en el Registro Oficial del país la ley tributaria con la intención de procurarle mayores ingresos al fisco. El FMI había condicionado el desembolso de US$ 700 millones a emisión de la ley y, tras su aprobación, el dinero llegó a las arcas fiscales.
En ese momento, se había acordado con el Fondo una reforma que rinda alrededor de US$ 1.300 millones, pero tal como se aprobó la norma ese monto ascendió a casi US$ 1.900 millones. Esto se explica porque la ley entró en vigencia tal como la envió el presidente Guillermo Lasso luego de que el Legislativo no se pusiera de acuerdo para aprobarla o archivarla.
Según la normativa ecuatoriana, si una ley de carácter económico urgente no es tratada por la Asamblea Nacional en el lapso de 30 días, se expedirá como decreto con el texto original enviado por el Ejecutivo, y eso fue lo que ocurrió.
La base de la reforma contempla un incremento en la recaudación del impuesto a la renta personal y la introducción de impuestos temporales al patrimonio, tanto para empresas como para personas naturales.
De los US$ 1.900 millones proyectados, US$ 800 se planeaban recaudar en este año y alrededor de US$ 1.100 en 2023. Las empresas y las personas con más ingresos son las que más contribuirán pues, según el presidente Lasso, la reforma afecta únicamente al 3,4% de la población.
Lo que pasó hace un año
Políticamente, la puesta en marcha de la reforma fue difícil. En el 2021, el texto de Lasso no tuvo apoyo de ninguna de las bancadas legislativas, más allá de la suya propia, el partido conservador CREO. De allí el archivo de la propuesta era lo esperado, para lo cual la Asamblea debía contar con 70 de 137 votos, pero tampoco los consiguió. Debido a esta indecisión del parlamento, la reforma tributaria se publicó con el texto original enviado por el jefe de Estado.
Pero quienes evitaron sepultar la ley de Lasso fueron los legisladores de la bancada UNES, liderada por el expresidente Rafael Correa, opositor directo del actual mandatario. Al momento de la votación, los asambleístas correístas se ausentaron, y aquello se contabilizó como una abstención, dando así el beneplácito para que la norma entre en vigencia por el Ministerio de la Ley.