Bloomberg Línea — La Asamblea Legislativa de El Salvador aprobó el martes 17 de marzo una reforma al artículo 27 de la Constitución para permitir la imposición de penas de cadena perpetua.
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La medida propuesta por el Ejecutivo y respaldada con 59 votos, se aplicará exclusivamente a los delitos de homicidio, violación y terrorismo.
La modificación elimina la prohibición constitucional de las “penas perpetuas” que establecía el inciso segundo del artículo 27. El texto reformado especifica que “la pena perpetua solo se impondrá a los homicidas, los violadores y los terroristas”.
Para su entrada en vigor, la reforma debe ser ratificada por la Comisión Política y posteriormente se requieren ajustes al Código Penal, la Ley contra Actos de Terrorismo y la Ley Penal Juvenil para homologar las normativas secundarias.
La modificación constitucional fue solicitada por el presidente Nayib Bukele, a través del ministro de Seguridad Pública y Justicia, Gustavo Villatoro, quien argumentó que la iniciativa es necesaria para mantener la seguridad alcanzada tras la implementación del régimen de excepción, vigente desde marzo de 2022, y el Plan Control Territorial (PCT).
Por su parte, la diputada Suecy Callejas, del oficialista Nuevas Ideas, dijo que la reforma busca corregir “décadas de injusticias” contra las víctimas de las pandillas y garantizar que quienes cometieron estos crímenes no vuelvan a las calles. “Acá solamente hay dos opciones: Apoyas a las familias salvadoreñas o apoyas a los criminales”.
Derechos humanos
La aprobación de esta reforma se produce días después de la presentación de un informe del Grupo Internacional de Expertas y Expertos (GIPES) ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en el que reveló que las violaciones a los derechos humanos cometidas durante el estado de emergencia podrían constituir crímenes de lesa humanidad.
Frente a estas acusaciones y a los señalamientos de organizaciones de la sociedad civil, Bukele rechazó el contenido de los informes, calificando a las organizaciones y medios de comunicación como “pagadas por Open Society” en un mensaje en X.
El GIPES documentó casos de detenciones masivas, torturas y desapariciones forzadas, señalando que la política de seguridad ha venido acompañada de un desmantelamiento de las garantías democráticas y la separación de poderes.
Article 19 también alertó sobre el deterioro de la libertad de expresión, ubicando a El Salvador en el puesto 21 de 23 países en el Índice Chapultepec y reportando el exilio de periodistas.
