Bloomberg — La esposa del presidente del gobierno de España, Pedro Sánchez, ha sido acusada de tráfico de influencias y soborno.
El juez Juan Carlos Peinado imputó a Begoña Gómez tras una investigación penal de varios años que ha sacudido la política española, según una resolución publicada este lunes. Ahora deberá enfrentar un juicio.
El gobierno ha negado reiteradamente cualquier irregularidad por parte de Gómez.
Los cargos contra Gómez aumentan la presión política sobre Sánchez. Su gobierno minoritario, liderado por los socialistas, se ha visto sacudido por múltiples investigaciones por corrupción y denuncias de ataques con motivación política. Todo esto ocurre de cara a unas elecciones generales el próximo año, que sus adversarios probablemente aprovecharán.
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El gobierno está profundamente molesto, según un alto funcionario. Este señaló que el momento de la decisión —durante el viaje del presidente a China— fue deliberado.
Gómez se encuentra actualmente en China con Sánchez. El presidente inició una visita este lunes e instó a Pekín a utilizar su influencia global para ayudar a poner fin a las guerras en Irán y Ucrania.
Es probable que estos acontecimientos eclipsen la reunión de Sánchez con Xi Jinping el martes.
La investigación “ha avergonzado a muchos ciudadanos y a muchos jueces y magistrados de España”, dijo el ministro de Justicia, Félix Bolaños, tras la resolución, y agregó que el daño a la reputación del sistema judicial “en muchos aspectos será irreparable”.
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En 2024, Sánchez se tomó cinco días para considerar si dimitir después de que Gómez fuera formalmente investigada. Finalmente permaneció en el cargo, al afirmar que las acusaciones eran infundadas y tenían motivaciones políticas.
El caso surge de una denuncia presentada por un grupo anticorrupción con vínculos con la extrema derecha. La denuncia utiliza un mecanismo legal español que permite a terceros solicitar investigaciones penales.
El hermano del presidente del gobierno español también ha sido imputado en una investigación separada por presunto tráfico de influencias relacionado con su contratación por una administración regional. Él ha rechazado la investigación por considerarla políticamente motivada.
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