Bloomberg — El gobierno de Bolivia propone limitar la capacidad del poder ejecutivo para llevar a cabo expropiaciones y nacionalizaciones de inversiones privadas, en un intento por atraer capital a su economía en dificultades.
El gobierno del presidente Rodrigo Paz remitió el martes al Congreso un proyecto de ley que obligaría a los legisladores a aprobar cualquier expropiación o nacionalización mediante una ley de prioridad nacional, según declaró el ministro de Hacienda, José Gabriel Espinoza, en una retransmisión por Internet, sin dar más detalles sobre cómo se modificaría la legislación vigente.
“Los poderes ejecutivo y legislativo tendrían que ponerse de acuerdo para llevar a cabo algo como una nacionalización o una expropiación”, afirmó Espinoza. “Esto impone restricciones a cualquier discrecionalidad política”.
Bolivia ha atravesado varias oleadas de nacionalizaciones a lo largo de su historia, siendo la más reciente la llevada a cabo por el Movimiento Socialista (MAS), que gobernó el país sudamericano durante casi dos décadas hasta la elección de Paz en 2025. Los gobiernos anteriores impusieron restricciones legales, todas ellas desfavorables para la inversión extranjera o nacional. Esas políticas, junto con una mala gestión generalizada, contribuyeron a la actual crisis económica.
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Paz, quien se ganó el apoyo de antiguos votantes del MAS, basó su campaña en el “capitalismo para todos” y prometió un enfoque más favorable a la inversión como contrapeso a las políticas estatistas de los gobiernos anteriores.
Espinoza afirmó que el proyecto de ley garantizaría que cualquier medida de este tipo sea “una decisión del estado boliviano, y no de quienquiera que ocupe el poder en ese momento”.
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El proyecto de ley de inversiones es el primero de un paquete de leyes que se remitirá al Congreso y que tiene por objeto introducir cambios estructurales en el modelo económico del país. Se espera que le sigan un proyecto de ley sobre hidrocarburos y otro sobre colaboraciones público-privadas.
Ambos reconocerían el arbitraje nacional e internacional dentro de los límites constitucionales vigentes. Modificar esas restricciones requeriría demasiado tiempo y, además, retrasaría la urgente entrada de dólares que Bolivia necesita para reactivar su economía, señaló Espinoza.
El proyecto de ley de inversiones establece asimismo un sistema para prevenir y resolver controversias con los inversores antes de que den lugar a un arbitraje.
La Constitución de Bolivia, aprobada en 2009 durante el primer mandato del líder de izquierdas Evo Morales, restringe el arbitraje internacional en el sector de los hidrocarburos. El gobierno de Paz pretende ahora utilizar los contratos de asociación como vía para permitir dicho arbitraje en el sector energético y atraer inversiones sin necesidad de modificar la Constitución.
El proyecto de ley remitido al Congreso prevé contratos de inversión de interés público y asociaciones público-privadas en los casos que requieran capital privado.
Asimismo, prevé la creación de una Agencia Nacional de Inversiones, un organismo que coordinaría los esfuerzos nacionales y locales para crear mejores condiciones para la inversión, al tiempo que agilizaría los trámites burocráticos.
El gobierno de Paz considera la inversión privada como una herramienta estratégica para reducir la economía sumergida —que afecta a más del 80% de la población activa— mediante la creación de empleo, en un contexto en el que el sector público busca recortar el gasto y reducir el déficit fiscal.
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