Bloomberg — La fiscalía regional de Bolivia ordenó la detención de Evo Morales al acusar al expresidente de delitos relacionados con los 53 días de bloqueos de carreteras que paralizaron el país en protesta contra el actual gobierno.
El fiscal anticorrupción Brayan Melgar, del departamento de Santa Cruz, emitió el miércoles una orden de detención contra Morales, al atribuirle participación en delitos de levantamiento armado, terrorismo, ataques contra la infraestructura de transporte e incitación pública a cometer delitos.
La orden también incluye cargos por asociación ilícita y ataques contra los servicios públicos.
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Morales ya enfrentaba otra orden de detención por acusaciones de trata de personas y abuso sexual de menores que se remontan a su presidencia, entre 2006 y 2019. Hasta ahora, la policía no ha podido ejecutarla porque el controvertido líder socialista permanece oculto en la región del Chapare, en el departamento de Cochabamba, bajo la protección de miles de cultivadores de coca.
Santa Cruz fue uno de los departamentos más afectados por los bloqueos registrados durante mayo y junio, cuando los manifestantes exigían la renuncia del presidente Rodrigo Paz en medio del creciente descontento por su gestión de la economía. Las protestas comenzaron a perder fuerza después de que el gobierno decretó un estado de emergencia por tres meses el 20 de junio, suspendiendo algunos derechos individuales.
Morales respaldó públicamente los bloqueos organizados por la Central Sindical Nacional de Bolivia, una federación de agricultores de La Paz y sus simpatizantes. Sin embargo, ha negado cualquier participación en actos delictivos y sostiene que las exigencias de destituir a Paz eran exageradas.
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En una publicación en redes sociales el miércoles, Morales criticó con dureza la nueva orden de detención y la calificó como un intento de “ocultar el verdadero drama que está viviendo Bolivia: una profunda crisis económica y social” provocada por las medidas de austeridad y por un modelo económico “que ha abandonado al pueblo”.
La orden fue emitida después de que el Ministerio del Interior y el Comité Cívico de Santa Cruz —un grupo conservador que actuó como principal fuerza de oposición a Morales durante su presidencia— presentaran denuncias penales en su contra.
Varios de los líderes de las protestas que ayudaron a organizar los bloqueos han sido detenidos en las últimas semanas.
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