Bloomberg Línea — Las elecciones del 2026 en Colombia podrían marcar un antes y un después en el manejo de la política monetaria del país. Según quién sea el próximo presidente el Banco de la República podría pasar de ser un órgano autónomo a uno controlado por el poder Ejecutivo.
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En los planes de gobierno ninguno de los tres principales candidatos habla de reformar el Banco de la República, sin embargo, sí lo ha hecho la fuerza legislativa del Pacto Histórico, partido que respalda la candidatura de Iván Cepeda.
“El Banco de la República le quita al obrero y al pueblo colombiano, para darle a Luis Carlos Sarmiento Angulo, a los banqueros y al capitalismo financiero”, dijo Wilson Arias, reelecto senador por el movimiento de izquierda el pasado 8 de marzo.
Cepeda no se ha referido personalmente al rol del banco central colombiano, sin embargo, ha reposteado mensajes del presidente Gustavo Petro en los que critica las decisiones de política monetaria que ha tomado dicha autoridad.
El candidato de izquierda afín al presidente Petro ha reconocido que respalda un proceso constituyente, aunque tras las críticas que recibió por ello aseguró que no sería su plan inicial. “No es una prioridad una Asamblea Nacional Constituyente lo que debe ocurrir en el país es un acuerdo nacional sobre temas que son de carácter estratégico”, dijo el candidato del Pacto Histórico en entrevista con el periodista Daniel Coronell.
Hay que precisar que, si bien no habla abiertamente de eliminar la autonomía del Banco de la República, un proceso constituyente abre la puerta a redefinir el rol de la hoy autoridad monetaria, para concebirla como un actor sublevado al Ministerio de Hacienda.
En la actualidad la Junta del Banco de la República consta de 7 integrantes: Un gerente general, 5 codirectores de dedicación exclusiva y el ministro de Hacienda. Cada presidente puede reemplazar dos codirectores de la junta a mitad de su periodo de gobierno. El gerente por su parte es elegido por la propia Junta.
Defensa de la autonomía
Paloma Valencia, la que se perfila hoy como la más fuerte contrincante de Iván Cepeda ha hablado de defender al Banco de la República y evitar ataques que socavan su credibilidad.
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“Es muy grave que quieran desacreditar al Banco de la República”, dijo Valencia tras los dardos lanzados contra la autoridad desde la Casa de Nariño. Aseguró que “No se decide por capricho ni por intereses, se decide con criterios técnicos”, tras la determinación de subir las tasas de interés en su reunión de marzo y advirtió que “jugar con la economía termina golpeando a los más pobres”.
Este jueves la Junta se debe reunir nuevamente. La gran duda es si el ministro Germán Ávila se presentará o si, como anticipó un mes atrás “toma distancia”. La ley ordena que para poder sesionar y decidir, la Junta debe contar con la presencia del ministro, un hecho que está siendo estudiado por el Consejo de Estado.
Abelardo De la Espriella, el abogado penalista que, tras incursionar en la música, el comercio de licores y la industria de la moda, decidió lanzarse a la presidencia también ha hablado de defender al Banco de la República.
Luego de las críticas que recibió el presidente Petro por aumentar el salario mínimo en 23,7%, aseguró que debería ser el Banco de la República el que, en un futuro, adopte esa decisión.
“El aumento del ingreso de los colombianos siempre será una prioridad en mi gobierno, pero debe hacerse sin populismo, con un crecimiento fuerte y sostenido de la economía del país”, anunció el abogado y hoy candidato presidencial.
José Manuel Restrepo, fórmula vicepresidencial de De la Espriella, también salió a defender la autonomía del banco, aunque al hacerlo, hizo también un llamado para proteger a otras instituciones que han estado en el ojo del huracán por tomar decisiones inconvenientes para el Gobierno.
“Cuando se ataca al Consejo de Estado, a la Corte Constitucional, al Banco de la República, al Congreso, a los medios de comunicación, al Consejo Nacional Electoral, a la Registraduría, entre otros, no sólo se desafían las instituciones, sino se debilita la democracia y se erosionan los cimientos de la patria”, dijo Restrepo.
La primera vuelta de las elecciones presidenciales será el 31 de mayo, Petro no puede aspirar a la reelección y su candidato Cepeda figura como líder en intención de voto, no obstante, las encuestas varían mucho entre sí.
Invamer lo muestra a sólo 6 puntos porcentuales de obtener la victoria en primera vuelta, GAC 3, en cambio, lo ubica casi a 20 puntos, pero en ambas vence a sus contrincantes en una potencial segunda vuelta. La encuesta de Atlasintel es la única en la que Cepeda pierde, tanto con Valencia como con De la Espriella, aunque en primera vuelta, ambos son superados.
El proceso electoral del 2026 es el primer que se lleva a cabo bajo las condiciones aprobadas en la denominada “ley mordaza”, una norma creada en 2025 para endurecer las condiciones que deben cumplir las encuestadoras en Colombia.
La llamada “ley de encuestas” en Colombia regula cómo estas firmas deben diseñar, financiar y divulgar estudios de opinión —exigiendo transparencia en ficha técnica, fuentes de pago, tamaños de muestra y fechas de recolección— con el objetivo de dar mayor confiabilidad al debate público y evitar manipulación electoral.
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Quienes la respaldan destacan que eleva los estándares y protege a los ciudadanos de información engañosa, mientras que sus críticos advierten que puede restringir la frecuencia y oportunidad de las mediciones, aumentar costos y limitar la difusión de datos en momentos clave, afectando la libertad de información y la competencia entre encuestadoras.
Condiciones específicas para encuestadoras
- Las encuestas de intención de voto sólo se pueden hacer y divulgar desde tres meses antes del inicio de inscripción de candidaturas, eliminando mediciones en periodos tempranos.
- La ley distingue entre encuestas (con muestreo científico) y sondeos (no representativos), y prohíbe publicar sondeos sobre intención de voto si no cumplen estándares estadísticos.
- Ya no basta con datos básicos: ahora se deben entregar microdatos anonimizados, códigos de procesamiento, niveles de confiabilidad y detalles completos del diseño muestral.
- Las firmas deben entregar al CNE bases de datos, cuestionarios, grabaciones y metodología completa, y conservar todo por al menos dos años para posibles revisiones.
- Solo pueden operar personas jurídicas con experiencia comprobada, eliminando la posibilidad de que personas naturales publiquen encuestas.
- Se establece un órgano especializado dentro del CNE para vigilar y auditar técnicamente las encuestas, con expertos estadísticos.
- Se prohíbe que encuestadoras o sus directivos financien campañas políticas, buscando evitar conflictos de interés.
