Bloomberg — El Gobierno de Colombia está planeando un “impuesto sobre el patrimonio” para los activos corporativos con el fin de financiar la reconstrucción de una región devastada por las fuertes inundaciones de este año.
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El decreto de emergencia excluiría a las pequeñas y medianas empresas, y sólo se aplicaría a las empresas con activos netos superiores a unos COP$10 000 millones (2,7 millones de dólares), según declaró el ministro de Hacienda, Germán Ávila, durante una reunión del gabinete televisada.
Estas empresas pagarían una tasa única del 0,6 % sobre los activos que superen ese umbral, que se elevaría al 1,2 % sobre los activos netos superiores a COP$30 000 millones, según la propuesta.
Según la Constitución colombiana, el Gobierno debe declarar el estado de emergencia económica y promulgar un decreto para que el impuesto entre en vigor.
Ávila afirmó que los daños causados por las fuertes lluvias en la región del Caribe se estiman en unos COP$8 billones (US$2.200 millones).
Las inundaciones han causado la muerte de al menos 14 personas y miles de cabezas de ganado, además de destruir cosechas y desplazar a comunidades.
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El Gobierno ya intentó aumentar los impuestos por decreto el año pasado, pero esos aumentos han quedado en suspenso mientras el Tribunal Constitucional estudia si eran legales.
El ministro afirmó que el impuesto sobre el patrimonio de las empresas es necesario porque la Administración no puede volver a imponer los mismos impuestos de emergencia que ya han sido suspendidos por el tribunal.
