Bloomberg Línea — El mercado global de derivados negociados fuera de bolsa —conocidos como OTC— no es un nicho financiero: es una de las columnas vertebrales del sistema internacional.
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Detrás hay una infraestructura jurídica y operativa que determina quién puede participar y bajo qué reglas. En ese terreno, tradicionalmente dominado por grandes despachos de Estados Unidos y Europa, una firma colombiana logró abrir espacio y convertirse en pionera regional.
“El mercado global de derivados OTC —que son los que se negocian por fuera de bolsa— alcanzó a junio del año pasado los US$845,7 trillones. Es una cifra gigantesca”, explica Luis Humberto Ustáriz, socio y cofundador de Ustáriz Abogados Estudio Jurídico. “Eso representó un aumento de 15,9% a mitad de año y, al cierre del año pasado, el crecimiento fue cercano al 20%”.
Del total, aproximadamente US$573 trillones corresponden a derivados sobre tasas de interés y unos US$118 trillones a moneda extranjera. El resto se distribuye entre instrumentos sobre acciones, commodities y otros subyacentes.
Se trata de contratos bilaterales que permiten a empresas y entidades financieras cubrir riesgos de tasa, tipo de cambio o precios, estabilizar flujos de caja y planear inversiones de largo plazo.
Pero operar en este mercado exige algo más que necesidad de cobertura. Requiere hablar el mismo lenguaje jurídico que los grandes bancos globales. Ese lenguaje lo define la International Swaps and Derivatives Association (ISDA), organización que establece los estándares contractuales que soportan trillones de dólares en operaciones cada año.
En 2009, Ustáriz & Abogados se convirtió en la primera firma colombiana en ser miembro de ISDA y la tercera en América Latina. “Fuimos la primera firma colombiana en ser miembros de ISDA y la tercera en América Latina, después de dos firmas brasileñas”, recuerda Ustáriz. No era un gesto simbólico, sino una apuesta estratégica por insertar a la región en la arquitectura financiera global.
El punto de partida del abogado en este mundo se remonta a su paso por la Corporación Financiera del Valle, hoy Corficolombiana, entidad del Grupo Aval. Allí negoció su primer derivado y entendió que en Colombia el tema era aún incipiente. “En ese momento me di cuenta de que era un tema poco explorado en Colombia”, señala.
La crisis financiera de 2008 y la posterior aprobación de la Dodd–Frank Act cambiaron las reglas del juego. La norma introdujo exigencias como las External Business Conduct Rules, con efectos transfronterizos. Desde entonces, las entidades estadounidenses deben verificar y documentar rigurosamente la información de sus contrapartes extranjeras.
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Ahí entra otro eslabón clave de la infraestructura: la plataforma de validación de contrapartes que hoy opera bajo el nombre de S&P Counterparty Manager, tras la adquisición de Markit por S&P Global. Ustáriz & Abogados cuenta con una licencia “umbrella” para registrar y mantener actualizada la información de entidades locales que desean operar con bancos estadounidenses.
“Si una entidad como Goldman Sachs va a negociar un derivado con un fondo de pensiones colombiano, debe verificar que cumpla con las External Business Conduct Rules”, explica. Si la información no está clara o actualizada, simplemente no se puede operar. En casos extremos, incluso podría contemplarse la terminación de contratos.
La evolución más reciente es la digitalización integral de la negociación contractual a través de ISDA Create. Tras aprobar el examen correspondiente, la firma colombiana obtuvo acceso a esta plataforma que permite negociar contratos de manera completamente digital, involucrando de forma simultánea a las áreas jurídica, de riesgos y de negocio de cada contraparte.
“La gran ventaja es que puedes involucrar simultáneamente a las áreas jurídica, de riesgos y de negocio. Se agiliza todo el proceso y los contratos se firman electrónicamente con plena validez en Nueva York”, afirma Ustáriz. En Colombia, añade, la Ley 527 de 1999 también reconoce la validez jurídica de las firmas electrónicas.
La diferencia práctica es significativa. Antes, negociar un contrato marco podía tardar más de un año. “Existía incluso el chiste de que firmar un contrato de derivados era como salir del infierno y entrar al cielo”, comenta. Con el nuevo esquema, estima que el proceso podría cerrarse en cerca de tres meses, con la ventaja adicional de honorarios más competitivos frente a grandes firmas internacionales como Allen & Overy, Clifford Chance, White & Case o DLA Piper.
¿Reduce esto el costo de capital? “No. El costo de capital será el mismo, ya sea que el contrato se negocie en físico o digital. Lo que cambia es la calidad y la rapidez del servicio”, aclara. Para una empresa del sector real —un exportador de flores o un importador de cacao— la cobertura tendrá el mismo impacto financiero, pero contará con acompañamiento local y mayor agilidad.
Los sectores que más pueden beneficiarse van más allá del financiero: servicios, finca raíz, industria, tecnología, salud, energía y consumo, entre otros. En economías desarrolladas como Estados Unidos, Japón o Reino Unido, el uso de derivados para gestionar riesgos corporativos es una práctica extendida.
En América Latina, el panorama es desigual. “Colombia, Chile y Costa Rica han dado los pasos necesarios. Panamá y República Dominicana están trabajando en ello. Pero el resto de los países siguen rezagados”, advierte. El principal obstáculo no es técnico, sino regulatorio. “Sin reglas claras, los inversionistas extranjeros se cuidan y no operan”.
En un contexto global marcado por volatilidad —guerras, fluctuaciones del petróleo o del dólar, cambios en calificaciones soberanas— contar con contratos estandarizados, información sistematizada y capacidad de reacción inmediata puede ser decisivo.
La infraestructura puede ser invisible, pero determina quién accede al capital y en qué condiciones. Y en esa arquitectura, América Latina empieza a construir sus propios puentes.
