Bloomberg Línea — La decisión de ampliar la base del impuesto al patrimonio en 2010, bajo un estado de emergencia económica, social y ecológica por una ola invernal, y que obligó a miles de pequeñas y medianas empresas, con patrimonios superiores a COP$1.000 millones a pagar dicha carga, tuvo un costo considerable en términos de inversión, crédito y productividad.
Así lo concluye el estudio del Banco de la República titulado Wealth Taxes and Firms’ Capital Structures: Credit Supply and Real Effects, elaborado por los investigadores José Luis Peydró, Hernán Rincón-Castro, Miguel Sarmiento y Alejandro Granados, que no representa la postura oficial de la autoridad monetaria, ni de su Junta Directiva.
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El estudio concluyó que “el impuesto al patrimonio tuvo efectos reales negativos sustanciales sobre la inversión, la acumulación de capital, la productividad y el empleo de las pymes”.
El contexto de esta reforma estuvo marcado por la necesidad urgente de recursos para atender la emergencia invernal de 2010. El umbral del impuesto se redujo de COP$3.000 millones a COP$1.000 millones, lo que disparó el número de contribuyentes de 3.441 a 11.118, es decir, 7.677 nuevas empresas.
Esa medida le permitió al Gobierno incrementar en un 90 % el recaudo del tributo, al pasar de 0,4 % del PIB en 2010 a 0,7 % en 2011.
En paralelo, el decreto estableció que el gravamen debía pagarse en ocho cuotas entre 2011 y 2014. Aunque fue presentado como un “one-off tax”, terminó sumándose a una larga lista de impuestos “temporales” que se prolongaron en el tiempo.
Efectos y distorsiones
Los efectos sobre el tejido productivo fueron inmediatos. El análisis de los investigadores muestra que los ingresos de las pymes gravadas cayeron en 6,2 puntos porcentuales, mientras que la inversión se redujo en 9,3 puntos porcentuales frente a empresas similares que no fueron incluidas en el tributo.
A su vez, la deuda total de las compañías afectadas cayó en 7,5 pp y la acumulación de capital en 4,2 pp. Entre las firmas con mayor apalancamiento, el impacto en el empleo fue particularmente severo, con una contracción de 4,5 % en la plantilla laboral.
Las distorsiones también se reflejaron en el mercado crediticio. El estudio documenta que los bancos ajustaron su comportamiento ante la mayor percepción de riesgo.
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Tras la reforma, las pymes gravadas recibieron menos financiamiento, con reducciones de crédito entre 2 % y 6 %, tasas de interés que aumentaron entre 50 y 100 puntos básicos y plazos que se acortaron alrededor de 30 %.
Los bancos más gravados con el tributo redujeron la provisión de crédito en 6,44 pp y aumentaron las tasas en 336 puntos básicos, lo que confirma las restricciones de liquidez que generó el impuesto tanto en las empresas como en el sistema financiero.
El comportamiento no se limitó al crédito bancario. Las pymes afectadas también ajustaron su relación con el crédito comercial. El documento señala que estas empresas incrementaron su dependencia del financiamiento de proveedores, pero al mismo tiempo redujeron en 7,3 pp la oferta de crédito comercial a sus contrapartes.
La investigación concluye que este doble efecto refleja un choque de liquidez que restringió el margen de maniobra de las compañías más pequeñas y endeudadas.
Un hallazgo adicional es que algunas empresas intentaron anticiparse al tributo. Aproximadamente 12,9 % de las firmas con patrimonios cercanos al umbral distribuyeron dividendos antes de la entrada en vigor de la medida para reducir su carga fiscal.
Sin embargo, estas mismas empresas terminaron enfrentando condiciones crediticias aún más restrictivas que el resto de los contribuyentes. En palabras del estudio, “las empresas que anticiparon el impuesto y aquellas con un mayor apalancamiento ex ante muestran condiciones crediticias aún más restrictivas”.
Afectó al sistema financiero
El efecto no fue neutro tampoco para los bancos. Las entidades con mayores aportes por impuesto al patrimonio redujeron su capacidad de préstamo, lo que exacerbó las restricciones de financiamiento a las pymes.
Según los autores del estudio, “los bancos altamente gravados reducen el crédito e imponen tasas de interés más altas a las nuevas empresas contribuyentes”, un resultado que revela la transmisión indirecta del impuesto a través del sistema financiero.
Más allá de los resultados inmediatos, el estudio resalta un aspecto central para el debate tributario en Colombia: la falta de credibilidad en la naturaleza “temporal” del impuesto al patrimonio.
Desde 2002 hasta 2017 se aplicó de manera intermitente tanto a empresas como a individuos, y aunque desde 2018 se eliminó para las sociedades, la evidencia de sus efectos negativos sobre inversión, empleo y crédito explica por qué se mantuvo únicamente para personas naturales.
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La conclusión de los investigadores es clara: “la magnitud de los impactos estimados debe servir como referencia” en caso de que el país vuelva a considerar la aplicación de este gravamen sobre el sector empresarial.
Para las pymes, el impuesto significó menos inversión, menor acceso al crédito y un retroceso en productividad, lo que demuestra que medidas de emergencia pueden tener costos persistentes en el desempeño económico.
