Bogotá — Estados Unidos impuso restricciones de visa a Ricardo Roa Barragán, expresidente de Ecopetrol, y a otros seis colombianos, como parte de la estrategia de la administración de Donald Trump para combatir la corrupción y el narcotráfico en el hemisferio occidental.
La decisión fue anunciada por el Departamento de Estado el 22 de octubre de 2026 y también alcanza a los familiares de las personas incluidas en la medida.
Según Washington, las restricciones se enmarcan en una política dirigida contra ciudadanos extranjeros que, mediante actividades de corrupción o narcotráfico, socavan gobiernos elegidos democráticamente.
“Esta política se dirige contra ciudadanos extranjeros que, mediante actividades de corrupción o narcotráfico, socavan gobiernos elegidos democráticamente en nuestro hemisferio, independientemente de su afiliación política”, señaló el Departamento de Estado en el comunicado.
¿Quiénes son los colombianos incluidos en las restricciones de visa?
Además de Ricardo Roa, la lista divulgada por el Gobierno estadounidense incluye a seis figuras del ámbito político colombiano:
- Yahir Fernando Acuña Cardales, alcalde de Sincelejo.
- Wadith Alberto Manzur Imbett, senador electo y exrepresentante a la Cámara hoy preso.
- Karen Astrith Manrique Olarte, representante electa a la Cámara.
- Julio Elías Chagüí Flórez, exsenador.
- Liliana Esther Bitar Castilla, exsenadora.
- José Ignacio Mesa Betancur, excongresista y exalcalde de Envigado.
El Departamento de Estado indicó que las restricciones se aplican tanto a estas siete personas como a sus familiares.
La entidad no detalló en el comunicado los fundamentos particulares de cada decisión.
La medida se sustenta en la sección 212(a)(3)(C) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad de Estados Unidos, que permite negar el ingreso al país cuando existen motivos razonables para considerar que la entrada o las actividades previstas de una persona podrían tener consecuencias potencialmente graves para la política exterior estadounidense.
Las investigaciones contra Ricardo Roa
Ricardo Roa llegó a la presidencia de Ecopetrol durante el Gobierno de Gustavo Petro, después de haber sido gerente de la campaña presidencial que llevó al mandatario al poder en 2022.
El exdirectivo se apartó de la presidencia de la petrolera estatal en abril de 2026, mediante una licencia no remunerada, en medio de investigaciones judiciales y administrativas.
El 11 de marzo de 2026, la Fiscalía General de la Nación le imputó el delito de tráfico de influencias de servidor público, en una investigación relacionada con la compra de un apartamento en Bogotá y su posible vínculo con contratos adjudicados por Ecopetrol.
Posteriormente, el 12 de mayo, la Fiscalía también le imputó el delito de violación de los límites de gastos de campañas electorales, por presuntas irregularidades en el reporte financiero de la campaña presidencial de Petro en 2022, de la cual Roa fue gerente.
Estas imputaciones corresponden a procesos judiciales en curso y no constituyen, por sí mismas, una declaración de culpabilidad.
El comunicado estadounidense que anunció las restricciones migratorias no especificó que las medidas contra Roa estuvieran relacionadas con esas investigaciones.
La estrategia de Estados Unidos contra la corrupción
La decisión hace parte de la política anunciada por Washington el 28 de septiembre de 2026, orientada a restringir el ingreso de ciudadanos extranjeros que, según el Gobierno estadounidense, debiliten la gobernabilidad democrática mediante corrupción o narcotráfico.
La iniciativa también se relaciona con los compromisos asumidos durante la Cumbre de Doral, celebrada en marzo, y con la declaración de los líderes de Escudo de las Américas del 22 de septiembre.
En el comunicado, el Departamento de Estado sostuvo que la Administración Trump respalda los esfuerzos del Gobierno colombiano para eliminar la influencia criminal en las instituciones, incluidos los tribunales, los organismos policiales y el Congreso.
La decisión representa una nueva medida de presión migratoria de Washington sobre figuras colombianas de los ámbitos empresarial y político.
Sin embargo, la restricción de visa es una decisión administrativa de Estados Unidos y no equivale a una condena penal dictada por la justicia colombiana.
