Bloomberg Línea — Tras el hundimiento de la ley de financiamiento en el Congreso de la República, el Gobierno Petro volvió a poner sobre la mesa la posibilidad de declarar una emergencia económica, situación que el sector privado y el Congreso consideran totalmente inconveniente.
“¿Se podría plantear una emergencia económica? El Gobierno va a analizar todas las medidas que sean necesarias”, indicó Germán Ávla, ministro de Hacienda.
En ese sentido, y refiriéndose al Congreso, señaló que han generado una situación de dificultades para la implementación de varios proyectos sociales, “razón por la cual el Gobierno va a analizar cuidadosamente las decisiones que sean necesarias y que deba tomar para asegurar el cumplimiento de las metas sociales que se ha planteado el Gobierno en su plan de desarrollo”.
Sin embargo, el sector privado ha rechazado la posible declaratoria de emergencia económica, que hace referencia a un estado de excepción que afecta gravemente el orden económico del país y que no puede resolverse con las facultades normales del gobierno.
Ver más: La estrategia de BYD para competirle a Tesla en Colombia: habla su gerente
Por lo que la declaratoria permitiría al Ejecutivo tomar medidas rápidas y excepcionales para enfrentar la crisis. Lo anterior, mediante la expedición de decretos con fuerza de ley, por ejemplo.
Una emergencia económica solo puede durar hasta 30 días, prorrogable hasta un máximo de 90 días por año.
Para María Claudia Lacouture, presidenta de Amcham Colombia (Cámara de Comercio Colombo Americana), si bien hay fragilidad fiscal en Colombia, eso no significa que exista un escenario constitucional de emergencia económica.
“El problema fiscal es grave, pero estructural y previsible, no “sobreviniente y excepcional”. Se originó en decisiones de gasto y deuda. Eso se corrige con política fiscal, no con poderes extraordinarios", explicó la dirigente gremial.
A lo que agregó que el hecho de que el Gobierno pierda una ley de financiamiento no es un hecho extraordinario. “Es democracia: el Congreso puede decir no. Perder una votación no habilita un estado de emergencia”.
Ver más: Las razones por las que el Congreso tumbó el proyecto de ley de financiamiento 2025 de Petro
Por su parte, la senadora de la Alianza Verde, Angélica Lozano, indicó que la figura de emergencia económica solo tiene cabida en hechos imprevisibles y que la derrota de un proyecto en el Congreso no lo es. Con lo que cocncluyó que el Gobierno debe ajustar el gasto y mejorar la ejecución antes de recurrir a medidas extraordinarias.
Luego de varios aplazamientos a la discusión, este martes 9 de diciembre las comisiones económicas del Congreso de la República archivaron el proyecto de ley de financiamiento presentado por el Gobierno Petro.
La Comisión Cuarta del Senado negó la proposición de la ponencia con nueve votos por el no y cuatro votos por el sí. Esta es la tercera reforma tributaria que presenta el Gobierno Petro.
El Ejecutivo, en cabeza del Ministerio de Hacienda y en un intento por pasar la iniciativa, redujo el monto del recaudo de COP$10 billones, pasando de COP$26,3 billones a COP$16,3 billones.
“Lo logramos. Tumbamos la reforma tributaria que pretendía meterle la mano al bolsillo de los colombianos de a pie. El Congreso no está arrodillado. Y que el Gobierno ni se atreva a intentar imponerla por decreto”, dijo tras el hundimiento Katherine Miranda, representante a la Cámara por la Alianza Verde.
Ver más: Balance del trienio Petro: Muertos récord en lo social e inflación lejos de la meta en lo económico
Por otro lado, Luis Fernando Mejía, director de Fedesarrollo, manifestó que ante su no aprobación, estos recursos deberán ser ajustados mediante un recorte presupuestal, tal como ocurrió este año tras la no aprobación de la reforma tributaria de 2024.
A lo que añadió que esos COP$16,3 billones representan menos del 3% del Presupuesto General de la Nación, que asciende a COP$547 billones. “Por lo tanto, resulta insostenible argumentar que una afectación de esta magnitud compromete la estabilidad fiscal o la sostenibilidad del gasto público”.
