Bloomberg — El Gobierno colombiano está intentando imponer por decreto un plan fiscal luego de que fuera rechazado por el Congreso, empujando límites constitucionales mientras los inversores muestran señales de malestar.
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El ministro del Interior, Armando Benedetti, dijo el sábado que el gabinete había firmado un decreto de emergencia económica, que entrará en vigor una vez que se publique en el diario oficial.
Las medidas declaran un estado de emergencia económica para impulsar aumentos de impuestos, lo que intensifica el enfrentamiento institucional a medida que la administración del presidente Gustavo Petro entra en la recta final de su mandato.
El estado de emergencia es una facultad constitucional que normalmente se reserva para crisis extraordinarias, como terremotos y pandemias, y permite al Gobierno promulgar leyes sin pasar por el Congreso. Se trata del esfuerzo más agresivo de Petro a la fecha para llevar a cabo sus planes, ignorando a los demás poderes del Estado.
El ministro de Hacienda, Germán Ávila, afirmó el viernes pasado que la medida se justifica por la necesidad de aumentar el gasto en salud, seguridad y subsidios energéticos. Ávila confirmó que el Gobierno está tratando efectivamente de reactivar el proyecto de ley de financiación que había sido archivado.
La medida se produce después de que el Congreso bloqueara una reforma fiscal destinada a recaudar COP$16 billones (US$4.200 millones) para financiar el presupuesto de 2026. Los economistas esperaban que el Gobierno respondiera con recortes equivalentes en el gasto. En cambio, la administración de Petro optó por invocar poderes de emergencia, lo que suscitó preocupaciones sobre la extralimitación institucional y la profundización de la polarización política.
La decisión señala el giro de Petro hacia una postura de gobierno más radical a menos de seis meses de las elecciones presidenciales, en las que la Constitución le impide presentarse.
“Petro parece profundamente incómodo cuando los poderes independientes del Gobierno bloquean o diluyen algunas de sus posiciones más extremas al oponerse en el Congreso”, afirmó Sergio Guzmán, director de Colombia Risk Analysis. “Esto refleja un cierto grado de desesperación y radicalismo”.
El rendimiento de los bonos nacionales a 10 años en dólares subió al 7,02 % la semana pasada, desde el 6,66 % del mes anterior.
Colombia se enfrenta a una creciente presión fiscal impulsada por el aumento del gasto y unos ingresos inferiores a lo previsto. El Ministerio de Hacienda estima que el déficit fiscal de 2025 alcanzará el 6,2 % del producto interior bruto, 0,9 puntos porcentuales menos de lo previsto anteriormente.
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Un análisis más detallado revela que la aparente mejora se debe, en gran medida, a la reducción de los pagos de intereses tras las operaciones de gestión de la deuda a gran escala dirigidas por el director de Crédito Público, Javier Cuéllar.
Por el contrario, el déficit primario —el gasto público sin incluir los intereses— se ha ampliado en casi un punto porcentual del PIB hasta alcanzar el 3,2 % en comparación con 2024.
Petro ha advertido de que, sin los ingresos procedentes de la ley de financiación, el déficit fiscal podría ampliarse hasta el 7,5 % del PIB. Con las elecciones presidenciales previstas para 2026, el próximo Gobierno heredaría algunas de las cuentas fiscales más difíciles de la historia reciente de Colombia.
Un borrador del decreto, que comenzó a circular entre contables y abogados fiscalistas, incluye medidas como una ampliación del impuesto sobre el patrimonio neto, con tipos que van desde el 0,5 % para patrimonios superiores a 523 000 dólares hasta el 5 % para fortunas que superen los 26 millones de dólares. La propuesta también se aplicaría a las empresas, que se enfrentarían a un gravamen del 1 % sobre el capital social.
Otras medidas adicionales incluyen un impuesto del 0,5 % sobre las transacciones financieras, un recargo del 1 % sobre las ventas de combustibles fósiles y un aumento de los impuestos sobre el juego, el alcohol y el tabaco. En respuesta a una solicitud de comentarios, el Ministerio de Hacienda negó que el borrador se hubiera originado en el organismo.
Riesgo crediticio
Las preocupaciones sobre la sostenibilidad fiscal ya se han traducido en riesgo crediticio. La semana pasada, Fitch Ratings rebajó la calificación de Colombia un escalón más, hasta BB, citando los déficits persistentemente altos. La agencia también cuestionó si un cambio en el liderazgo tras las elecciones del próximo año sería suficiente para revertir el deterioro de las finanzas públicas.
Ahora la atención se centra en la Corte Constitucional, que debe determinar si la declaración de emergencia cumple con los requisitos constitucionales. Abogados, exministros y grupos empresariales argumentan que el Gobierno carece de motivos suficientes y han instado a la Corte a anular el decreto.
Si la Corte interviene rápidamente, podría descarrilar los planes fiscales del Gobierno. Sin embargo, si se demora, Petro podría ganar meses para imponer cambios fiscales por decreto.
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El tiempo juega a favor del Gobierno. Históricamente, el tribunal ha tardado más de tres meses en pronunciarse sobre las medidas de emergencia económica, y el poder judicial de Colombia ha entrado en su receso de fin de año, con la reanudación de la actividad prevista para el 13 de enero.
“Ahora dependemos de los tribunales y de la rapidez con la que actúen”, dijo Guzmán.
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