Bloomberg Línea — Una nueva condena dictó la Superintendencia Financiera en contra de Credicorp Capital Fiduciaria por un fallido proyecto inmobiliario: Le condena a pagar COP$8.800 millones, el monto es el más alto con el que se le ha castigado a la entidad hasta ahora.
“La decisión es particularmente importante porque concluye que la Fiduciaria incumplió los deberes profesionales, legales y contractuales que le eran exigibles como administradora profesional de negocios ajenos”, señaló Juan Carlos Orjuela, abogado de los demandantes y socio de Orjuela Cortés Abogados.
Credicorp Capital Fiduciaria indicó a Bloomberg Línea que ya presentó la apelación a esta decisión y que este fallo desconoce el marco legal que rige la actividad fiduciaria en Colombia, “pues nos atribuye responsabilidades que, por ley, corresponden exclusivamente al constructor”.
La Delegatura para Funciones Jurisdiccionales de la Superintendencia encontró responsable civil y contractual a la Fiduciaria por el fallido proyecto inmobiliario MIZU Estilo Natural, ubicado en Cali.
La condena contra Credicorp Capital Fiduciaria asciende a COP$8.870 millones, que corresponden a los valores aportados por los demandantes indexados hasta la fecha del fallo judicial de primera instancia.
De acuerdo con la sentencia, la Superintendencia encontró que la firma en mención permitió la disposición de los recursos de los compradores sin verificar adecuadamente la viabilidad técnica, financiera y jurídica del proyecto.
Asimismo, que omitió realizar un seguimiento efectivo a su ejecución; no identificó ni monitoreó de manera suficiente los riesgos asociados al desarrollo inmobiliario; y permitió que se adoptaran decisiones que terminaron comprometiendo gravemente la financiación y ejecución de la obra.
La constructora a cargo del proyecto es P&P Constructora Urbano S.A.S., empresa que entró en insolvencia financiera en 2022 y paralizó la ejecución de la obra.
Adicional a eso, la Fiduciaria indicó que decisiones como esta ponen en riesgo la viabilidad misma del negocio fiduciario y, con ello, el funcionamiento del sector inmobiliario.
“Trasladar a la Fiduciaria responsabilidades que legalmente recaen sobre el constructor desincentiva la administración profesional de recursos en proyectos de vivienda y afecta a los miles de compradores que dependen de este mecanismo para resguardar sus aportes”, especificó la firma.
Sin embargo, para el abogado Orjuela, resulta preocupante que se sigan presentando descalabros en proyectos inmobiliarios y condenas judiciales, pero aún no existan sanciones institucionales y personales contra estas entidades y sus directivos.
“Esta nueva condena evidencia patrones de conducta que merecen una profunda revisión por parte de las autoridades regulatorias y de supervisión”, dijo el defensor.
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Hizo referencia a la reiteración de condenas por incumplimientos relacionados con el análisis de riesgos, la verificación de la viabilidad de los proyectos y la protección efectiva de los recursos de los consumidores. Lo que, dijo, plantea serios interrogantes sobre los mecanismos internos de control y debida diligencia implementados por la entidad.
“Colombia necesita una reforma que fortalezca la protección de los compradores vinculados a proyectos inmobiliarios administrados mediante esquemas fiduciarios”, añadió.
