Bloomberg Línea — El ministro del Interior, Armando Benedetti, reaccionó a la decisión del Consejo de Estado de suspender provisionalmente el aumento del salario mínimo, decretado por el Gobierno en 23% para 2026.
“Estamos jodidos: el Consejo de Estado no deja que haya más plata en el bolsillo de los trabajadores y la Corte Constitucional no deja que se le impongan impuestos a los ricos para que haya mejores políticas públicas sociales en favor de los menos favorecidos", dijo el funcionario en un post en X.
Para el jefe de la cartera de Interior, solo el gobierno de Gustavo Petro quiere lo contrario. “Hay una clase dirigente que tiene influencia en el Congreso y en las altas cortes y, por lo tanto. Es una decisión política antes que cualquier cosa”.
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También hizo referencia a las elecciones presidenciales, cuya primera vuelta esta agendada para el próximo 31 de mayo: “esto va a tener consecuencias políticas. Vamos a ver qué pasa en campaña, la gente va a tener que decidir quién está a favor de los menos favorecidos”.
La decisión del Consejo de Estado es una medida provisional que no implica un pronunciamiento definitivo sobre la legalidad del acto, asunto que será resuelto en la sentencia.
Entre tanto, la autoridad judicial ordenó al Gobierno Nacional expedir y publicar, dentro de los ocho días calendario siguientes a la notificación de la providencia, un decreto transitorio que determine el porcentaje de aumento del salario mínimo para 2026 y el valor total correspondiente, el cual regirá hasta que se profiera decisión de fondo en el proceso.
Para la determinación de esa cifra, el Gobierno debe tener en cuenta: la meta de inflación fijada por la Junta Directiva del Banco de la República; la productividad certificada oficialmente; la inflación real del año anterior; el crecimiento del PIB; la contribución de los salarios al ingreso nacional; la especial protección del trabajo; la garantía de una remuneración mínima, vital y móvil; la función social de la empresa; y los objetivos constitucionales de dirección de la economía.
Para el sector privado, la decisión del Consejo de Estado es acertada. “Estamos convencidos de los complejos efectos económicos y sociales que genera la decisión tomada por el gobierno nacional que afectan a toda la población especialmente a los más vulnerables“, dijo Bruce Mac Master, presidente de la ANDI.
