Bloomberg Línea — La justicia condenó este lunes a 34 años y ocho meses de cárcel a 11 de 16 militares de la Fuerza Aérea Ecuatoriana (FAE) procesados por la desaparición forzada de cuatro menores de edad aproximadamente un año atrás, en el denominado Caso Malvinas. Además, condenó a 30 meses de prisión a los cinco uniformados restantes.
Los cuatro menores del barrio Las Malvinas, al sur de Guayaquil (Guayas), salieron de sus casas a jugar fútbol el 8 de diciembre de 2024, pero nunca regresaron. Tres semanas después de su desaparición, exactamente el 31 de diciembre, la Fiscalía confirmó que sus cuerpos habían sido hallados con signos de tortura e incinerados cerca de la base militar de Taura.
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Las víctimas son los hermanos Ismael y José Arroyo, de 15 y 14 años, además de dos amigos suyos, Nehemías Arboleda y Stiven Medina, de 15 y 11 años.
La investigación del caso comenzó el 9 de diciembre de 2024, bajo la sospecha de que los menores fueron detenidos por estructuras delincuenciales, como lo llegó a plantear el entonces ministro de Defensa de Ecuador, Gian Carlo Loffredo.
Pero el padre de los hermanos Arroyo denunció que, durante la primera noche de desaparecidos, sostuvo una llamada con ellos y le dijeron que fueron detenidos por militares.
En ese contexto, el ministro Loffredo sostuvo que supuestamente los menores estaban robando a una mujer en las inmediaciones de un centro comercial.
“Se bajan los miembros de la patrulla, neutralizan y aprehenden a tres personas”, sostuvo un año atrás en conversación con Radio City. “Esta es, lamentablemente, la manera en que aprehenden a estos cuatro chicos”.
Pues bien, este 22 de diciembre, el Tribunal de Garantías de Guayas juzgó que no fue así y determinó la culpabilidad de 16 militares, todos bajo el mando del subteniente John Henry Z.E., encargado de la patrulla de la FAE que detuvo y desapareció forzosamente a los menores.
Detalles de la condena a los 16 uniformados
La justicia ecuatoriana encontró responsables a 16 militares de desaparición forzada de los cuatro menores y absolvió a otro, el teniente coronel Juan Francisco I. M., por quien la Fiscalía solicitaba siete años y cuatro meses de prisión, puesto que no comprobó su complicidad en los hechos.
Mientras 11 militares fueron condenados a 34 años y ocho meses de prisión como autores directos, otros cinco fueron sentenciados a 30 meses, debido a que colaboraron con la Fiscalía para establecer lo sucedido.
El Tribunal de Garantías de Guayas ordenó pagar una multa de 800 salarios mínimos (US$370.000) y una reparación integral a los familiares de las víctimas de US$10.000 por cada uno de los militares condenados.
También dispuso la petición de unas disculpas públicas en un medio de comunicación nacional por el crimen perpetrado por los uniformados, una rectificación por la estigmatización contra los menores, una ceremonia de desagravio en la base de Taura y capacitaciones en derechos humanos para el personal militar.
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