Bloomberg Línea — El medio digital salvadoreño El Faro denunció el jueves que el Gobierno de Nayib Bukele “ha cruzado otra línea roja” en su contra al intervenir bienes personales de sus socios.
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La medida, ejecutada bajo la figura legal de una “anotación preventiva”, utilizada habitualmente como garantía de pago ante las eventuales deudas de una empresa, se enmarca en una larga persecución fiscal que el medio denuncia como represalia por sus investigaciones sobre corrupción y la revelación de pactos del Ejecutivo con las pandillas.
El director y fundador de El Faro, Carlos Dada, detalló que entre febrero y abril de 2026 las autoridades congelaron el dinero de una cuenta bancaria y un inmueble de dos socios de Trípode S.A. de C.V., la empresa que creó el medio y que fue su propietaria hasta 2023, año en que la estructura administrativa y legal se trasladó a Costa Rica.
Dada explicó durante una conferencia de prensa que la intervención de los bienes fue detectada de manera fortuita al revisar la banca en línea, ya que el Estado no notificó previamente a los accionistas. “Nosotros sabemos que han congelado bienes porque lo informó el banco de una de las cuentas congeladas”, afirmó.
“La escalada de la agresividad es novedosa, pero no sorpresiva”, dijo el medio en un editorial publicado en su sitio web. El ataque contra el medio empezó en 2020, cuando Bukele dijo en cadena nacional que “tienen una investigación por lavado de dinero seria”.
Bajo sus órdenes, el Ministerio de Hacienda salvadoreño abrió cuatro auditorías contra Trípode por lavado de dinero, que luego cambió la acusación a evasión de impuestos al no poder sostener dichas acusaciones.
“Esta nueva medida en medio de los cuatro procesos, no puede leerse de otra manera más que la continuidad de un problema político que El Faro representa para el gobierno de Bukele por nuestras publicaciones y que no solo ha tenido aristas legales, por supuesto”, dijo Dada.
Ataques sistemáticos
Para El Faro, esta no es una acción aislada, sino el eslabón más reciente de una cadena de hostigamientos que sistemáticamente sigue a sus publicaciones de mayor impacto.
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El jefe de redacción, Óscar Martínez, recordó en la conferencia de prensa que en septiembre de 2019, tras revelar gastos de la billetera secreta de la presidencia, Bukele bloqueó con militares el ingreso de sus reporteros a Casa Presidencial.
En 2020, previo a la publicación del primer reportaje sobre el pacto del Gobierno con la Mara Salvatrucha 13, se inició el espionaje con el software israelí Pegasus contra al menos 22 miembros del medio, catalogado como “obsesivo” por el laboratorio de ciberseguridad de la Universidad de Toronto. Los picos de intervención coincidieron con otras revelaciones sobre un gabinete oculto de venezolanos o el robo de alimentos durante la pandemia.
En abril de 2023, el diario digital anunció que su estructura administrativa y legal se mudaba a Costa Rica tras 25 años en El Salvador, debido a la “falta de condiciones para seguir operando”.
Luego, en 2025, tras entrevistar a líderes pandilleros que detallaron negociaciones con Bukele, la dirección de inteligencia del Estado vinculó públicamente a los periodistas con narcotráfico y trata de personas, y se reveló un plan para implantar droga en sus maletas para detenerlos.
La más reciente medida en su contra ocurre justo después del estreno del documental “The Deal”, coproducido con el programa estadounidense Frontline PBS, el cual ofreció un análisis del acuerdo de Bukele con el presidente de EE.UU., Donald Trump, para encarcelar a deportados en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), y qué podía ganar cada líder.
Alerta internacional
Desde el ámbito jurídico internacional, la directora para México y Centroamérica del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil), Claudia Paz y Paz, afirmó que el Estado salvadoreño está utilizando los procesos fiscales como una retaliación.
“Es un intento de disciplinamiento para callar las voces de periodistas que están haciendo simplemente su obligación, cumpliendo con su trabajo de informar a la población y también es un intento de controlar las voces que pueden presentar información crítica respecto de las actuaciones del actual Ejecutivo de El Salvador”, agregó.
Cejil, que representa al medio ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la cual otorgó medidas cautelares a 34 miembros en 2021, dijo que incorporará este nuevo ataque a sus denuncias por el incumplimiento del Estado de garantizar el debido proceso.
Por su parte, Carlos Gallo, director de Media Defense, comparó la estrategia del Gobierno salvadoreño con el “playbook” (manual operativo) de regímenes autoritarios como los de Rusia, Azerbaiyán, Turquía y Venezuela.
Gallo calificó la táctica como “lawfare” o acoso judicial, diseñada para crear duda en la opinión pública sobre la integridad del medio con procesos jurídicos frívolos, pero de bajo costo político para el gobierno.
La Asociación de Periodistas de El Salvador (APES) emitió un comunicado en el que instó al Estado a cesar el acoso y alertó a la comunidad internacional ante estas nuevas formas de asfixia.
Según APES, más de 50 informadores se vieron obligados al exilio en 2025 por temor a ser encarcelados, y se contabilizaron 426 agresiones contra la prensa, la mayoría ejecutadas por agentes del Estado.
El Salvador cayó hasta el puesto 143 en el reciente ranking de libertad de prensa de Reporteros Sin Fronteras, lo que supone un retroceso de 74 posiciones desde la llegada de Bukele al poder en 2019.
Hasta el viernes, el Gobierno salvadoreño no había reaccionado a los señalamientos.
