Bloomberg Línea — La Asamblea Legislativa autorizó este miércoles al Órgano Ejecutivo a emitir títulos valores por hasta US$100 millones para atender lo que el decreto califica como “prioridades estratégicas” del Gobierno, así como obligaciones generales del Estado en sectores sociales, ambientales y/o económicos.
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La iniciativa se aprobó con dispensa de trámite y con el respaldo de 57 de los 60 diputados, correspondientes al bloque del oficialista Nuevas Ideas y sus aliados. La diputada Claudia Ortiz, del opositor Vamos, votó en contra.
De acuerdo con la propuesta del Ejecutivo, los recursos podrán obtenerse indistintamente en el mercado nacional o internacional.
El decreto establece que los fondos no tienen que usarse de inmediato, sino que podrán destinarse “en el transcurso del presente o de los siguientes ejercicios fiscales para atender prioridades estratégicas del gobierno, obligaciones generales del Estado que en sus distintas formas requieran fondos de liquidez, transferencias varias o para apoyar necesidades en sectores sociales, ambientales y/o económicos”.
Además, la norma faculta al Ministerio de Hacienda a realizar operaciones de manejo de pasivos para mejorar el perfil de la deuda.
El decreto va más allá y autoriza a la cartera de Estado a ejecutar operaciones de cobertura de riesgos ligadas a la tasa de interés y a suscribir los contratos derivados de esas operaciones, de acuerdo con las prácticas del mercado.
El rendimiento de los títulos estará exento de toda clase de impuestos, tasas y contribuciones, incluyendo el impuesto a la transferencia de bienes muebles y a la prestación de servicios. Sin embargo, esta exoneración no aplica si la contratación de los servicios financieros se realiza con sujetos domiciliados en El Salvador.
Para la ejecución de esta emisión, el decreto designa al Banco Central de Reserva (BCR) como el agente financiero del Estado.
El Ministerio de Hacienda también queda autorizado a contratar servicios de banca de inversión para estructurar y optimizar la operación.
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Aunque la deuda puede colocarse en el mercado local, el proyecto contempla directamente una salida hacia Estados Unidos.
El texto faculta a Hacienda a definir la colocación bajo la Regla 144A o la Regulation S dante la Comisión de Valores de EE.UU. (SEC). En el mercado financiero, estas figuras legales se utilizan específicamente para colocar bonos de forma privada entre grandes fondos de inversión institucionales, sin necesidad de un registro público masivo.
Para viabilizar este trámite, el decreto autoriza expresamente a Hacienda a cancelar cualquier costo derivado de estas gestiones ante la SEC y ante la Autoridad Reguladora de la Industria Financiera de ese país.
La nueva emisión se suma a un ritmo de endeudamiento al alza. Al cierre de 2025, la deuda externa del país alcanzó los US$15.224,93 millones, lo que supuso un incremento de US$1.685,9 millones (12,4 %) respecto al año anterior.
Estos registros se dan meses después de que el presidente Nayib Bukele señalara, en septiembre de 2025, que el país “ya no gastará más de lo que produce anualmente”.
