Bloomberg Línea — Tigo Guatemala acordó pagar más de US$118 millones para resolver una investigación del Departamento de Justicia de Estados Unidos por un esquema de sobornos a funcionarios públicos en Guatemala, que se extendió por varios años y buscaba influir en decisiones legislativas favorables a la compañía.
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Bajo un acuerdo de procesamiento diferido (DPA) con el Distrito Sur de Florida, la filial de Millicom International Cellular S.A. admitió conspirar para violar la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA, por su sigla en inglés), una normativa estadounidense que sanciona el pago de sobornos a autoridades fuera de ese país.
Según los documentos judiciales, entre 2012 y 2018 la compañía, entonces controlada por un socio local, realizó pagos mensuales en efectivo a miembros del Congreso de Guatemala y a integrantes de sus equipos de seguridad, a cambio de apoyo político y legislativo. Parte de los fondos utilizados para esos sobornos provenían de dinero vinculado al narcotráfico que había sido lavado para su uso en efectivo.
Como parte de la DPA, Tigo Guatemala aceptó pagar en noviembre una multa penal de US$60 millones y otros US$58,1 millones en decomisos administrativos.
“Esta resolución refleja la gravedad del delito y refuerza la idea de que la verdadera responsabilidad y el cumplimiento son el precio de operar bajo el imperio de la ley”, dijo Jason A. Reding Quiñones, fiscal federal del Distrito Sur de Florida, en el comunicado.
La compañía también se comprometió a seguir cooperando con la Sección de Fraude de la División Criminal y la Fiscalía para el Distrito Sur de Florida en cualquier investigación penal en curso o futura que surgiera durante los dos años de la DPA.
El Departamento de Justicia señaló que la resolución consideró la gravedad de los hechos, pero también el reconocimiento de responsabilidad y la cooperación posterior de la empresa y de su matriz, Millicom, que tomó control total de la filial guatemalteca en 2021 y aplicó una serie de medidas correctivas, incluyendo despidos al personal implicado en el esquema de soborno, cambios en la administración y el fortalecimiento de sus programas sobre riesgos anticorrupción y de cumplimiento.
Debido a la cooperación posterior de la empresa y a las medidas correctivas implementadas, la multa impuesta contempla una reducción del 50% respecto del mínimo establecido en las guías federales.
La investigación fue dirigida por el Buró Federal de Investigaciones (FBI), con los procedimientos legales gestionados por la abogada litigante Natalie R. Kanerva, la jefa adjunta Katherine Raut de la Sección de Fraude de la División Penal y el fiscal asistente de los Estados Unidos Eli S. Rubin para el Distrito Sur de Florida.
