Bloomberg Línea — Un juez hondureño permitió este lunes que el expresidente Juan Orlando Hernández enfrente en libertad el proceso por presuntos delitos de fraude y lavado de activos, al rechazar la solicitud de detención judicial presentada por el Ministerio Público y programar la audiencia inicial para el 12 de agosto.
Hernández, de 57 años, regresó a Honduras el pasado 26 de julio procedente de Estados Unidos, donde en 2024 fue condenado a 45 años de prisión por narcotráfico y posteriormente recibió un indulto del presidente Donald Trump en diciembre de 2025.
Durante la audiencia de declaración de imputado, el Ministerio Público alegó que existía riesgo de fuga y de obstaculización de la investigación, por lo que solicitó la detención judicial. Sin embargo, el Juzgado Penal en Materia de Criminalidad Organizada, Medio Ambiente y Corrupción rechazó la petición e impuso medidas cautelares, entre ellas la prohibición de salir del país.
El proceso penal se enmarca en el caso conocido como “Pandora II”, en el que la Fiscalía acusa a Hernández de fraude y lavado de activos por el presunto desvío de 288 millones de lempiras (unos US$10,8 millones) de fondos públicos hacia dos fundaciones entre 2010 y 2013, cuando presidía el Congreso Nacional.
De acuerdo con la acusación del Ministerio Público, parte de esos recursos habría sido utilizada para financiar su campaña presidencial de 2013, año en el que Hernández fue elegido por primera vez como presidente de la República.
La Fiscalía sostiene que los fondos fueron canalizados mediante convenios irregulares con instituciones públicas a través de dos fundaciones.
En este mismo caso, el expresidente Porfirio Lobo (2010-2014) obtuvo un sobreseimiento definitivo.
Antes de ingresar al tribunal, Hernández aseguró ante los medios que es víctima de una “persecución política” y afirmó encontrarse en estado de “indefensión”, debido a que un recurso de reposición presentado por su defensa aún no había sido resuelto.
Hernández también pidió a los periodistas investigar por qué, según él, únicamente en su caso se emitió una orden de captura mientras otros imputados pudieron comparecer en libertad. Posteriormente, el juez rechazó el recurso de reposición y confirmó que el proceso continuará en el juzgado de Criminalidad Organizada.
El exgobernante llegó a la sede judicial acompañado de familiares y bajo un fuerte dispositivo de seguridad integrado por agentes policiales y guardaespaldas. En las afueras del tribunal, simpatizantes con banderas del Partido Nacional —actualmente en el Gobierno— se concentraron para expresar su respaldo.
Su llegada al país la semana pasada, en un vuelo privado desde Miami al aeropuerto de Palmerola, al centro de Honduras, estuvo marcada por un reencuentro con su esposa, Ana García de Hernández, su madre y tres de sus hijos, ante la presencia de cientos de seguidores y un amplio operativo de seguridad.
El retorno de Hernández fue posible después de que, en junio, un juez natural suspendiera la orden de captura en su contra y dejara sin efecto la alerta roja internacional, tras admitir una solicitud de presentación voluntaria presentada por su defensa.
No obstante, su indulto ha generado reacciones en el ámbito político estadounidense. El Caucus Progresista del Congreso de EE.UU., liderado por los legisladores Ilhan Omar, Greg Casar y Jesús “Chuy” García, emitió una declaración en la que calificaron al exmandatario como un “capo de la droga” y “gobernante autoritario”.
Los congresistas afirmaron que el indulto de Trump expone la “hipocresía” de su política contra el narcoterrorismo y aseguraron que la llegada de Hernández como hombre libre crea “condiciones propicias para la impunidad” en Honduras.
Desde el Congreso, se comprometieron a utilizar sus facultades de supervisión para investigar las circunstancias del indulto presidencial.
