Bloomberg Línea — La comunidad costera de Cedeño, en el Golfo de Fonseca al sur de Honduras, enfrenta un proceso de desplazamiento provocado por la erosión costera, el aumento del nivel del mar y ante la ausencia de un marco legal estatal que contemple la reubicación por motivos climáticos, según un informe de Amnistía Internacional.
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En el documento titulado “Cedeño: Perderlo todo, casa e hijos”, la organización documentó que la línea costera de esta localidad retrocedió 135 metros entre 2004 y 2026, a un ritmo de 6,13 metros por año. Esta pérdida de territorio está vulnerando los derechos al agua, la alimentación y la vivienda de sus habitantes.
De continuar esta tendencia de cambios en la línea costera, “la comunidad de Cedeño podría desaparecer por completo en 100 años”, de acuerdo con datos del Comité para la Defensa y Desarrollo de la Flora y Fauna del Golfo de Fonseca, citados en el estudio de Amnistía Internacional.
La investigación, basada en cuatro visitas de campo a Cedeño entre diciembre de 2022 y marzo de 2026, y en 30 entrevistas en profundidad con habitantes de la zona y migrantes en Estados Unidos, señala que el acceso al agua está muy limitado, debido a los daños causados por las marejadas en la infraestructura de distribución de agua y la intrusión salina que contamina las fuentes de agua dulce.
La mayoría de las personas reportaron enfrentar gastos adicionales para comprar agua potable, porque el agua que llega a sus casas, a partir de pozos perforados por ellas mismas, no es apta para el consumo humano.
Asimismo, los pescadores han constatado la disminución de especies capturadas tras la degradación de manglares protectores, y señalan que muchas especies han desaparecido o son cada vez más escasas. Al respecto, un estudio hecho en 2021 con 233 pescadores hondureños del Golfo de Fonseca señalaba que el 86,3% de ellos había observado una disminución de sus capturas en los últimos cinco años.
Las marejadas repetidas también han destruido viviendas y negocios, forzando a los residentes a reconstruir con sus propios recursos, lo que genera endeudamiento. Ante esta situación, los habitantes organizados en una mesa de justicia climática estiman que 990 personas requieren una reubicación planificada.
Sin embargo, la legislación hondureña y el Sistema Nacional de Respuesta al Desplazamiento Forzado (Sinardefi) solo atienden a personas desplazadas por violencia, dejando un vacío legal frente al desplazamiento climático.
La organización señaló que la crisis en Cedeño actúa como un catalizador de la migración, tanto interna como hacia Estados Unidos, donde muchos se encuentran sin estatus migratorio regular y con miedo a ser deportados.
“Cedeño muestra una doble injusticia: las personas están siendo expulsadas de su territorio por una crisis climática que no causaron y, al mismo tiempo, enfrentan políticas migratorias cada vez más restrictivas cuando buscan protección o alternativas de vida”, dijo Ana Piquer, directora para las Américas de Amnistía Internacional en declaraciones en un comunicado.
En sus conclusiones, la organización instó a la comunidad internacional —y en particular a los países con mayores emisiones históricas— a incrementar el financiamiento climático en forma de donaciones para evitar que naciones vulnerables como Honduras se endeuden.
Esta demanda obedece a la asimetría global: Honduras aporta apenas el 0,4% de las emisiones acumuladas entre 1990 y 2021, mientras que los cinco principales emisores concentran el 48,9%, pese a lo cual el país centroamericano ocupa el puesto 29 en el índice mundial de riesgo de desastres, según el World Risk Report.
A la luz de las recientes opiniones consultivas de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) y la Corte Internacional de Justicia sobre la emergencia climática, Amnistía Internacional pidió crear nuevas categorías migratorias y aplicar el principio de no devolución para estas poblaciones, en virtud del derecho internacional.
De forma paralela, exigió al Estado hondureño reformar la Ley de Desplazamiento Interno para incluir explícitamente a las víctimas del cambio climático, regular las reubicaciones planificadas bajo estándares de derechos humanos y garantizar el acceso a agua potable, el ordenamiento costero y la restauración de los manglares.
