Bloomberg Línea — El paquete de amnistías aprobado por el Congreso Nacional de Honduras fue publicado el 13 de febrero en el Diario Oficial La Gaceta y entró en vigencia de inmediato, permitiendo a los ciudadanos regularizar deudas acumuladas hasta el 31 de diciembre de 2025 sin multas, intereses ni recargos.
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La medida contempla amnistías tributarias, municipales, de energía eléctrica, vehiculares, de telecomunicaciones, de agua potable y migratorias.
El decreto No. 7-2026 establece un período de cuatro meses para acogerse a la amnistía tributaria, dirigida a personas naturales y jurídicas con obligaciones pendientes en impuestos como el Impuesto sobre la Renta, el Impuesto sobre Ventas, la aportación solidaria, el Impuesto al Activo Neto y retenciones.
Los contribuyentes deben acudir a la institución correspondiente, en este caso ante el Servicio de Administración de Rentas (SAR) de Honduras, realizar el pago total o suscribir un plan de pago dentro del plazo establecido para acceder a los beneficios.
Las entidades responsables deberán informar al Poder Legislativo sobre el impacto de la amnistía dentro de los 60 días posteriores a su conclusión.
Amnistía municipal y servicios públicos
El decreto incluye también amnistías municipales, que cubren el pago de impuestos, tasas y contribuciones sin recargos ni intereses, con planes de pago que pueden extenderse más allá del período de vigencia.
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La amnistía energética aplica a deudas con la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), mientras que la amnistía vehicular permite regularizar matrículas de 2025 y años anteriores a través del Instituto de la Propiedad, además de nacionalizar vehículos modelo 2010 o anteriores mediante un pago único de 10.000 lempiras (HNL), que incluye la matrícula 2026.
La amnistía para la Empresa Hondureña de Telecomunicaciones (Hondutel) exime del pago de sanciones a personas naturales, jurídicas y entidades públicas con obligaciones pendientes, y permite la suscripción de convenios de pago.
Para servicio de agua potable y saneamiento, el decreto cubre saldos en mora pendientes de pago con cualquier proveedor del servicio, sea estatal, municipal, comunitario a través de juntas de agua, patronatos o servicios concesionados a empresas públicas o privadas.
El paquete contempla además amnistía migratoria, que suspende temporalmente sanciones administrativas por ingreso a puntos fronterizos no habilitados a favor de personas migrantes en situación irregular o en flujos mixtos de vulnerabilidad, siempre que no representen riesgo para la seguridad nacional y con registro obligatorio ante el Instituto Nacional de Migración.
La publicación del decreto en La Gaceta permite a los ciudadanos iniciar de inmediato los trámites para regularizar sus obligaciones y, según la iniciativa, busca mitigar los efectos de la morosidad en el pago de tributos y servicios, facilitar la recuperación de recursos por parte del Estado y garantizar el acceso equitativo a servicios básicos.
