Bloomberg — México se dispone a publicar unos límites máximos menos onerosos de lo inicialmente propuesto en cuanto a las comisiones que las entidades financieras pueden cobrar por las tarjetas de crédito y débito, en un momento en que los responsables políticos tratan de impulsar los pagos digitales.
Según documentos gubernamentales publicados la semana pasada en la plataforma en línea de México dedicada a los proyectos de normativa, la propuesta revisada introduciría gradualmente unos límites máximos medios anuales del 1% para las tarjetas de crédito y del 0,3% para las de débito de aquí a 2029.
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En 2025, los responsables políticos sugirieron límites máximos para las comisiones de intercambio del 0,6% y del 0,3% para las transacciones con tarjetas de crédito y de débito, respectivamente.
Estas normas forman parte de una iniciativa gubernamental destinada a reducir la dependencia de México respecto al efectivo y a ampliar su sector de servicios financieros. México también ha presentado otra ley que obligaría al Gobierno a aceptar opciones de pago digital para todos los servicios y exigiría el pago digital para determinados servicios.
Aunque se espera que la Secretaría de Hacienda designe algunos servicios este mes, las autoridades han señalado la venta de gasolina y los peajes de carretera como posibles candidatos para los pagos digitales obligatorios.
“Es probable que el borrador revisado se interprete como una modesta victoria para el sector, ya que los participantes evitaron las condiciones mucho más estrictas de la propuesta original del año pasado y consiguieron normas de divulgación más sencillas, una liquidación transfronteriza más flexible y plazos de transición más claros”, escribió el martes Gilberto García, director de asesoramiento estratégico de Miranda Partners, en una nota.
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El Gobierno respondió este mes a los comentarios del sector sobre las normas propuestas. Afirmó que las nuevas normas supondrían un ahorro de unos MXN$20.000 millones (US$1.100 millones) al año, lo que beneficiaría principalmente a las entidades adquirentes que ayudan a las empresas a gestionar los pagos.
Se preveía que su propuesta de 2025 supusiera un costo de US$2.000 millones para los bancos el próximo año, cifra que aumentaría a más de US$3.000 millones para 2031, según Íñigo Vega, analista bancario de Jefferies Financial Group Inc. Con las nuevas normas, Vega estima que el impacto ascenderá a US$1.800 millones para 2031.
“Suponiendo que los nuevos límites entren en vigor en enero de 2027, prevemos un impacto limitado durante los dos primeros años, antes de que el lastre se acentúe con el tiempo”, escribió Vega en una nota publicada el lunes. Estima que los límites reducirán los beneficios del sector bancario en torno a un 4% para 2031.