El jueves 2 de octubre se realizará un paro de transporte en Lima y Callao, convocado como medida de presión para exigir al Gobierno acciones frente a la ola de extorsiones y hechos violentos que ya han dejado víctimas fatales entre conductores y trabajadores del sector. La convocatoria fue anunciada por la Coordinadora de Empresas de Transporte Urbano, que reclama respuestas concretas y urgentes a la problemática de inseguridad.
La decisión se tomó el lunes 29 de septiembre durante una asamblea de la coordinadora, que reúne a 72 empresas, pero se espera que sean más de 450 las que, en realidad, frenen sus operaciones ese día, según detalla un artículo del portal web Infobae.
“Las autoridades no están haciendo nada” para “frenar los asesinatos y el sicariato”, aseguró el representante de la entidad Héctor Vargas, en diálogo con el medio de comunicación RPP.
Vargas sostuvo: “Vemos, con mucha preocupación, que nuestros compañeros transportistas están saliendo a marchar y no hay una autoridad, alguien que corrija, reciba, converse y proponga alternativas de solución”.
También se pronunció Martín Valeriano, representante de la Asociación Nacional de Integración de Transportistas (Anitra). Según afirmó, en la jornada de protesta “participarán un total de 460 empresas, lo que se traduce en miles de unidades que no trabajarán este jueves 2”.
Tras confirmarse la convocatoria al paro, la Autoridad de Transporte Urbano (ATU) señaló que se dispondrán desvíos en las rutas con el objetivo de reducir las complicaciones en las arterias más concurridas. Como ocurrió en ocasiones anteriores, no se descarta que la Policía Nacional del Perú (PNP) ponga a circular sus unidades en las vías de mayor demanda para trasladar a los pasajeros.
La respuesta oficial
Frente al reclamo de los trabajadores, el presidente del Consejo de Ministros, Eduardo Arana Ysa, afirmó que existe “un compromiso real” y “una política clara y estrategias de la Policía Nacional del Perú” coordinadas desde el Ministerio del Interior.
Entre las acciones previstas, mencionó la preparación de un paquete de adquisiciones de geolocalizadores y georeferenciadores destinados a identificar “las llamadas rápidamente” y garantizar que “los mensajes sean ubicados para capturar a la persona que inicia ese proceso criminal”.
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Respecto a la posibilidad de declarar estado de emergencia en Lima y Callao ante la elevada incidencia de crímenes y extorsiones contra transportistas, Arana Ysa indicó que la decisión corresponderá al Ministerio del Interior si se considera pertinente. “No es un problema de presupuesto, sino de estrategia”, subrayó.
