Bloomberg Línea — El viernes 7 de noviembre vencerá oficialmente el Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) otorgado a los venezolanos en 2021, dejando a más de 600.000 personas en Estados Unidos sin estatus migratorio.
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La medida, tomada por la secretaria de Seguridad Nacional (DHS), Kristi Noem, plantea graves riesgos de deportación y pérdidas laborales para los ‘tepesianos’ designados en 2021 y que no se reinscribieron bajo el aviso de extensión del 17 de enero de 2025.
El panorama legal para la designación de TPS para Venezuela en 2023 también ha sido complejo. Si bien en septiembre de 2025, el Tribunal de Distrito de EE.UU. para el Distrito Norte de California emitió una orden final que anulaba la decisión de Noem de rescindir la designación, el DHS apeló esta decisión ante el Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito.
Más adelante, la Corte Suprema de los Estados Unidos permitió que la administración prosiguiera con la terminación mientras continúa la litigación.
En Venezuela, el efecto ha comenzado a sentirse entre los ciudadanos que buscan regresar al país tras años fuera. Helshy Campos, de una agencia de viajes en Maturín, al nororiente venezolano, comentó en octubre a Bloomberg que “los celulares nos explotaron con solicitudes de información desde que Trump canceló el TPS”.
En su blog, Jessica Domínguez, abogada de inmigración en Los Ángeles, California, advirtió sobre las consecuencias inmediatas. “Desde el momento en que termina el TPS, quienes no tengan otra solicitud activa comienzan a acumular presencia indocumentada. Esto puede generar riesgos de detención, castigos migratorios y pérdida de oportunidades laborales o beneficios que dependían del TPS”.
A pesar del fin del TPS, existen alternativas legales para quienes buscan permanecer en Estados Unidos, incluyendo solicitudes de asilo pendientes o nuevas, ajuste de estatus vía familiares o cónyuge ciudadano estadounidense, visa U (para víctimas de ciertos delitos) o VAWA (para víctimas de violencia doméstica) y otros procesos humanitarios.
“Con el fin del TPS, cada venezolano afectado debe revisar su situación migratoria lo antes posible. Es importante consultar directamente con un abogado de inmigración o acudir a organizaciones comunitarias acreditadas, que ofrecen orientación confiable y asistencia gratuita o a bajo costo”, dijo Domínguez.
Además, la consultora Nilan Johnson Lewis explica que los empleadores de venezolanos que están sujetos a esta terminación deben considerar evaluar a sus empleados para otras opciones de visa y considerar trasladarlos a un estatus de no inmigrante si es posible. “Si los empleados que se ven afectados por este despido reciente tienen otras formas de autorización de empleo, los empleadores deben seguir los procedimientos de reverificación I-9″, explica.
Por su parte, el DHS insta a los inmigrantes indocumentados a descargar la aplicación móvil CBP Home para incentivar la salida voluntaria del país y recibir un viaje libre de costo, condonación de cualquier multa pendiente por presencia ilegal y un bono de salida de US$1.000 para facilitar su viaje de regreso a su país de origen u otro país en el que tengan estatus legal.
La participación en el programa de autodeportación puede ayudar a preservar la opción para que un extranjero vuelva a ingresar legalmente en EE.UU. en el futuro.
