Bloomberg — Un juez dictaminó que la administración del presidente Donald Trump debe gestionar el regreso de un grupo de presuntos pandilleros venezolanos deportados a una prisión en El Salvador.
El juez de distrito estadounidense James Boasberg dictaminó que unos 137 hombres enviados en marzo a la prisión CECOT merecen regresar a Estados Unidos para impugnar ante un tribunal cómo fueron designados para su expulsión sin el debido proceso en virtud de la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798. Boasberg dijo que el gobierno debe “facilitar” su regreso y presentar un plan en el plazo de dos semanas.
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Boasberg declaró el lunes que los hombres “no deberían haber sido expulsados de la forma en que lo fueron, prácticamente sin previo aviso y sin oportunidad de impugnar las bases de su expulsión, en clara contravención de sus derechos al debido proceso”. Aunque los hombres fueron enviados posteriormente a Venezuela, dijo, el tribunal seguía teniendo jurisdicción sobre ellos.
Como resultado, EE.UU. debe “deshacer los efectos de su expulsión ilegal facilitando una oportunidad significativa para impugnar su designación” como enemigos extranjeros en virtud de una ley que anteriormente solo se utilizaba en tiempos de guerra, y la validez de la proclamación de Trump invocando ese estatuto, dictaminó Boasberg.
Boasberg se ha enfrentado en repetidas ocasiones con la administración de Trump desde que ordenó sin éxito el regreso de los aviones que transportaban a presuntos pandilleros a la prisión el 15 de marzo. Los aviones siguieron adelante de todos modos, y el Tribunal Supremo de EE.UU. confirmó su fallo de que los detenidos deberían haber sido notificados y haber tenido la oportunidad de exponer su caso ante un juez antes de ser deportados.
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El juez también ha investigado si la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, y otras personas incurrieron en desacato al tribunal por las deportaciones de venezolanos. Pero el Tribunal de Apelaciones de EE.UU. para el Circuito de DC detuvo temporalmente las audiencias que había programado para comenzar el 15 de diciembre después de que EE.UU. argumentó que no tiene autoridad constitucional para proceder y obligar a prestar testimonio a los abogados actuales y anteriores del gobierno. El panel dijo que aún está revisando el caso.
Una portavoz del Departamento de Seguridad Nacional no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.
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