Bloomberg — Un contingente de marines estadounidenses se dirige a Haití para reforzar la seguridad de la embajada en un país asediado por violentas pandillas. Allí deberán enfrentar una realidad cruda: esas bandas podrían usar contra ellos armas de grado militar provenientes de Estados Unidos.
En Haití no se fabrican armas y el país ha estado bajo un embargo de armas desde 2022. Sin embargo, estas abundan. La Oficina de Responsabilidad Gubernamental afirma que el 90% de todas las armas utilizadas en delitos en Haití proceden de Estados Unidos.
No se trata solo de simples pistolas.
En un caótico tiroteo este mes en las afueras de la capital, Puerto Príncipe, la policía mató a siete miembros de una banda y capturó un rifle de francotirador Barret M82 calibre .50, fabricado en Tennessee.
“Se trata de un arma de uso militar”, afirmó Jonathan Lowy, presidente de Global Action on Gun Violence, que colabora con otros gobiernos para frenar el flujo de armas estadounidenses. “Tiene un alcance de una milla. Puede derribar helicópteros y perforar hormigón armado. Cuesta alrededor de US$10.000. No es un arma que un ciudadano ejemplar tendría para proteger su hogar o cazar ciervos”.
Y, sin embargo, basta ser mayor de 18 años y no tener antecedentes penales para comprar una en la mayoría de los estados de Estados Unidos.
Una investigación este año del Departamento de Seguridad Nacional en Miami reveló un “aumento sustancial“ del tráfico de armas hacia Haití y el Caribe, incluyendo rifles de francotirador, fusiles de combate y al menos una ametralladora pesada alimentada por cinta. La agencia no respondió a solicitudes de comentarios.
El caos en el país ha crecido, con las pandillas controlando ahora más del 85% de la capital de Haití, y desplazando a 1,4 millones de personas. Y se produce en un momento en que Washington inunda el Caribe con fuerzas militares para, según afirma, detener el tráfico de drogas y presionar a Venezuela.
Pero para muchos líderes de la región, son las armas estadounidenses las que les preocupan.
Ocho de los diez países y territorios con las tasas de homicidios per cápita más altas del mundo están en el Caribe, según datos del Banco Mundial. No es una coincidencia, afirmó Lowy en una entrevista.
Estados Unidos “es el único país del mundo que es a la vez el principal fabricante y vendedor de armas pequeñas civiles y que tiene algunas de las leyes sobre armas más laxas del mundo”, afirmó. “Se da una tormenta perfecta que facilita la labor de los traficantes de armas”.
Joseph Harold Pierre, analista económico y político haitiano, lo ha vivido de cerca. Esta semana quedó atrapado en Cap-Haitien debido al cierre del transporte aéreo nacional después de que unas pandillas dispararan contra un avión local.
Según Pierre, muchos haitianos culpan a EE.UU. por permitir la entrada de armas en el país, pero las autoridades locales también son cómplices. Un rifle estadounidense puede venderse en Haití por 50 veces su precio de venta en EE.UU. Este lucrativo negocio ha corrompido la industria y la política, afirmó.
El lunes, el Departamento de Estado de EE.UU. impuso restricciones de visado a Fritz Alphonse Jean, miembro del consejo presidencial de transición de Haití, “por apoyar a las bandas y otras organizaciones criminales”. Jean ha negado esas acusaciones, pero es solo uno de los varios actores del sector privado y político que han sido sancionados en los últimos años por supuestamente colaborar con grupos criminales.
“El principal problema no son las armas en sí, sino que no hay voluntad política para controlarlas”, afirmó Pierre.
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5.500 efectivos
Algunos países han intentado frenar el flujo de armas procedentes del norte. En 2021, México demandó a los fabricantes de armas estadounidenses por US$10.000 millones, acusándolos de alimentar la epidemia de violencia en ese país. La Corte Suprema de EE.UU. descartó la demanda este año, argumentando que una ley de 2005 exime de responsabilidad a los fabricantes de armas.
Lowy afirma que Estados Unidos debe tomar medidas drásticas contra los fabricantes y distribuidores de armas que ignoran evidentes señales de alerta. Según él, alrededor del 5% de los distribuidores de armas de EE.UU. son responsables del suministro del 90% de las armas utilizadas en delitos.
“Si se reforma o se cierra a los distribuidores de armas que deciden abastecer al mercado criminal, se puede reducir significativamente el flujo de armas utilizadas en delitos”, dijo. “Centrarse simplemente en procesar a los compradores ficticios y a los traficantes de armas individuales es una lucha inútil”.
Mientras la violencia continúa, Washington ha mostrado su respaldo a un plan de las Naciones Unidas para enviar a Haití una “fuerza de supresión de pandillas” de 5.500 efectivos con la esperanza de sentar las bases para las elecciones generales del próximo año.
La precariedad de la situación quedó patente el 13 de noviembre, cuando los marines que custodiaban la embajada estadounidense se enfrentaron a tiros con presuntos miembros de una pandilla. No hubo soldados heridos, pero la embajada anunció que enviaría más marines para proteger el recinto diplomático, que ya ha sido atacado en el pasado.
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“Si celebramos elecciones en las condiciones actuales, la situación solo empeorará”, afirmó Pierre. “Tenemos que encontrar una salida a este dilema de seguridad”.
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