Bloomberg — El gobierno de Chile confía en poder emprender reformas estructurales de gran envergadura sin ahuyentar a los inversores extranjeros, dice el ministro de Economía del país andino, Nicolás Grau.
“Nuestro principal mensaje es que el cambio no es lo mismo que la incertidumbre”, dijo Grau, de 39 años, en una entrevista el lunes en Ottawa. El funcionario habló en Canadá, donde se encuentra como parte de una visita oficial del presidente Gabriel Boric, quien se reunió con el primer ministro Justin Trudeau y con inversionistas antes de viajar a la Cumbre de las Américas en Los Ángeles.
El gobierno impulsará la productividad mediante el gasto en ciencia, tecnología e innovación, así como en nuevas asociaciones público-privadas. Los funcionarios también racionalizarán las regulaciones, dijo Grau, señalando que algunos proyectos todavía deben buscar más de 100 permisos incluso después de asegurar la aprobación ambiental.
Estas medidas ayudarán a poner fin a una década de estancamiento económico, pero sin incumplir las promesas de disciplina fiscal, dijo Grau, que tiene un doctorado en economía en la Universidad de Pensilvania.
“Es posible tener cambios con certidumbre cuando se tiene un camino claro y sin sorpresas”, dijo el ministro.
Grau está ayudando a dirigir una de las economías más ricas de América Latina en un periodo de transición tras atravesar su mayor agitación social en una generación. El antiguo profesor universitario está contribuyendo a poner en práctica la visión de Boric de una mayor igualdad y crecimiento inclusivo. Lo hace en un momento especialmente complicado, en el que el crecimiento se ralentiza y la inflación anual supera el 10%, el nivel más alto en 28 años.
Al mismo tiempo, la Convención Constitucional está redactando una nueva carta magna que se someterá a un referéndum nacional el próximo 4 de septiembre. Muchas empresas optan por mantenerse al margen hasta que haya más claridad jurídica y normativa.
Nueva Constitución
En cuanto a los esfuerzos de Chile por escribir una nueva Constitución, Grau dijo que la incertidumbre entre los inversores ha disminuido después de que algunas de las propuestas más polémicas no llegaran al borrador.
“La gente piensa -sobre todo los inversores extranjeros- que la Constitución es razonable”, dijo.
Sondeos recientes muestran que hay más votantes que tienen la intención de rechazar el documento que de aprobarlo. Sin embargo, este resultado no es número puesto, ya que las encuestas de opinión pública indican que alrededor del 20% de los encuestados están indecisos.
Si se aprueba por mayoría simple, la nueva Constitución abriría el camino a salvaguardias medioambientales más estrictas, una representación más sólida de las mujeres y las comunidades indígenas y una mayor consideración del banco central. Reemplazaría la actual carta que data de la dictadura de 1973-1990.
El llamado estallido social de Chile comenzó en 2019, cuando protestas provocadas por el aumento de las tarifas del transporte público se transformaron en un movimiento social más amplio. Como parte de un plan para rebajar las tensiones, los partidos políticos y el ex presidente Sebastián Piñera respaldaron un plebiscito que despejara el camino para la redacción de una nueva Constitución.
“Estamos enfrentando el problema que teníamos hace tres años con el descontento social, y estamos resolviendo ese problema con más democracia, fomentando las instituciones y siguiendo siempre los acuerdos que hicimos en todo el espectro político”, dijo Grau. “La forma en que Chile está resolviendo estos problemas es algo que debería dar más confianza a los inversores sobre el futuro”.