Bloomberg Línea — Daniel Ortega aprovechó su participación en un homenaje en Caracas por los 10 años de muerte de Hugo Chávez para atacar a Naciones Unidas y Estados Unidos, el principal socio comercial de Nicaragua.
En este evento, desarrollado la semana pasada, dijo que la Organización de las Naciones Unidas (ONU), solo sirve para “injuriar y calumniar”, en una posible reacción al último informe del Grupo de Expertos de la ONU para Nicaragua, en que lo señalan a él y a su esposa Rosario Murillo, funcionarios de la Policía Nacional, Ministerio de Salud y otros, de cometer crímenes de lesa humanidad.
Además, dijo que Naciones Unidas sirve “para estimular, respaldar, apoyar agresiones, invasiones, terrorismo contra los pueblos, bloqueos contra los pueblos y para injuriar, calumniar, condenar a los pueblos heroicos que defienden su dignidad”, al referirse a Venezuela, Cuba y Nicaragua “como los pueblos del mundo que no están dispuestos a someterse al imperio yanqui”.
La ONU no ha sido la única en señalar la represión autoritaria de Ortega-Murillo en días recientes. El papa Francisco la calificó de “dictadura grosera”, con tintes de “dictadura comunista o hitleriana”.
“Es una cosa que está fuera de lo que estamos viviendo, es como si fuera traer la dictadura comunista de 1917 o la hitleriana del 35, traer aquí las mismas... Son un tipo de dictaduras groseras. O, para usar una distinción linda de Argentina, guarangas”, afirmó el Pontífice.
El Papa también habló del obispo Rolando Álvarez, quien, según el gobierno, se negó a irse junto con otros 222 nicaragüenses al destierro en Estados Unidos. “Ahí tenemos un obispo preso, un hombre muy serio, muy capaz. Quiso dar su testimonio y no aceptó el exilio”, dijo el máximo jerarca de la iglesia Católica.
También otras organizaciones han pedido su liberación, pero el gobierno lo condenó el 10 de febrero a 26 años y 4 meses de cárcel, acusándolo de ser “traidor a la patria”. En los últimos días, sus familiares y allegados han denunciado su desaparición al no tener noticias suyas por parte de las autoridades.
En reacción a las declaraciones del papa, la Cancillería de Nicaragua anunció que se plantea “una suspensión” de relaciones diplomáticas entre el estado del Vaticano y Nicaragua.
España propone suspender a Nicaragua del AdA
A principios de mes, el Senado de España propuso la posibilidad de suspender a Nicaragua del Acuerdo de Asociación (AdA) entre la Unión Europea y Centroamérica, que se uniría a las sanciones que socios comerciales, como Estados Unidos, ya han impuesto contra el gobierno nicaragüense.
Esta propuesta de la Comisión de Asuntos Iberoamericanos de la Cámara Alta española se fundamenta en el apoyo mayoritario a una moción del Partido Popular, que insta al Gobierno a liderar desde la UE, todas las medidas que permitan poner fin a la vulneración de los derechos humanos en Nicaragua.
El AdA fue suscrito en 2012, por Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá de un lado, y la Unión Europea por el otro. Según expertos, una sanción de ese nivel implicaría que Nicaragua deje de tener acceso privilegiado a los mercados comunitarios europeos.
El impacto comercial afectaría las exportaciones de Nicaragua a Europa por US$ 331,1 millones al año, según el Centro de Trámites de las Exportaciones (Cetrex).
En una reunión entre los cancilleres de Rusia y Nicaragua, Serguéi Lavrov y Denis Moncada, señalaron su oposición a las sanciones unilaterales que según ellos “contradicen al derecho internacional, así como la importancia de proteger la soberanía de los Estados y de no interferir en los asuntos internos”.
Violaciones de derechos humanos
Human Rights Watch (HRW) documentó esta semana en un informe, para el que investigó 159 casos y se realizó con entrevistas a 291 víctimas y testigos, violaciones de derechos humanos tales como ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias, torturas que incluyeron violencia sexual, o privación arbitraria de la nacionalidad y otros abusos por parte del gobierno nicaragüense.
En febrero, la Asamblea Nacional aprobó una ley especial para que los “traidores a la patria” pierden la calidad de nacional nicaragüense. Bajo esta legislación, el gobierno se amparó para despojar de la nacionalidad, primero a los 222 expresos políticos y después a otras 94 personas, entre periodistas, empresarios, líderes de sociedad civil y escritores, incluyendo a Sergio Ramírez.
Las medidas radicales del gobierno también han incluido la eliminación de la personería jurídica de organizaciones y universidades. Días atrás, el gobierno también anunció el cierre del Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep) y todas las cámaras que lo integraban.
Al respecto, el académico y activista Félix Maradiaga dijo que con esta decisión “Ortega aísla aún más a todo el país de inversiones que puedan generar empleos y oportunidades, y lo acerca a las tiranías como Cuba, Venezuela, China e Irán”.
