Bloomberg Línea — La oposición nicaragüense ha delineado un conjunto de condiciones que considera indispensables para abrir el camino hacia una transición democrática en el país gobernado por Daniel Ortega y Rosario Murillo desde 2007.
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La organización Unamos (Unión Democrática Renovadora) dijo en un pronunciamiento esta semana que el régimen “se encuentra en sus días finales, sin respaldo interno, aislada y condenada internacionalmente”, por lo que consideró que es el momento de fortalecer la unidad de todas las fuerzas políticas y sociales “para abrir las puertas a una transición democrática en Nicaragua”.
Como primer paso para “despejar el camino hacia la libertad de los nicaragüenses”, la organización insta a la liberación total e inmediata de todas las personas presas por razones políticas, la anulación de juicios y sentencias consideradas ilegales y la limpieza de sus expedientes.
También el retorno seguro de quienes han sido exiliados o desterrados, la restitución de su nacionalidad y el acceso pleno a derechos ciudadanos y documentación oficial.
Unamos plantea además el restablecimiento pleno de la libertad de expresión, de organización y de movilización, incluyendo la devolución de instalaciones, equipos y licencias a medios de comunicación, así como la restitución de la personalidad jurídica de partidos políticos afectados por la represión.
La libertad religiosa también forma parte de sus demandas, con el cese de persecuciones a iglesias, sacerdotes, religiosas y pastores. Hasta septiembre de nicaragüenses, más de 260 religiosos habían sido desterrados, según registros de la organización humanitaria Colectivo Nicaragua Nunca Más.
La iniciativa también solicita la devolución de derechos y propiedades a asociaciones civiles, universidades, cámaras empresariales y organizaciones no gubernamentales que hayan sido despojadas, así como la restitución de registros académicos, pensiones, cuentas bancarias y bienes a personas desnacionalizadas.
La reincorporación de empleados públicos desplazados por motivos políticos, incluyendo docentes y personal de salud, es otro punto.
Asimismo, la organización política reclama la depuración del sistema judicial, garantizando la participación de magistrados independientes. De igual forma, exige acceso inmediato y sin restricciones de organismos especializados a cárceles y unidades policiales para supervisar el respeto de los derechos fundamentales.
Presión sobre Ortega y Murillo
Las demandas desde la sociedad civil se producen en un escenario marcado por el debilitamiento internacional del régimen y de sus aliados en Venezuela y Cuba.
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En diciembre, Estados Unidos impuso aranceles progresivos a Nicaragua a causa de políticas económicas que considera violatorias de los derechos humanos.
Además, este 26 de febrero, el Departamento de Estado de EE.UU. anunció que está imponiendo sanciones a cinco altos funcionarios nicaragüenses “que incitaron a la inestabilidad regional mediante la consolidación de poder de la dictadura y los abusos continuos contra el pueblo nicaragüense”.
En un comunicado, el viceportavoz principal Tommy Pigott dijo que la administración Trump continuará utilizando “todas las herramientas diplomáticas y económicas disponibles para abordar a quienes amenazan la seguridad nacional de Estados Unidos en nuestro hemisferio”, al tiempo que reiteró el llamamiento a la liberación inmediata e incondicional de todos los presos políticos en Nicaragua.
La Organización de Estados Americanos (OEA) también ha expresado recientemente su preocupación por la situación de Nicaragua y “su falta de participación en mecanismos regionales e internacionales de derechos humanos”.
En el plano regional, la captura de Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores durante una operación militar de Estados Unidos en Caracas el 3 de enero afectó el sostén político y económico que Venezuela brindaba a Ortega y Murillo.
Un informe que hizo la organización Hagamos Democracia a finales de 2025 ya anticipaba este sentimiento, cuando más del 97% de las personas encuestadas en 40 municipios decía que una eventual caída de Maduro sería un factor que podría incidir en transformaciones políticas en Nicaragua.
A nivel interno, analistas del Centro de Estudios Transdisciplinarios de Centroamérica (Cetcam) señalan que la pretendida sucesión de Ortega por Murillo, su esposa y copresidenta, atraviesa un momento crítico por su falta de liderazgo y legitimidad que ha generado tensiones dentro del partido Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), que a su vez estaría en uno de sus niveles más bajos de respaldo en la historia reciente del sandinismo, rozando apenas el 12%.
El mismo informe detalla distintos escenarios de cara a las elecciones generales de noviembre de 2027, que van desde la permanencia del régimen con control total mediante la represión, hasta variantes de transición controlada por la élite orteguista o un proceso democrático más amplio impulsado por la presión interna y externa, “Washington incluido, y la acción de las fuerzas prodemocracia, obligando al régimen a restituir libertades y derechos fundamentales”.
