Bloomberg Línea — La obtención de una visa de turismo o negocios para Estados Unidos por parte de ciudadanos nicaragüenses requiere, desde el 2 de abril, un depósito reembolsable de hasta US$15.000 en casos evaluados como de riesgo migratorio.
Ver más: EE.UU. exigirá depósito de hasta US$15.000 a nicaragüenses para visas de turismo y negocios
A casi un mes de la entrada en vigor de esta medida, la Embajada de Estados Unidos en Managua detalló en una publicación redes sociales el protocolo que deben seguir los solicitantes para aplicar a una visa dentro del nuevo programa de fianzas.
El monto de la garantía no es elegido por el aplicante. El oficial consular lo fija durante la entrevista y puede ser de entre US$5.000, US$10.000 y US$15.000.
Según los lineamientos, esta garantía económica se aplica cuando el funcionario detecta factores como un historial de viajes débil, falta de arraigo o un perfil que sugiera la posibilidad de permanencia irregular en el país.
Pasos para solicitar la visa de EE.UU.
Para el trámite, el solicitante sigue el proceso estándar, de llenar el formulario DS-160, pagar de la tarifa consular y asistir a la cita en la Embajada, durante la cual se le indicará si su visa es aprobada. En ese caso, el cónsul le dará instrucciones para pagar la fianza, con un código único de su caso que necesitará para el pago.
Ver más: Estos son los pasaportes más poderosos de América Latina y del mundo en 2026
La segunda etapa exige pagar el depósito en un plazo máximo de 30 días a través de la plataforma oficial del Tesoro de EE.UU. (Pay.gov). El uso de terceros o sitios no oficiales para hacer este pago anula la garantía de que el dinero será devuelto.
Al pagar la fianza, recibirá su pasaporte con la visa para una entrada única, válida por tres meses. Esto significa que el documento solo permite un viaje.
Actividades permitidas con la visa
En la tercera fase del proceso, el ciudadano nicaragüense debe ingresar y salir de EE.UU. exclusivamente a través de aeropuertos comerciales.
Ver más: Visa al Reino Unido para nicaragüenses: desde cuándo entra en vigor y cuánto costará
Queda prohibido el uso de vuelos chárter, aviación general, cruces terrestres o puertos marítimos, bajo pena de ser devueltos en el punto de entrada o registrar una salida no válida, explicó el Gobierno estadounidense.
Cuando entre a los EE.UU., se le indicará su tiempo de estadía. Debe salir antes de vencerse este período y cumplir con las condiciones de la visa.
Si tiene una visa de visitante B1/B2, durante su estadía puede hacer actividades de turismo, vacaciones, ir de compras, visitar a amigos o familiares, reunirse con socios de negocios y asistir a una convención o conferencia, explicó la Embajada.
En tanto, no puede hacer turismo de maternidad, es decir, viajar a EE.UU. para dar a luz con para que su hijo obtenga la ciudadanía estadounidense, trabajos remunerados por un empleador o una empresa estadounidense, estudios para obtener un título o créditos académicos o presentaciones remuneradas.
Como la visa es de entrada única, luego de ese primer cruce, el ciudadano deberá iniciar un nuevo trámite si desea volver a ingresar a territorio estadounidense.
Devolución de la fianza
Los fondos se reembolsan una vez que la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) registra la salida puntual, en un proceso que puede tardar algunas semanas.
Ver más: Estos son los pasaportes más poderosos de América Latina y del mundo en 2026
El reembolso procede si el viajero sale antes de la fecha de vencimiento, si finalmente no viaja antes de que expire la visa, o si es rechazado en el puerto de entrada.
Por el contrario, la pérdida total de los fondos ocurre ante cualquier incumplimiento de las normas migratorias. El dinero se retiene si las autoridades registran una salida tardía, si la persona se excede del tiempo autorizado o si intenta cambiar su estatus migratorio dentro del país, incluyendo la presentación de solicitudes de asilo.
Nicaragua fue incluida en esta política a finales de marzo, sumándose a Venezuela y Cuba como los únicos tres países de América Latina sujetos a esta regulación de la administración de Donald Trump.
En total, 50 naciones integran ahora esta lista, la cual, según Washington, busca ahorrar a los contribuyentes unos US$800 millones anuales al desincentivar la migración irregular, ya que cada deportación tiene un costo promedio superior a los US$18.000.
