Buenos Aires — La Procuración del Tesoro de la Nación presentó ante el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York, en el marco del juicio vinculado a la expropiación de YPF (YPF) en 2012, un pedido formal para suspender el proceso de discovery y el pedido de desacato de los demandantes, según informó este miércoles en un comunicado oficial.
“El hostigamiento sistemático contra un Estado soberano y aliado de los Estados Unidos, mediante pedidos de discovery intrusivos, desproporcionados y desvinculados de la búsqueda de activos ejecutables, constituye una afectación directa a la soberanía argentina y a las relaciones internacionales”, escribieron desde la Procuración del Tesoro de la Nación, en referencia a las decisiones de la jueza de la Corte de Distrito Sur de Nueva York, Loretta Preska.
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Además, destacaron que, “a diferencia de administraciones anteriores que fueron declaradas en desacato en diversas oportunidades, desde su asunción en diciembre de 2023, este Gobierno siguió plenamente con el proceso de discovery ordenado en esta causa, cumplió con todas las obligaciones impuestas por el tribunal y realizó un esfuerzo extraordinario para entregar toda la información razonablemente relevante que le fue requerida, con un volumen de producción sin precedentes”.
“La cantidad de documentación entregada fue extraordinaria y superó ampliamente las 115.000 páginas”, remarcaron y puntualizaron que, “pese a ello, los demandantes no lograron identificar siquiera un solo activo embargable” en el litigio por la nacionalización de YPF.
“Frente a ese resultado, los demandantes escalaron sus reclamos hacia pedidos cada vez más jurídicamente inaceptables, invasivos, costosos y completamente ajenos al objeto del proceso”, consideró y manifestó que en las últimas semanas, Burford “escaló la presión” mediante una solicitud de declaración de desacato y un pedido sobre las reservas de oro del BCRA.
En tanto, desde la Procuración aclararon que “esas reservas son propiedad del Banco Central” y que, como tales, “resultan protegidas por la inmunidad de ejecución, es decir, constituyen activos no ejecutables, por lo que cualquier requerimiento de información al respecto resulta manifiestamente improcedente”.
