Buenos Aires — El Gobierno nacional prepara un giro profundo en el mercado inmobiliario con el envío al Congreso de un proyecto de ley de desregulación que busca modificar el funcionamiento de la actividad. Se trata de una iniciativa impulsada por el ministro Federico Sturzenegger, que apunta a reducir barreras de entrada, flexibilizar condiciones de operación y redefinir el rol de los intermediarios.
Personas relacionadas con la elaboración del proyecto manifestaron a Bloomberg Línea que el eje central del proyecto es un cambio conceptual: la intermediación inmobiliaria dejaría de ser considerada una actividad profesional para pasar a encuadrarse como una actividad comercial. En la práctica, esto implica que ya no sería obligatorio contar con matrícula para operar. El registro pasará a ser voluntario y quedará en manos de instituciones que certifiquen idoneidad, sin carácter excluyente.
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En la misma línea, la propuesta elimina la exigencia de contar con un título universitario para ejercer la actividad. Este punto desarma uno de los principales requisitos vigentes en varias jurisdicciones y abre la puerta a una mayor competencia en el sector.
Otro de los cambios más relevantes es la pérdida de poder de los colegios profesionales. Según el proyecto, estas entidades dejarán de tener facultades sancionatorias o de control sobre los operadores. Los conflictos entre partes, en tanto, pasarán a resolverse exclusivamente en el ámbito judicial, sin instancias administrativas intermedias.
La iniciativa también avanza sobre las restricciones geográficas. Actualmente, en muchas provincias los corredores inmobiliarios deben inscribirse o revalidar su matrícula para operar en distintas jurisdicciones. Con la nueva ley, esas limitaciones quedarían eliminadas: cualquier persona podría intermediar operaciones en todo el país sin necesidad de trámites adicionales.
En materia de honorarios, el proyecto propone una liberalización total. Se eliminarán los aranceles mínimos y cualquier esquema de comisiones reguladas, al permitir que los precios se definan libremente entre las partes. Este punto busca introducir mayor competencia en los costos de intermediación, aunque también podría generar dispersión en los valores de mercado.
El texto incluiría además una cláusula de “derogación en cascada”, destinada a dejar sin efecto todo el entramado normativo vigente que imponga requisitos como matrícula obligatoria, títulos habilitantes, sanciones extrajudiciales, restricciones territoriales o precios regulados. Se trata de una herramienta clave para asegurar que la desregulación tenga alcance nacional y no quede limitada por legislaciones locales.
La propuesta se enmarca en una estrategia más amplia del Gobierno orientada a reducir regulaciones en distintos sectores de la economía. En este caso, el foco está puesto en el mercado inmobiliario, históricamente regido por normativas provinciales y con fuerte presencia de colegios profesionales.
Desde la óptica oficial, la desregulación podría facilitar el acceso a la actividad, aumentar la competencia y, eventualmente, reducir costos para compradores, vendedores e inquilinos. Sin embargo, el proyecto también abre interrogantes sobre la calidad del servicio, los mecanismos de control y la protección de los consumidores en un mercado altamente sensible.
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