Bloomberg — Un consorcio de empresas de dragado respaldado por KKR & Co. se quejó ante la Casa Blanca por condiciones que considera injustas en la licitación de un importante contrato en Argentina y pidió una “intervención oportuna” de EE.UU.
Las compañías enviaron una carta que coincidió con la visita a Washington la semana pasada de Santiago Caputo, principal asesor del presidente argentino Javier Milei, para discutir la subasta con funcionarios estadounidenses. La licitación del contrato, que el gobierno espera atraiga US$10.000 millones en inversiones, entra además en su fase decisiva y el ganador podría anunciarse entre mayo y junio.
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El grupo sostiene que la autoridad portuaria argentina aceleró el proceso para favorecer a su único competidor y que Milei desconoce lo que las empresas consideran condiciones desiguales, según una copia de la carta del 11 de mayo vista por Bloomberg.
“Una intervención oportuna ahora podría ser importante antes de que la licitación avance hacia un resultado final”, señala la carta firmada por KKR y los otros tres integrantes del consorcio. En referencia a Milei, agrega: “Nuestra suposición es que no está al tanto del claro sesgo contra la inversión respaldada por EE.UU. que ahora parece estar surgiendo”.
La carta está dirigida a Michael Jensen, asistente especial del presidente Donald Trump y director senior para asuntos del Hemisferio Occidental en el Consejo de Seguridad Nacional, quien se reunió con Caputo. Jensen y Caputo discutieron la licitación durante el encuentro, aunque Jensen no planteó objeciones sobre el proceso, según una persona familiarizada con la reunión.
Además de KKR, el consorcio está liderado por la firma belga de dragado Deme Group NV e incluye a la estadounidense Great Lakes Dredge & Dock Corp., así como a la firma de inversión Clear Street Group Inc.
Formalmente, solo Deme figura en la oferta para la concesión de la vía navegable, supervisada por la Agencia Nacional de Puertos y Navegación de Argentina. Iñaki Arreseygor, director de la agencia, dijo que Deme podría haber incorporado a sus socios hace meses antes de presentar la oferta, pero no lo hizo. La legislación argentina, así como las reglas de la licitación acordadas por todas las partes, no permiten más cambios en las propuestas en esta etapa, afirmó Arreseygor en un mensaje de texto.
KKR y Deme declinaron hacer comentarios. Un portavoz de Milei remitió las consultas a la agencia de navegación.
Un funcionario estadounidense dijo que el embajador de EE.UU. en Argentina, Peter Lamelas, sigue de cerca la licitación y confía en que el proceso será justo y transparente. El consorcio que incluye a KKR también fue aceptado en el Advocacy Center del Departamento de Comercio de EE.UU., un programa que brinda apoyo oficial a empresas que buscan obtener contratos en el extranjero, según otras personas familiarizadas con el asunto.
Además del respaldo de KKR, el grupo obtuvo cartas de la Development Finance Corp. y de la International Finance Corp. en las que expresaban disposición a financiar el proyecto si el consorcio gana la licitación.
Caputo, asesor de Milei, también se reunió en Washington con Brian Mast, congresista de Florida y presidente del Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes. Representantes de Mast y de su comité no respondieron a solicitudes de comentarios.
Contrato crucial
En el centro de la disputa geopolítica está el contrato de dragado del río Paraná, la principal vía económica de Argentina, por donde se exporta la mayor parte de los granos del país. Años de sequía y licitaciones fallidas han dejado el canal poco profundo, lo que provoca que los barcos encallen, transporten menos carga y pierdan tiempo. Profundizar la vía impulsaría el comercio y el crecimiento económico que busca Milei
Dragar el canal de navegación del Paraná es una prioridad para la industria exportadora de granos de Argentina. Aunque el país sigue siendo una potencia mundial del sector, en los últimos años quedó muy rezagado frente al auge de Brasil, principal proveedor de alimentos de Sudamérica.
El contrato del río forma parte de un paquete de concesiones y privatizaciones que Milei quiere impulsar para recortar el gasto público y captar dólares mediante ventas de activos. Sin embargo, muchos de estos proyectos han enfrentado obstáculos: el primer intento de Milei de licitar el contrato de dragado fue cancelado hace un año después de que solo Deme presentara una oferta. La empresa afirmó entonces que esa versión de la subasta favorecía a otro gigante belga del dragado, Jan De Nul SV.
En la concesión del Paraná, Milei estableció una condición interpretada como un guiño al gobierno de Trump: ninguna empresa estatal puede participar, lo que en la práctica excluye a compañías chinas que anteriormente realizaron tareas de dragado en Argentina. Sin embargo, el consorcio estadounidense sostiene que otras reglas, como un precio mínimo para las ofertas, no se ajustan a los estándares del sector.
Deme vuelve a competir con Jan De Nul, que tuvo durante 25 años la concesión del Paraná. El consorcio de Jan De Nul incluye a la firma argentina Servimagnus SA. Ambas compañías belgas han trabajado con empresas chinas en otras regiones, y Servimagnus colaboró anteriormente con la estatal CCCC Shanghai Dredging Co. en proyectos en Argentina. La firma argentina asegura que actualmente no mantiene vínculos ni contratos con entidades estatales.
Por su parte, Jan De Nul destacó la competencia más agresiva en Argentina, donde recientemente ganó un contrato menor de dragado para el Puerto de Buenos Aires, señalando que su oferta de alrededor de US$5 millones fue mucho mejor que la propuesta de US$6,7 millones presentada por Deme.
Sobre la licitación del Paraná, Jan De Nul afirmó en un comunicado que “el proceso de licitación pública es transparente y cuenta con mecanismos para impugnar el procedimiento. Hasta la fecha, y según nuestro conocimiento, ningún participante ha presentado objeciones de ese tipo”.
Aunque Deme objetó algunos aspectos del proceso, sus reclamos no fueron formalmente considerados porque se negó a pagar una garantía de impugnación de US$10 millones, requisito establecido por las autoridades argentinas. Si los funcionarios rechazan la impugnación de una empresa, igualmente retienen la garantía.
En la carta enviada a la Casa Blanca, KKR y sus socios señalaron que la Agencia Nacional de Puertos y Navegación descalificó ocho de los nueve proyectos que Deme presentó para demostrar su experiencia en dragado, pese al historial global de la empresa. Su socio Great Lakes también realiza dragados en partes del río Misisipi.
Arreseygor, jefe de la agencia, sostuvo que Deme no presentó documentación completamente terminada y que la propia empresa reconoció ese hecho.
Las autoridades argentinas también tardaron dos semanas en revisar más de 5.000 páginas de documentación presentadas por Deme, lo que “genera serias preocupaciones de que la evaluación técnica estuvo orientada hacia un resultado predeterminado en lugar de realizarse en igualdad de condiciones”, según la carta.
“Esta concesión representa una oportunidad concreta para avanzar los intereses empresariales de EE.UU. en Argentina”, dijeron las compañías. “Lamentablemente, si continúa la trayectoria actual, la concesión enviará el mensaje opuesto: que la vieja forma de hacer negocios en Argentina todavía prevalece y podría desalentar la inversión estadounidense”.
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