Buenos Aires — El juicio por YPF vuelve a aparecer como un nubarrón en el horizonte de una Argentina que busca reinsertarse al mundo y refinanciar su deuda soberana. Los beneficiarios del fallo por la expropiación de la petrolera, ocurrida en 2012 durante el segundo gobierno de Cristina Kirchner, presentarán este jueves un escrito en el que le pedirán a la jueza Loretta Preska, a cargo del Tribunal del Distrito Sur de Nueva York, que declare al país en desacato y aplique sanciones.
De prosperar, la decisión podría infligir un daño considerable en la reputación del país que el gobierno de Javier Milei ha estado intentando recomponer.
La sentencia por US$16.100 millones más intereses que pesa sobre Argentina por la reestatización de YPF cumplió en septiembre dos años. Desde entonces, el bufete inglés Burford Capital, que compró los derechos del litigio al Grupo Petersen en 2015 y es el principal beneficiario del caso que se inició ese año en los tribunales neoyorquinos, ha intentado determinar la figura del alter ego entre el Estado argentino e YPF, pero también otras entidades estatales como el Banco Central (BCRA), el Banco Nación (BNA), Aerolíneas Argentinas o Enarsa.
En ese intento, y con el fin de eventualmente embargar activos argentinos, pidió que 36 funcionarios y ex funcionarios de la Argentina entreguen información contenida en sus teléfonos celulares.
El sábado 10 de enero venció el plazo que puso la jueza Preska para la entrega de información en el proceso de Discovery. Seis funcionarios del actual Gobierno se negaron a entregar esa documentación amparándose en el derecho a la privacidad y la inviolabilidad de la correspondencia que garantiza por el artículo 18 la Constitución Nacional.
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Los Whatsapp de la discordia
El Gobierno argentino rechaza que la Argentina se encuentre en desacato en el litigio. Desde la Procuración del Tesoro aseguran haber actuado conforme a derecho, respetando las decisiones judiciales y creen que han cumplido con creces a lo largo de toda esta etapa procesal, que ha demandado casi dos años de trabajo e implicó la producción de más de 110.000 elementos probatorios.
En relación con el pedido de entrega de información de dispositivos y cuentas personales de funcionarios, la Procuración también remarca que no debe perderse de vista que la orden de la Jueza Preska sobre este punto se encuentra apelada ante la Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito.
El lunes 12 de enero, de hecho, el país presentó ante ese tribunal un escrito con los argumentos de la posición argentina. Allí, pidió que se revoque el proceso “extraordinario” de Discovery ya que “ordena a una nación soberana que obtenga los dispositivos personales y las cuentas de sus altos funcionarios actuales y anteriores, algo que la República no puede hacer por la fuerza según la legislación argentina”.
No obstante, el Gobierno argumenta que “en un esfuerzo de buena fe por cumplir con la orden, la República ha solicitado la cooperación voluntaria de cada uno de los funcionarios afectados”. Y si bien señaló que varios funcionarios han dado su consentimiento y la República ha estado recopilando y presentando sus comunicaciones potencialmente relevantes, “otros funcionarios se han negado, invocando sus derechos en virtud de la legislación argentina”.
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“En cuanto a los funcionarios que no han dado su consentimiento, la República no tiene forma de acceder a la información de sus dispositivos y cuentas personales sin violar los derechos constitucionales a la privacidad y la propiedad”, expresa el texto, “En resumen, la República ha agotado por completo su capacidad para cumplir con la Orden de Dispositivos Personales, pero los demandantes siguen sin estar satisfechos”, agregó.
Por todo ello, desde la Procuración anticipan que el 19 de febrero próximo, fecha estipulada para que la defensa argentina presente su escrito, impugnarán las acusaciones de Burford.
Tras esa instancia, entre el 23 y 24 de marzo se realizará una audiencia tras la cual la jueza Preska determinará si encuentra o no a la Argentina en desacato.
Sebastián Soler, ex subprocurador del Tesoro, explica que el motivo por el que Burford pretende acceder a estas comunicaciones es porque supone que pueden contener evidencias de que el gobierno nacional ejerce un control tan intenso y cotidiano sobre YPF, el Banco Central, Aerolíneas y/o ENARSA como para considerarlas alter egos del Estado nacional y, en tal caso, dejar sus activos en Estados Unidos, si los hubiese, a tiro de embargo.
Sin embargo, recuerda que entre 2002 y 2015, los fondos buitre ya lo intentaron y la justicia estadounidense rechazó todos sus planteos porque concluyó que el control ejercido por el gobierno nacional de entonces era el lógico tratándose de empresas y organismos estatales.
A través de un mensaje publicado en redes sociales, agregó que Argentina argumentará que no puede entregar esas comunicaciones sin el consentimiento de los individuos afectados porque son ellos las que las tienen en su poder y su confidencialidad está amparada por normas constitucionales y de protección de datos personales. Pero añade: “Preska ya desestimó ese argumento porque considera que las normas argentinas de acceso a la información pública neutralizan esa clase de objeciones cuando los funcionarios deciden utilizar cuentas personales para tratar asuntos oficiales”.
Y en esa línea, aclara que la orden de Preska no requiere que los funcionarios entreguen todos los mails y mensajes contenidos en sus dispositivos y cuentas personales, sino solo aquellos considerados relevantes para el caso porque contienen alguna palabra de la lista de términos clave acordados por las partes.
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¿Argentina en desacato?
La última vez que Argentina entró en desacato con una corte internacional fue durante el gobierno de Cristina Kirchner. Eran tiempos en que el país ya estaba aislado de los mercados, por lo que la decisión no tuvo un impacto significativo en ese sentido.
“Había poco interés en Argentina y entonces el desacato no dolió tanto”, graficó Sebastián Maril, director de LATAM Advisors y especialista en los litigios internacionales que enfrenta el país.
Pero ahora la situación es distinta. Argentina está intentando reinsertarse en el mundo, acceder a los mercados para refinanciar su deuda y buscando inversiones. “Mientras busca cambiar su reputación y mostrarle otra imagen al mundo, de respeto por las leyes internacionales, entrar en desacato con la principal plaza financiera del planeta no es nada divertido”, advierte Maril.
La decisión, sin embargo, no se conocerá antes del 24 de marzo.
Luego de que Burford Capital presente este jueves su escrito y Argentina rechace las acusaciones el 19 de febrero, el 5 de marzo los demandantes podrán presentar su descargo a la respuesta argentina. Y entre el 23 y 24 de ese mes, se realizará una audiencia conocida como evidentiary hearing en Estados Unidos.
Allí, explica Maril, habrá una especie de indagatoria de evidencia de dos días, donde Argentina y los beneficiarios del fallo presentarán ante la jueza Preska toda la información ya presentada y podrán presentar testigos y algún tipo de declaración específica de expertos.
“A partir del 24 de marzo, Preska puede decir si Argentina está o no en desacato. Puede tardar un día, una semana, un mes, un año, no lo sabemos. Pero no es un fallo que debería demorar mucho, no requiere mucho análisis, interpretación y razonamiento de la jueza: es blanco o negro”, anticipa.
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Una resolución compleja que aún no inquieta a inversores
A juzgar por los niveles actuales de riesgo país argentino (580 puntos), el caso YPF no pareciera todavía haberse colado como una preocupación mayúscula -o al menos de corto plazo- para inversores. “No lo veo preocupante para el inversor en esta instancia”, dice Javier Timerman, managing partner de Adcap y quien cuenta con una amplia trayectoria en Wall Street.
“El problema del juicio de YPF es que tiene muchos tentáculos. Actualmente hay cinco apelaciones simultáneas en la Corte de Apelación del segundo circuito de Nueva York y las cinco con jueces diferentes, en teoría”, explica Maril.
La resolución del caso es compleja por diversos motivos. Uno de ellos es que la legislación argentina impide que el país pueda pagar ningún juicio sin que ese juicio se haya vuelto inapelable. “Argentina no debería y no va a pagar hasta que haya un fallo final”, señala Maril.
Pero además, la historia reciente ha dado a los funcionarios del actual Gobierno motivos suficientes para alejarse de la mesa de negociación. En 2016, tras el acuerdo con los holdouts de la deuda argentina, la Justicia argentina inició una investigación contra funcionarios del gobierno de Mauricio Macri, que ahora también forman parte de la Administración de Javier Milei, para buscar determinar si habían cometido negociaciones incompatibles con la función pública. Entre ellos, el ministro de Economía, Luis Caputo, y el actual presidente del Banco Central, Santiago Bausili.
Bausili fue incluso procesado por esa causa, aunque la Justicia revocó esa sentencia en 2023.
“El tema con YPF es que hay dos tipos de juicios: los ‘normales’ y ‘corrientes’ que son temas legales, como el de los holdouts, o lo del cupón PBI… esos son juicios ‘simples’. Pero después está el otro bicho, no por su tamaño, que es el YPF, sino por la historia tiene detrás. El tema de YPF es tóxico, los US$16.100 millones es lo de menos”, argumenta Maril.
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Qué pasa con las acciones de YPF
El prontuario de YPF no solo pesa sobre el país. Para algunos analistas, el precio mismo de las acciones de la petrolera estatal argentina se han visto afectados por el control estatal ejercido sobre la empresa en el pasado.
De acuerdo al analista de renta variable de Galileo FCI Claudio Maulhardrt, al analizar las acciones de YPF no debe perderse de vista que el 51% de la compañía fue expropiada en el pasado. “Lamentablemente, eso le pesa a la acción, por más que hoy esté siendo manejada en gran proporción como una empresa privada”.
Después de la gestión de Mauricio Macri (2015-19), recordó el analista, “vino otro Gobierno, que empezó a usar el precio de la nafta como una herramienta antiinflacionaria; y eso te trae el recuerdo de que hay un riesgo ahí que otras empresas no tienen”.
Cabe destacar que los papeles de YPF, que hoy caen más de 2% a las 16:18hs de Buenos Aires, no han logrado superar con contundencia la marca de los US$38 en casi un año.
