Buenos Aires — El 28 de diciembre el presidente Javier Milei envió al Congreso un ambicioso proyecto de ley con 664 artículos que abordaban diversas temáticas desde la economía, reformas políticas, sociales, culturales y judiciales, entre otras. Este lunes, tras varias jornadas de debate y negociación en el Congreso, el oficialismo envió una nueva versión del texto eliminando 140 artículos y con varias modificaciones.
Entre los principales cambios incorporados, se sostuvo en el 0% las retenciones a las economías regionales, se redujo la delegación de facultades legislativas al Poder Ejecutivo, se modificó la fórmula jubilatoria y se incorporó una indexación inflacionaria, se modificaron los regímenes de pesca y de biocombustibles, se incorporaron cambios al capítulo de privatización de empresas con participación del Estado y se sumaron restricciones al blanqueo de capitales.
Además, se decidió postergar para el período de sesiones ordinarias, que comienza el próximo 1 de marzo, los debates de reforma electoral (eliminación de las PASO, secciones uninominales y régimen de partidos políticos), traspaso de la Justicia nacional a la Ciudad de Buenos Aires, juicio de jurados y los temas relacionados a la salud mental.
Con estos cambios, negociados principalmente con los bloques PRO, UCR, Hacemos Coalición Federal e Innovación Federal, el Gobierno aspira a que la Cámara de Diputados avance con la aprobación esta semana. El miércoles, Milei atravesará el primer paro nacional de la CGT durante su mandato.
Principales cambios a la Ley ómnibus
- La emergencia se limitó a las siguientes materias, excluyendo las áreas sociales y de defensa: económica, financiera, fiscal, previsional, de seguridad, de salud, tarifaria, energética y administrativa. Las delegaciones serán por un año con posibilidad de prorrogar por otro año con aprobación del Congreso.
- La fórmula propuesta para la movilidad jubilatoria consistirá en una actualización automática por inflación mensual en base al último dato de inflación disponible del INDEC.
- Se sostiene en el 0% el derecho a la exportación (retenciones) a las economías regionales, pero se sostiene el aumento al 33% de los subproductos de la soja y el 15% para los bienes industriales.
- Régimen de pesca: se modificó el artículo 7 (funciones de la autoridad de aplicación) y se eliminaron las derogaciones de los artículos 25 y 40 de la Ley N 24.922, con lo cual se mantiene la obligación de descargar en puerto y de contar con tripulación argentina.
- Biocombustibles: se extendió el régimen por 18 años como paso previo a un libre mercado. Durante ese plazo, se prohibirán las importaciones de biocombustibles, por lo cual las mezclas con combustibles fósiles sean producidas en instalaciones situadas en la República Argentina. Se previeron ciertas cláusulas que tienden a asegurar múltiples proveedores y equilibrar la participación de empresas grandes y PYMES.
- Privatizaciones: Se eliminó YPF del listado de empresas sujetas a privatizaciones. Mientras que para compañías como Nucleoeléctrica, Banco Nación y ARSAT, se estableció que el Estado solamente puede realizar una privatización parcial, debiendo mantener el control de la empresa.
- Gas y petróleo: la exportación de gas, petróleo y combustibles, estará ahora sujeta a la conformación que dicte el Poder Ejecutivo y sujeta a la no objeción de la Secretaría de Energía. Se mantienen facultades de las provincias. Y el comercio internacional estará sujeto a la seguridad interna (abastecimiento interno).
