Bloomberg — La policía boliviana ha realizado redadas durante toda la semana en las oficinas de la empresa estatal de gas natural YPFB, afirmando que está descubriendo tramas de corrupción multimillonarias que implican el contrabando de combustible subvencionado y contratos irregulares.
Las investigaciones ofrecen al nuevo presidente Rodrigo Paz una forma de limpiar la casa mientras se preparaba para abrir la empresa a la inversión extranjera con el fin de revertir el declive de la producción y pasar la importación y distribución de combustible al sector privado.
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El recientemente nombrado presidente de YPFB, Yussef Akly, estimó las pérdidas económicas del combustible subvencionado desviado, vendido a países vecinos o al mercado negro, en unos US$1.000 millones al año.
YPFB obtiene la mayor parte de sus ingresos del gas natural, pero también es responsable de la pequeña cantidad de petróleo que se produce en Bolivia y de la refinación y distribución del combustible.
El lunes, la policía y las fiscalías locales allanaron varias instalaciones de YPFB en al menos cuatro regiones, incautando documentos y deteniendo a funcionarios públicos. El martes se produjeron nuevos allanamientos en la agencia nacional de hidrocarburos de La Paz y en una planta de almacenamiento de YPFB en Santa Cruz, y el miércoles la policía confiscó documentos relacionados con contratos en instalaciones de Santa Cruz.
La administración de Paz, que asumió el cargo el mes pasado, anunció planes para reformar la ley de hidrocarburos con el fin de fomentar la inversión extranjera para reconstruir las reservas y trabajar con empresas privadas en la distribución de combustible a escala nacional, una tarea que actualmente monopoliza YPFB. Paz fue elegido con la promesa de reabrir Bolivia a los mercados mundiales tras dos décadas de política estatal fuertemente centralizada bajo gobiernos socialistas.
“Bolivia no tiene hoy los dólares ni la capacidad de inversión, y eso tiene que venir con buenos acuerdos y contratos”, dijo Paz en una reunión con trabajadores de YPFB en Santa Cruz el martes.
Bolivia disfrutó de un boom de exportación de gas natural en 2014 y 2015, pero la falta de inversión y de nuevas exploraciones hundió después la producción, desencadenando una escasez de combustible y de dólares. El país se convirtió en un importador neto de energía en 2022, y la actual administración ha advertido que se necesitarán importaciones de gas licuado de petróleo para 2028, presionando aún más los agotados flujos de caja.
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“La corrupción en YPFB ha sido fundamental en los últimos 20 años”, dijo Álvaro Ríos, exministro de Hidrocarburos que ahora es consultor internacional. Dijo que la investigación podría alcanzar a los más altos rangos dentro de la empresa, actores externos y responsables políticos que manejaron la firma durante los años de gobierno socialista. “No estamos hablando de microcorrupción sino de macrocorrupción”.
El gobierno también debería buscar concesiones con empresas privadas para operar activos inactivos como su planta de urea y las refinerías de petróleo, dijo Ríos, mientras continúa sus esfuerzos por reducir el exceso de personal y cerrar las unidades improductivas. “Si no hacemos algo con YPFB, la economía boliviana se verá arrastrada”.
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