Bloomberg — Mientras Brasil se prepara para recibir a decenas de miles de visitantes extranjeros en la cumbre climática COP30 en Belém, el país refuerza la seguridad para enfrentar dos problemas arraigados en la Amazonía: la explotación sexual de menores y el crimen organizado, que se expande desde los barrios marginales hasta los ríos y la selva.
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Belém, con cerca de 1,5 millones de habitantes, espera recibir a más de 50.000 asistentes de casi 200 países, incluidos jefes de Estado, funcionarios de gobierno, empresarios, activistas y académicos. Este flujo para el mayor evento climático del mundo pondrá a la ciudad en el centro de la atención global, pero también generará oportunidades para la actividad criminal, según Rodney da Silva, director de la Secretaría Nacional de Seguridad Pública.
Unos 10.000 agentes de seguridad estatales patrullarán la ciudad durante la COP30, según el gobierno del estado de Pará, cuya capital es Belém.
Para Brasil, la cumbre pondrá a prueba su capacidad de contener economías criminales profundamente enraizadas y, al mismo tiempo, proyectar una imagen de orden ante el mundo.
Belém fue clasificada como la décima ciudad más violenta del mundo en 2017 por la ONG Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública de México. Desde entonces, el crimen ha caído de forma significativa: 88% en los homicidios y 69% en los robos, según datos oficiales. El gobierno estatal atribuye la baja a medidas como el aumento de patrullajes, mayores esclarecimientos de delitos y quitar el control de las cárceles a las pandillas.
La región amazónica también registra las tasas más altas de violencia sexual contra niños en Brasil, según un estudio del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia y el Foro Brasileño de Seguridad Pública. En Pará hubo un promedio de 13 casos diarios en 2023.
“Pará tiene un historial muy negativo en materia de explotación infantil y adolescente”, dijo da Silva. “Estamos reforzando las acciones de prevención y combate desde ahora hasta el evento. Debemos preservar la imagen del país en el exterior.”
Las autoridades federales y locales han lanzado la operación especial Curupira-Mirim, llamada así en referencia a la mascota de la COP30, un espíritu guardián del bosque en el folclore brasileño; mirim significa “pequeño” en lengua tupí. Los agentes inspeccionarán hoteles, bares, restaurantes, burdeles y terminales de transporte. Los dueños de estos establecimientos tienen la obligación de prohibir la entrada a menores no acompañados, según la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Pará.
La operación también incluye las 42 islas de Belém, donde comunidades ribereñas pobres conviven con restaurantes palafíticos y playas frecuentadas por turistas.
Siguiendo las estrategias usadas en el Mundial 2014 y los Juegos Olímpicos de Río 2016, la seguridad de la COP30 será coordinada a través de un sistema integrado que unirá fuerzas federales, estatales y municipales.
Las autoridades están mapeando la actividad de bandas vinculadas a disputas territoriales, robos y narcotráfico. La vigilancia contra pandillas se extenderá más allá de las calles de la ciudad, con patrullajes aéreos y fluviales —particularmente en el río Guamá y en el aeropuerto internacional Val-de-Cans— reforzados por la Marina de Brasil y otras unidades federales.
Para proteger los cruceros donde se alojarán algunos asistentes de la COP, el buque de guerra activo más grande de América Latina permanecerá estacionado en el río durante toda la conferencia, acompañado de una nave de seguridad dedicada a respuestas rápidas, según un documento gubernamental al que tuvo acceso Bloomberg. Patrullas adicionales se concentrarán en las zonas cercanas a los barcos.
La explotación sexual y el crimen organizado en Pará tienen raíces en la profunda desigualdad socioeconómica, la pobreza y la marginación. El estado posee una de las mayores proporciones de población que vive por debajo de la línea de pobreza en Brasil.
Belém cuenta con más de 200 favelas y comunidades urbanas, lo que la convierte en la capital de estado con mayor proporción de habitantes en asentamientos precarios de Brasil.
Además de los esfuerzos de prevención del crimen, el gobierno se prepara para manejar grandes protestas en la COP30. La mayor, liderada por pueblos indígenas, se espera que reúna hasta 5.000 participantes.
Esto representa un contraste con las dos COP más recientes, celebradas en los autoritarios Azerbaiyán y Emiratos Árabes Unidos, donde se restringieron las manifestaciones públicas.
“Ahora la gente viene a un país donde las protestas son muy comunes”, dijo Ualame Machado, secretario de seguridad pública del estado de Pará. En Belém, agregó, “prácticamente no tenemos un día sin una.”
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