Bloomberg — El equipo económico del presidente Luiz Inácio Lula da Silva se está preparando para enviar al Congreso, a más tardar la próxima semana, una serie de propuestas destinadas a mostrar a los inversores cómo pretende su gobierno cumplir los objetivos fiscales en los próximos años, según fuentes conocedoras del asunto.
Las autoridades han estado debatiendo con los legisladores un paquete de medidas de restricción del gasto que podría suponer un ajuste de entre 50.000 y 60.000 millones de reales (US$10.700 millones) en 2027 en comparación con el presupuesto de este año, según indicó una de estas personas, que pidió no ser identificada debido al carácter privado de las conversaciones.
Las medidas están diseñadas para dar al gobierno más margen para congelar el gasto si los objetivos fiscales se ven en peligro, añadió dicha persona. Otra parte del paquete impediría que los ingresos extraordinarios aumentaran automáticamente el gasto mínimo en sanidad y educación exigido por la Constitución.
Ya se aplica desde hace años un mecanismo similar cuando el gobierno registra un déficit primario, y las autoridades están barajando la posibilidad de ampliarlo a los casos en que el gobierno registre un superávit, señaló dicha persona.
Según estas fuentes, los miembros del equipo económico del presidente han debatido las propuestas con los legisladores en los últimos días. Se ha aconsejado a Lula que actúe con rapidez para tranquilizar a los mercados financieros, después de que su sorprendente reelección inquietara a los inversores, que esperaban un cambio en la política económica bajo un nuevo gobierno.
El Ministerio de Hacienda no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios enviada fuera del horario laboral habitual.
La reelección de Lula frustró las esperanzas de los inversores de que un cambio en el liderazgo supusiera una mayor moderación en el gasto y ayudara al banco central a reducir la inflación hasta su objetivo del 3%. Este político de izquierdas, de 81 años, aumentó el gasto mediante una serie de medidas de estímulo durante su campaña, lo que avivó los temores de que la política fiscal pudiera seguir siendo laxa durante su nuevo mandato.
Según estas fuentes, también se ha aconsejado a Lula que anuncie rápidamente quién encabezará su equipo económico en la próxima administración. Su decisión de permitir que el equipo actual avance en las negociaciones sobre el paquete fiscal con el Congreso refuerza las expectativas de que pueda haber una continuidad significativa en la política económica y en el personal cuando comience su nuevo mandato el 5 de enero.
El debate surge mientras Lula y sus asesores sopesan con qué rapidez endurecer la política fiscal sin repetir lo que sus aliados consideran los errores de la expresidenta Dilma Rousseff, quien adoptó bruscamente medidas de austeridad tras ganar la reelección en 2014. El enfoque que se está debatiendo, en cambio, aboga por un ajuste gradual destinado a alcanzar un superávit presupuestario primario del 1,5% del producto interior bruto, excluidos los pagos de intereses, al final del próximo mandato de cuatro años de Lula.
Los inversores presionan para que se adopten medidas concretas, ya que el déficit presupuestario nominal de Brasil ronda el 10% del PIB y la deuda pública alcanza niveles récord. El deterioro de la confianza de los mercados desde las elecciones ha aumentado la presión sobre Lula para que demuestre que su próximo gobierno será capaz de estabilizar la trayectoria de la deuda, al tiempo que preserva las prioridades sociales y de inversión.
Alcanzar esos objetivos podría resultar más difícil si las condiciones económicas se deterioran. Los elevados precios del petróleo podrían complicar los esfuerzos por eliminar las subvenciones a los combustibles, que le cuestan al gobierno unos 15.000 millones de reales al mes, mientras que un crecimiento económico más lento podría lastrar los ingresos fiscales y dificultar el cumplimiento de los objetivos presupuestarios.
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