A dos semanas de la llegada de José Antonio Kast a La Moneda, los sondeos registran un deterioro en su nivel de respaldo. El escenario coincide con una agenda marcada por iniciativas legales y decisiones administrativas que se discuten en el Congreso bajo el supuesto de restricciones fiscales.
Entre esas medidas, la que generó mayor controversia fue el ajuste al Mecanismo de Estabilización de Precios de los Combustibles (Mepco), que implicará incrementos en los valores a partir de este jueves. El impacto esperado sobre los hogares y distintos sectores productivos aparece como uno de los factores detrás del retroceso en la aprobación presidencial.
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De acuerdo con la consultora Cadem, la aprobación de la gestión de Kast se ubica en 47%, frente a un 49% de desaprobación, según el relevamiento aplicado el martes 24 de marzo.
En paralelo, Panel Ciudadano-UDD sitúa el respaldo en 42%.
Según destaca un artículo publicado por el sitio web Emol, en ambos casos se observa una caída respecto de las primeras mediciones del gobierno: el 13 de marzo, Cadem registraba 57% de aprobación y 34% de rechazo, nivel que se mantuvo el 17 de marzo (57% y 36%, respectivamente) y que luego descendió el 20 de marzo a 51% de apoyo y 42% de desaprobación.
En la medición de Panel Ciudadano-UDD, el retroceso también es marcado: el mismo 13 de marzo el respaldo alcanzaba 59% y el rechazo era de 18%, lo que implica una disminución de 17 puntos en la aprobación desde el inicio de la administración. Este último estudio se realizó un día después de que se informara el alza en los combustibles.
Conocimiento de la medida
En relación con esa medida, el conocimiento es prácticamente generalizado: 97% de los encuestados por Cadem afirma estar al tanto. Al evaluar su pertinencia, 59% considera que el incremento podría haberse evitado mediante alternativas de subsidio, mientras que 39% lo atribuye a la imposibilidad de sostener el esquema vigente por la situación fiscal.
La lupa en la encuesta de Cadem
Esa percepción se vincula con la evaluación del estado de las cuentas públicas. Un 33% de los consultados por Cadem estima que el país enfrenta un escenario fiscal crítico; 43% cree que existen recursos suficientes, aunque más acotados; y 22% considera que hay escasez y que será necesario priorizar el gasto.
Respecto de la forma en que el Ejecutivo abordó el tema, las opiniones se distribuyen: 47% cree que se comunicaron con claridad las razones del alza; 45% valora la transparencia sobre la situación fiscal y otro 45% considera que hubo seriedad técnica. En tanto, 44% interpreta la decisión como difícil pero responsable, 42% entiende que se buscó resguardar al país en un contexto complejo y 28% percibe empatía por parte del gobierno.
Sobre los efectos, 55% cree que el impacto será transversal, mientras que 30% lo sitúa principalmente en la clase media. Las menciones a sectores específicos son menores: 3% taxis y colectivos, 1% camioneros y 1% empresas. A nivel personal, 85% anticipa un impacto “mucho o bastante” significativo, frente a 10% que prevé un efecto “algo” relevante y 4% que lo considera menor o inexistente.
Las respuestas también reflejan ajustes en el comportamiento de los hogares: 66% señala que reduciría otros gastos para afrontar el aumento, 61% anticipa dificultades económicas severas, 57% afirma que podría dejar de usar el automóvil para optar por transporte público y 48% plantea que dejaría de comprar kerosene para calefacción.
En cuanto a las expectativas, 54% proyecta que los precios seguirán subiendo, 28% que se mantendrán elevados pero estables, 11% que descenderán gradualmente y 5% que comenzarán a bajar en el corto plazo. Además, 94% cree que la situación de los combustibles impulsará el costo de vida, frente a un 4% que prevé un efecto acotado.
La lupa en el sondeo de Panel Ciudadano -UDD
El sondeo de Panel Ciudadano-UDD aporta otra dimensión sobre las causas del incremento: 54% lo atribuye al alza internacional del petróleo en el contexto de la guerra en Irán, mientras que 43% responsabiliza al gobierno y 3% no tiene una posición definida. En cuanto al conocimiento de las medidas oficiales para mitigar el impacto, 62% afirma estar informado y 38% dice no estarlo.
Las principales preocupaciones frente al aumento se concentran en el encarecimiento del transporte, alimentos y otros bienes (62%), seguido por el efecto sobre el presupuesto del hogar (27%), el impacto en quienes dependen del vehículo (7%) y el costo fiscal para el Estado (2%).
Finalmente, entre las iniciativas en discusión, las más valoradas son congelar las tarifas del transporte público (26%) y asignar recursos para contener su alza en regiones (26%). En contraste, la propuesta de otorgar un subsidio mensual de $100 mil a taxis y colectivos obtiene el menor nivel de apoyo, con 3%.
