Bloomberg Línea — Germán Umaña, asesor económico del candidato de izquierda Iván Cepeda y exministro de Comercio durante el Gobierno de Gustavo Petro, habló con Bloomberg Línea de los principales frentes económicos que enfrentaría una eventual segundo gobierno progresista.
Umaña dio luces de cómo ve la reforma tributaria que se necesita y que, según el actual Gobierno, debe salir a levantar COP$30 billones, el futuro de Ecopetrol y su gobierno corporativo, la relación con el Banco de la República y los planes de ajuste del gasto público.
El reto fiscal y la reforma tributaria
Umaña explicó que la propuesta del equipo de Cepeda no parte de anunciar medidas tributarias específicas, sino de convocar un proceso de diálogo nacional.
“Estamos proponiendo un acuerdo nacional para definir el camino, un pacto fiscal y productivo para retomar la senda de la sostenibilidad fiscal”, afirmó, y precisó que plantear de entrada “cuáles son las medidas exactamente” iría en contravía de ese propósito de acuerdo nacional.
Colombia terminará este año con un déficit fiscal alrededor del 6% del PIB, en las cuentas oficiales, pero que según analistas podría ser incluso del 7%.
Dentro de los ejes de ese pacto, mencionó “la lucha conjunta del país contra la macrocorrupción para recuperar ingresos de la nación”, recursos que, según dijo, “contribuirán a financiar el gasto social y la inversión pública”.
Colombia terminó 2025 con un crecimiento apenas por encima del 2% y fue precisamente el gasto público lo que impulsó la expansión del PIB, algo que diversos analistas han calificado como insostenible.
Pero la necesidad de recursos hace que las medidas deban ir más allá, por eso Umaña agrega a esto la propuesta de “eliminar del Estatuto Tributario exenciones ilegítimas”, que definió como aquellas “hechas para unas determinadas personas que no tienen que ver con un pacto para toda la sociedad” y que, en su criterio, “impiden lograr el principio constitucional de la progresividad”.
Aunque no entró en detalles de cuáles sectores sacrificarían sus beneficios fiscales, hay que tener presente que una de las mayores críticas que se le hace a Colombia desde el exterior es la falta de estabilidad jurídica y el continuo cambio de las reglas tributarias que impiden planificar proyectos de largo plazo.
Sobre los sectores beneficiados con esas exenciones, Umaña fue cauteloso en dar nombres puntuales: “Hay exenciones a ciertos sectores productivos, empresas particularmente que tienen que ver con lobbies empresariales, identificadas en muchos de los estudios que se han hecho”.
Advirtió, sin embargo, que entrar en casos particulares en esta etapa “pierde el debate y el acuerdo que tenemos que hacer”, y subrayó la importancia de que, en el trámite de cualquier reforma tributaria, “los lobbistas no se vuelvan más importantes que los congresistas”.
El próximo 20 de julio tomará posesión el nuevo congreso elegido el 8 de marzo. Ni Cepeda ni el candidato derechista Aberlardo De la Espriella legarían el 7 de agosto con la fuerza necesaria en el Legislativo para sacar adelante sus proyectos. De ahí que la negociación con sectores neutrales y de oposición será clave en cualquiera de los dos escenarios.
Respecto al sector financiero, que hoy tributa al 35% con una tarifa adicional del 5% bajo ciertas condiciones, el asesor de Cepeda señaló que la campaña sostuvo “un diálogo muy importante con Asobancaria” y que la discusión no se centra en si se debe gravar más al sistema financiero como tal, sino en cómo tributan quienes reciben sus utilidades.
“Cuando uno ve cómo tributa el sistema financiero, creo que están en los niveles que aproximadamente deben existir, es posible que puedan ser un poquito más”, dijo, pero “cuando uno ve cómo tributan los que reciben las utilidades de ese sistema financiero, sí parecen bajos, y así lo dice la OCDE”.
Aclaró que la discusión no apunta a gravar los dividendos de un sector en particular, sino a equilibrar progresivamente la tributación de quienes reciben dividendos en general, e insistió en que el compromiso del programa es que “no haya más impuestos” para las clases medias.
Sobre el catastro multipropósito, indicó que aumentaron los avalúos, pero no los pagos de forma representativa, y que lo que se ha mejorado hasta ahora es el sistema de avalúo catastral, no el de cobros catastrales, lo que anticipa una transición hacia nuevos ajustes en esa materia.
Línea roja petrolera
Sobre el sector de hidrocarburos, Umaña fue enfático en marcar lo que llamó la única línea roja del programa: “Continuaremos con la transición energética y nuestra propuesta es una transición energética justa, que deberá asegurar la soberanía energética. Ecopetrol se convertirá en una empresa multienergética nuestra única línea roja es el no al fracking”.
Esa es una de las más grandes diferencias programáticas entre Cepeda y el outsider De la Espriella. El fracking para la campaña del penalista es un sí rotundo. Para su ejecución, asegura, se usarán las técnicas más desarrolladas en países como Estados Unidos, que a partir de fracturación hidráulica han logrado garantizar su soberanía energética e incrementar sustancialmente los niveles de producción.
Consultado puntualmente sobre si esa posición implicaría retomar la idea de que Ecopetrol venda su participación en el Permian, en Estados Unidos, para cumplir con su premisa de no fracking, Umaña precisó los términos: “Lo que estamos diciendo es que no vamos a tener producción de fracking en Colombia”.
En ese sentido, evitó comprometerse con si el no al frácking concluirá en una venta de la participación colombiana en el Permian, y afirmó que esa política de rechazo al fracking sólo aplicará en el territorio nacional.
En cuanto a los impuestos al sector de hidrocarburos, explicó que el tema atraviesa un análisis pendiente derivado de lo ocurrido con la Corte Constitucional, que declaró inconstitucional parte de la reforma tributaria de 2022 en esta materia, además del comportamiento de precios y de los impuestos vigentes en el sector.
Dijo que ese análisis se discutirá dentro del pacto nacional que convocarían “el día que ganemos”.
Sobre el gobierno corporativo de la petrolera, uno de los puntos más cuestionados durante el actual Gobierno, Umaña afirmó que “se respetarán los principios constitucionales de la propiedad privada, la función social y la separación de poderes”, y descartó tanto la estatización de la economía como la expropiación.
Dijo que la prioridad será “nombrar a los mejores” en las juntas directivas, que estas mantendrán “la independencia que tienen los gobiernos corporativos para tomar las decisiones más sanas”.
Durante el cuatrienio de Gustavo Petro se ha cuestionado la injerencia constante del mandatario en las decisiones administrativas de la empresa, como por ejemplo la decisión de salir de los activos de CrownRock, hecho que desencadenó la renuncia de 2 miembros de la Junta Directiva que se opusieron a dicha medida.
Preguntado directamente por el futuro de Ricardo Roa al frente de la petrolera, evitó pronunciarse sobre su caso particular y diferenció entre el Gobierno de Petro y uno eventual de Cepeda: “Lo que está pasando en Ecopetrol deberá ser evaluado con seriedad y yo no sé qué está pensando el candidato Cepeda al respecto, pero presiento que en eso no habrá continuidad”.
Aclaró, sin embargo, que esa es una apreciación personal y que el candidato no se lo ha manifestado directamente.
¿Seguirá la hostilidad con el BanRep?
Sobre la relación con el Banco de la República, otro de los puntos de tensión durante el actual Gobierno, Umaña defendió la independencia de la entidad.
Insistió en que no existe una propuesta de financiar el gasto público con emisión monetaria, una afirmación que, según dijo, fue atribuida erróneamente al candidato Cepeda y corregida posteriormente por el propio periodista que la reportó.
Lo que sí plantean, señaló, es “una mejor articulación entre la política fiscal, monetaria y productiva”, bajo el argumento de que “no puede ser que esté cada uno por su lado como si fueran países independientes”.
Los hacedores de política monetaria han enfatizado en que mientras los gobiernos piensan en dar resultados en periodos cortos (4 años), la Junta del banco central piensa en garantizar la capacidad del poder adquisitivo del peso colombiano en el mediano y largo plazo.
Sobre la meta de inflación del 3%, vigente desde hace más de dos décadas y que el actual ministro de Hacienda ha planteado revisar al alza, Umaña indicó que el objetivo del programa es que esa meta se cumpla, aunque reconoció que factores externos —como conflictos internacionales o el comportamiento de precios de insumos como los fertilizantes— pueden dificultar su cumplimiento en un año determinado.
Fue claro en señalar que la meta de inflación “la fija la Junta Directiva del Banco de la República” y no el Gobierno, y que, “por ahora”, no plantean modificarla a un nivel superior.
Respecto a la composición futura de esa Junta Directiva, rechazó la idea de que los codirectores designados por un gobierno actúen como aliados políticos: “Se respetarán los principios constitucionales y legales. El codirector del banco tiene una responsabilidad con la Junta Directiva y una independencia en la Junta Directiva”, insistiendo en que estos son “constitucionalmente independientes” sin importar quién los haya nombrado.
César Giraldo y Laura Moisá fueron nombrados en el Emisor por el presidente Petro y son los únicos que han respaldado, en mayor o menor medida, las posturas monetarias del ministro Ávila en la Junta del banco central.
Le sobran contratistas al Estado
En materia de ajuste fiscal, Umaña anunció que en los primeros 100 días de un eventual Gobierno Cepeda se haría “la revisión exhaustiva del gasto público” y se implementaría “un programa de austeridad republicano”, que describió como “eficiencia del Estado con bisturí, más no recorte con motosierra”.
Consultado sobre si ese ajuste implicaría sacrificar empleos creados durante el actual Gobierno —uno de los principales generadores de puestos de trabajo del cuatrienio—, el asesor matizó el alcance de la medida.
Explicó que el criterio no sería el de “cerrar entidades” de manera generalizada, sino identificar puntualmente, sobre todo entre las órdenes de prestación de servicios, “aquellos puestos que se crearon y que no son necesarios” o que “no corresponden a la realidad de la necesidad de la función pública”.
Dijo que los puestos identificados en esas condiciones “tendrán que ser racionalizados”.
Sostuvo además que el ajuste comenzaría por “la austeridad en los cargos del Estado más altos, en los cargos del gobierno más altos”, desde el primer día de gobierno, aunque advirtió que el margen real de maniobra es limitado, pues sólo alrededor del 10% del gasto público tiene algún grado de flexibilidad frente al resto, que está comprometido de manera estructural.
