Bloomberg — Colombia está preparando una normativa para trasladar miles de millones de dólares en ahorros de pensiones privadas a su sistema público de jubilación, una medida que podría ayudar a aliviar un déficit de financiación que se está sumando a las tensiones fiscales de la nación.
El gobierno publicó el martes por la noche un borrador de decreto que obligaría a las gestoras de fondos de pensiones a transferir los ahorros de algunos trabajadores que pretendían trasladar sus ahorros al sistema público en virtud de una ley de reforma de 2024.
Asofondos, la asociación que representa a las administradoras privadas de fondos de pensiones, advirtió que la medida podría trasladar hasta COP$25 billones de pesos (US$6.700 millones) a la administradora pública de pensiones, Colpensiones, liberando potencialmente recursos para que el gobierno los utilice con otros fines.
“El gobierno puede recibir este dinero para gastos adicionales en un momento en que el déficit supera el 7% y la deuda se acerca al 65% del PIB”, dijo David Cubides, economista jefe del Banco de Occidente. “Este decreto y las emergencias económicas evidencian una situación fiscal muy compleja para el gobierno, que está buscando recursos de diferentes fuentes”.
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Según el proyecto de decreto, los fondos de pensiones tendrían hasta 15 días hábiles para transferir los recursos una vez que se publique formalmente la norma. La mayor parte de los ahorros de los trabajadores próximos a jubilarse se invierten en carteras conservadoras, asignadas en su mayor parte en bonos de gobiernos locales conocidos como TES.
Los rendimientos de los bonos denominados en pesos con vencimiento en 2036 cerraron el martes en el 13,55%, el nivel más alto en casi tres años.
Tensiones fiscales
Colombia se enfrenta a importantes tensiones fiscales impulsadas por el aumento del gasto y unos ingresos inferiores a los previstos, con los inversores a la espera de un nuevo plan financiero del gobierno del presidente Gustavo Petro que se espera actualice las previsiones económicas y las fuentes de financiación de un déficit presupuestario de casi el 7% del PIB.
El decreto sobre el fondo de pensiones busca aliviar las presiones de liquidez del gobierno en un contexto en el que el Ministerio de Hacienda ha optado por priorizar la liquidez en dólares para hacer frente a los pagos de deuda a corto plazo, Munir Jalil, economista jefe de Andes en BTG Pactual.
“Este cambio ha empujado al Gobierno a buscar financiación en una amplia gama de fuentes, incluidas las transferencias de los fondos de pensiones”, dijo Jalil.
La reforma de las pensiones se encuentra actualmente suspendida y bajo revisión del Tribunal Constitucional. Las transferencias de trabajadores entre el sistema privado y el público siguen vigentes hasta mediados de 2026. Sin embargo, la transferencia del stock acumulado de ahorros está actualmente en suspenso.
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Sumándose a las preocupaciones de los inversores, el gabinete de Petro ha impuesto un impuesto sobre el patrimonio empresarial del 0,5% a las empresas con un capital superior a 10.500 millones de pesos para ayudar a hacer frente a la emergencia económica causada por las fuertes lluvias e inundaciones a lo largo de la costa caribeña. Para las empresas de los sectores financiero y de combustibles fósiles, el tipo impositivo aumentará al 1,6%.
Colombia celebrará elecciones presidenciales el 31 de mayo, con una posible segunda vuelta tres semanas después. El senador Iván Cepeda, aliado de Petro, y el abogado conservador Abelardo de la Espriella encabezan las encuestas.
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